La Corte de Constitucionalidad (CC) continúa sin llegar a acuerdos para conocer la solicitud del magistrado Neftaly Aldana Herrera de cesarlo de ese cargo por padecer quebrantos de salud.
Ante ello, la organización Movimiento Pro Justicia (MPJ) emitió un pronunciamiento, en el cual aseguran que el máximo tribunal constitucional afronta una crisis política como consecuencia de que su integración ha quedado “en situación precaria”.
“Aunque la participación efectiva de tres magistrados titulares y cuatro suplentes no supone una desintegración del alto tribunal, diversos grupos y actores están utilizando el presunto problema numérico para minar el funcionamiento de la CC. Al mismo tiempo se han desatado acciones para despojar de su magistratura a Neftaly Aldana, designado titular por la Corte Suprema de Justicia en 2016, argumentando que su incapacidad por enfermedad justifica cesarlo en el cargo”, señalan.
De acuerdo con el MPJ, la magistrada Dina Ochoa, vinculada a personas y grupos políticos implicados en procesos de cooperación de la justicia y del Estado, “están encabezando acciones y estrategias que conducen al incumplimiento de deberes, a la paralización deliberada del este alto tribunal, a generar incertidumbre respecto de sus resoluciones y a pugnar por una nueva correlación de fuerzas políticas dentro y fuera de la CC”.
Para esa organización, la togada cuenta con el concurso de sus colegas Henry Comte y María de los Ángeles Araujo.
“Al alegar que la CC está desintegrada, y al promover la cesantía apresurada de su colega Aldana como condición para participar en el pleno de la corte, los magistrados Comte y Araujo están paralizando la justicia constitucional, propician que las garantías constitucionales queden vulnerables y que los controles constitucionales sean anulados, derivando esto en la anulación de condiciones para proteger los derechos y las libertades de la población guatemalteca”, afirma el MPJ.
Según con esa organización, los tres magistrados antes mencionados “son responsables de un riesgoso escenario en materia de derechos humanos, y de crear una situación que atenta contra el orden constitucional”.
Por último, el MPJ condena la actitud ilegal, inconstitucional y amoral de los magistrados Dina Ochoa, Henry Comte y María Araujo.
Le puede interesar:
Congreso se une a presiones
Este martes, el Congreso de la República, que aún no llega acuerdos para la elección de magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones, consideró que la CC está desintegrada y que está imposibilitada de continuar con su mandato constitucional.
“Ínsito a la magistrada Gloria Porras, presidenta este año del tribunal, que deje de lado sus intereses personales para que no afecten la institucionalidad, declare la cesantía de Aldana y notifique a la Suprema –CSJ- para que nombre magistrados”, indicó el diputado Allan Rodríguez, presidente del Organismo Legislativo.
A la presiones también se ha unido el presidente Alejandro Giammattei, quien en declaraciones a la prensa ha expresado que existe un “vacío constitucional” y que la CC está desintegrada.
Caso contrario a la del vicepresidente Guillermo Castillo, quien en su cuenta personal de Twitter escribió la situación del magistrado Neftaly Aldana debe resolverse “y estoy seguro que la Corte de Constitucionalidad lo atenderá en el marco de la ley. No obstante, la CC no está desintegrada pues tiene a los magistrados suficientes que van a analizar su expediente”.