La municipalidad capitalina empezó a entregar, desde el Miércoles Santo, el denominado Bono al Comercio Popular, destinado a los trabajadores de la economía informal; hasta el momento se han llevado a cabo 2 mil 598 transferencias de Q1,000.
El Gobierno de Guatemala destinó al Ministerio de Desarrollo (MIDES) para ser el encargado de este proyecto que cuenta con Q2.59 millones; Q200 millones para los vendedores que se han registrado en las municipalidades.
Hasta el momento, solo la comuna central ha podido entregar el bono, cuyos favorecidos recibieron un mensaje de texto a su celular con un código para realizar el retiro del dinero en un cajero automático y una llamada del MIDES para asegurar la transacción.
El Mides asegura que están a la espera de recibir el nombre de los otros beneficiarios, pero según Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), los listados de las otras comunas fueron devueltos porque la cartera solicitó agregar nuevos datos de los que se pidieron desde el inicio, “esta es la segunda ocasión que sucede, mientras que a la comuna de Guatemala se le aceptó la solicitud desde el comienzo, ya que fueron los primeros en ser notificados acerca de la modalidad para efectuar el listado”, remarca.
Contras del programa
De acuerdo con Rony Linares, consultor y especialista en municipalidades, la falta de un reglamento oficial para determinar los criterios de selección de los beneficiarios provoca cuestionamientos a los jefes ediles, en especial por los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE), quienes los acusan de solicitarles pagos de boleto de ornato o solvencias municipales para ser inscritos.
El politólogo Renzo Rosal detalla la peligrosidad de convertir el programa en una práctica de clientelismo, porque cada municipalidad utiliza criterios propios para entregar el bono. Además, el mecanismo de entrega está lleno de áreas de vulnerabilidad, ya que expone a los beneficiarios a ser extorsionados, provoca aglomeraciones, pero lo más lamentable es que el dinero no está siendo enviado a quien verdaderamente lo necesita.