La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público ha ratificado la solicitud de antejuicio presentada el 6 de enero de 2016, en contra del diputado, Edgar Ovalle por su presunta participación en el caso Creompaz.
La Fiscal encargada del proceso, Hilda Pineda, se presentó ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente y ante la jueza pesquisidora, Benicia Contreras Calderón, corroboró la solicitud para que se continúen con las investigaciones legales contra el Parlamentario. Durante el conflicto armado interno, Ovalle Maldonado desempeñó un puesto de rango militar durante el año 1983.
En los años 2012 a 2015, la Fundación de Antropología Forense, realizó 14 exhumaciones, que dieron como resultado la ubicación de 558 osamentas humanas, entre ellos 90 menores de edad, 443 adultos, tres adultos de la tercera edad, 22 sin determinar.
Los restos fueron localizados el interior del antiguo recinto Militar número 21, del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (CREOMPAZ), en Alta Verapaz, conocido anteriormente como “Antonio José de Irrizari”. Los informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinan que, de las 558 víctimas, solo 97 personas fueron identificadas por medio de ADN
La Fiscalía detalla que al realizar un análisis de los hechos que fueron denunciados se puede determinar que existe la posibilidad de un hecho punible y de motivos racionales suficientes para considerar que el parlamentario, pudo participar en hechos constitutivos de desaparición forzada y de delitos contra los deberes de humanidad.
La Fiscalía cuenta, –como medios de prueba–, con peritaje de contexto histórico, político y social, peritaje Militar, peritaje de antropología forense, peritaje de identificación genética y declaraciones testimoniales que refieren que las desapariciones fueron forzadas y ejecutadas por elementos del Ejército de Guatemala zona militar 21.