En conferencia de prensa, integrantes de la Fiscalía contra la Corrupción presentaron un nuevo caso de corrupción denominado “Bufete Abogados VIP”, en el cual se detalla cómo un grupo de profesionales del derecho buscaban contactar a exfuncionarios para brindar asesoría jurídica, y así, resolver denuncias que esa unidad de investigación conocía.
De acuerdo con la Fiscalía, la forma de operar de esa estructura era acercarse a las potenciales víctimas, enviarles correos electrónicos en los cuales se ofrecían los supuestos servicios.
Asimismo, colocaban los números de telefónicos para proceder a acordar reuniones presenciales, en las cuales, las personas sindicadas les manifestaban a los exfuncionarios y empleados públicos que tenían graves problemas legales, “llegando al extremo de amedrentarlos al indicarles inclusive, que se habrían girado órdenes de captura en su contra”, indica el MP.
Stuardo Campo, titular de la Fiscalía contra la Corrupción, aseguró que una mujer se hizo pasar por asesora del presidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez, quien se habría comunicado a la unidad a su cargo para solicitar la desestimación de una denuncia a favor de un funcionario público.
Por motivos de que la investigación se encuentra en curso, el fiscal omitió el nombre del funcionario relacionado.
Además, Campo afirmó que otra de las modalidades de la estructura era hacer llamadas a la Fiscalía, a través de las cuales se amenazaba e intimidaba a auxiliares fiscales para que desestimaran determinadas denuncias.
El investigador no descartó que ese grupo de abogados pudo haber entregado sobornos para anular órdenes de captura.
Sindicados
Los sindicados hasta este momento son: Rommel Francisco González Pinto y Nancy Noemí Aquino Montenegro, a quienes se le señala de los delitos de tráfico de influencias, coacción y usurpación de funciones.