El Ministerio Público emitió un comunicado este 9 de diciembre, por la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.
El ente investigador resalta la creación de la Secretaría contra la Corrupción, responsable de “articular las acciones institucionales para la aplicación de normativa en materia de lucha contra la corrupción, impulsar los procesos dentro de la gestión fiscal, técnica y administrativa que faciliten la aplicación de la normativa nacional e internacional sobre el fenómeno de la corrupción, el buen gobierno y fomento del respeto a los principios de la debida gestión, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley”.
Además, señala que el Estado de Guatemala ha suscrito diversos instrumentos internacionales para garantizar los derechos de la población y para luchar contra la corrupción, entre ellos, la Convención Interamericana contra la Corrupción.
De igual forma, se incorporó a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac) y Guatemala fue electa como presidente de la conferencia de los Estados parte de esta entidad entre 2018 y 2019.
Acciones internas
En el comunicado se informó que la fiscal general reafirmó su compromiso en la lucha contra la corrupción e impunidad con la creación de la Secretaría contra la Corrupción del Ministerio Público.
“Esta dependencia se encarga de articular las acciones institucionales para la aplicación de la normativa en materia de lucha contra la corrupción, impulsar los procesos dentro de la gestión fiscal, técnica y administrativa que faciliten la aplicación de la normativa nacional e internacional”, destacó el MP.
De igual forma, mencionó que se alcanzó un logro histórico de garantizar la presencia del ente investigador en todo el país a través de las Agencias Fiscales en Municipios.
Y que se renovó el convenio para la Buena Gobernanza y se mantienen las acciones en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción.
También el MP indicó que para combatir la corrupción de manera interna se implementaron mecanismos de contratación de personal que garantizan la transparencia y que las personas contratadas sean probas e idóneas.