El Congreso de Nicaragua, de mayoría oficialista, autorizó este martes al gobierno de Daniel Ortega a crear cuatro empresas estatales para la importación, comercialización, almacenamiento, transporte de gas y combustible, así como explorar y explotar posibles yacimientos de petróleo, informaron fuentes oficiales
Se trata de empresas descentralizadas del Estado con autonomía financiera y administrativa «que se van a dedicar de manera particular a los diferentes segmentos del negocio de los hidrocarburos», afirmó el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, en declaraciones publicadas en la web del Legislativo.
El jefe de la bancada oficialista, Edwin Castro, dijo que el Estado está interesado en este mercado porque «hay una empresa que está explorando en el Pacífico de Nicaragua, que si no halla petróleo, al menos encontrará gas», y eso, explicó, requerirá la existencia de compañías especializadas.
El diputado se refirió a los cuatro contratos de exploración y explotación de hidrocarburos que el gobierno firmó en 2015 con Estatoil de Noruega, en los que se estipuló que el Estado nicaragüense tiene derecho al 15% de las acciones del proyecto, según información publicada ese año en la web oficial.
En 2018, Nicaragua abrió una nueva licitación de exploracion petrolera en el Pacífico.
El gobierno asegura que tiene capacidades de almacenamiento de hidrocarburos desarrolladas en el Pacífico y en el Caribe para atender las necesidades de comercialización, distribución y transporte a través de las nuevas empresas.
En esa dirección, el Legislativo aprobó este martes con carácter de urgencia la creación de la Empresa Nicaragüense del Gas (ENIGAS) y la Empresa Nicaragüense de Planteles de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos (ENIPLANH).
También autorizó al gobierno a conformar la Empresa Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (ENIH) y la Empresa Nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos (ENICOM).
Los directores de las cuatro compañías serán nombrados por el presidente, estarán libres de todo tipo de tributos, sus bienes serán inembargables y estarán bajo la jurisdicción del Ministerio de Energía y Minas (MEN).
Los opositores sospechan que el gobierno busca con esta iniciativa esquivar las sanciones que impuso Estados Unidos en diciembre pasado a la Distribuidora Nicaragüense Petróleos (DNP), que controlaba gran parte del negocio de hidrocarburos en el país.
«Las sanciones han ocasionado este movimiento», comentó la diputada liberal de oposición Azucena Castillo a periodistas.