Este martes 30 de marzo se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de los dos campesinos señalados de haber extraído 96 pacayas del Parque Nacional Las Victorias, en Alta Verapaz.
La audiencia se realizó en el Juzgado de Primera Instancia de Cobán, en donde la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público solicitó que los capturados fueran beneficiados con una medida desjudicializadora de criterio de oportunidad.
Los sindicados son Óscar Sun y Manuel Pop, quienes son acusados de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación.
Los hechos
Sun y Pop fueron detenidos el fin de semana pasado cuando transportaban 96 pacayas extraídas del Parque Nacional Las Victorias, en Cobán, Alta Verapaz.
Los agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron quienes capturaron a los dos hombres de 38 y 61 años.
El comisario Édgar de La Cruz, jefe de Diprona, señaló que la detención se hizo bajo requerimiento del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
A través de un comunicado, el Conap aseguró que la captura de los dos hombres se realizó cumpliendo con lo establecido en el artículo No. 4 de la Ley de Áreas Protegidas: Coordinación estrecha vinculación con otras entidades del estado para la protección de los recursos naturales» y el artículo No. 21 del Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas: Control y vigilancia «control, vigilancia y protección de las áreas protegidas.
“El CONAP como ente rector de la conservación de las áreas protegidas y la diversidad biológica del país, su principal función es resguardar los recursos naturales, cumpliendo la normativa de acuerdo a cada categoría de manejo de las áreas protegidas, asimismo, brinda asesoría y acompañamiento a requerimiento de los entes de justicia, como el Ministerio Público, en los casos de decomisos, para la identificación de especies de flora y fauna silvestre, tal como lo estipula la Ley”, se lee en el documento.
Por este delito, lo acusados pudieron enfrentar una condena de entre 5 y 10 años de prisión y una multa de Q10 mil a Q20 mil.