Intentan armar un caso para mantener el acoso judicial contra el medio y el periodista
Se ha denunciado internacionalmente. elPeriódico es víctima de acoso judicial por parte de la alianza oficialista, y el Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras, ha entrado en acción para armar un caso contra el medio, e intentar implicar al periodista José Rubén Zamora en un hecho ilegal, de acuerdo con la denuncia pública publicada este día.
Zamora hizo una denuncia pública hoy, según la cual, la Fiscalía de Delitos Administrativos está «fabricando» un caso sin fundamento para iniciar una persecución penal en su contra y del medio, por lo que califica un capricho del presidente Alejandro Giammattei, al que responde la fiscal general, Consuelo Porras, al abrir dicha investigación espuria.
Zamora indica que el «pretexto» es la publicación de un suplemento publicado por el diario y pagado por el IGSS, hace casi una década, un práctica común en muchos periódicos de Guatemala y el resto del mundo. En realidad, se trata de una práctica publicitaria entre medios y anunciantes.
Ese mismo caso fue utilizado durante el gobierno del Partido Patriota, y la Contraloría General de Ceuntas respondió que no hubo anomalías en la publicación de dicho suplemento. También el MP de aquella época hizo una investigación y llegó a la conclusión de que no había causa a seguir.
elPeriódico y Zamora se han convertido en el medio independiente con la mayor cantidad de denuncia sobre corrupción, casos de narcotráfico, impunidad y abuso de poder, por lo que en círculos de la llamada alianza oficialista, sele considera un enemigo.
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Ese diario fue el que destapó, la Trama Rusa –soborno al presidente por parte de una empresa rusa–, que fue el detonante para que la fiscal general Consuelo Porras procediera a destituir al fiscal Juan Francisco Sandoval (Feci), y detener así esa y otras investigaciones sobre casos de corrupción de la actual administración presidencial y de las anteriores.
La respuesta de Porras.
El Ministerio Público respondió este día a la denuncia de Zamora –que se hizo en la portada de elPeriódico– y en un comunicado emitido reconocen que se ha abierto la investigación mencionada, por publicaciones que datan del año 2013, y advierte que «nadie es superior a la ley» y que se trata de «atender toda denuncia», aunque asegura que el trabajo se hace con «objetividad, imparcialidad y en apego al principio de legalidad».
Porras y el MP exhortan a Zamora a que «ejerza su derecho de defensa a través de los mecanismos legalmente establecidos en el ordenamiento jurídico guatemaltreco.
Entre las muchas denuncias de Zamora y de periodistas independientes, se ha demostrado que el poder político guatemalteco controla a jueces y magistrados, lo que hace poco probable o imposible defenderse en el sistema legal de Guatemala en estos momentos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros organismos que defienden la libertad de prensa a nivel internacional, así como la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), se han pronunciado en contra del acoso judicial a los medios de prensa, por considerar que se trata de un atentado a la libertad de expresión y pretende coartar el derecho a informar y ser informado.
Entre lo que se ha señalado en varios medios –incluyendo Crónica–, se destaca la forma en que el MP y el resto de instituciones del sector justicia, han sido cooptadas por el poder político de la alianza oficialista. Esa alianza ha logrado el control absoluto de la justicia, que ahora se utiliza para reprimir.
La postura de Zamora
En declaraciones este día a Crónica, Zamora dice estar «muy tranquilo» desde el punto de vista ético y profesional, aunque sabe que la intención del MP y Porras, es la intimidación». Felicita a la fiscal por decir que el CASO ESTA ABIERTO A LAS PARTES, pero pide que se abra no solo para los supuestamente implicados, sino que sería mejor «ventilarlo de manera abierta ante todos los guatemaltecos, pues no tenemos nada que esconder».
La fiscal general Consuelo Porras, ha sido señalada por el gobierno de los Estados Unidos como «corrupta y antidemocrática», al momento de ser incluida en la Lista Engel por considerar que su actitud al frente del MP ha servido para obstruir a la justicia en vez de promoverla.