A través de un comunicado, el Ministerio Público (MP) informa que la Fiscalía contra la Corrupción habría requerido varias órdenes de captura por un caso de corrupción en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), entre ellas, en contra del exrector Estuardo Gálvez.
Según con el documento, el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente habría citado a primera declaración indagatoria a funcionarios y exfuncionarios de la USAC, pese a que la Fiscalía había solicitado que se ejecutaran las aprehensiones.
Antecedentes del caso
El MP indica que las personas sindicadas intervinieron dentro del evento de licitación Pública Nacional Número D.S.G 002-2013 correspondiente al Proyecto denominado Construcción de un Edificio para Clínicas, Laboratorios y Aulas puras, para las escuelas de Medicina y Odontología del centro universitario de Occidente (Cunoc) en la ciudad de Quetzaltenango.
“Esa casa de estudios utilizando artificios para defraudar al estado al haber adjudicado de forma fraudulenta la construcción de la obra pública a la entidad mercantil Compañía Constructora de Obras Civiles, S.A. (COCISA) por un valor de Q64 millones 120 mil 730.37, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo anterior pese a que la propuesta presentada por dicha compañía, constructora, debido ser inmediatamente rechazada sin responsabilidad de parte de la junta de licitación, en atención a la existencia de evidentes errores aritméticos en la oferta entregada, especialmente en la integración de precios en el programa cronológico de inversión y ejecución, así como en sus respectivos anexos”, señala el documento.
Las ilegalidades en que cayeron los funcionarios y exfuncionarios de la USAC, según el ente investigador, fue que no se aprobaron las bases de licitación por parte del Consejo Superior Universitarios, ni tampoco por parte del rector.
Además, los integrantes de la Junta de Licitación Pública Nacional fueron seleccionados y designados entre personas allegadas al exrector –Estuardo Gálvez-.
“La Junta de Licitación adjudicó el evento a COCISA a pesar que la licitación definitiva publicada en el portal de Guatecompras prohibían expresamente la realización de correcciones matemáticas, estableciendo que tal situación constituía motivo de descalificación inmediata”, señala el MP.
Asimismo, explica que la Junta de Licitación favoreció a COCISA concediéndole la oportunidad de continuar dentro de la licitación pública pese a que en su momento su oferta debió ser descalificada ante el incumplimiento de requisitos fundamentales.
“Carlos Estuardo Gálvez Barrios omitió someter a la consideración el Consejo Superior Universitario la aplicación de las bases de la licitación”, afirma.
Añade que la USAC entregó a COCISA la suma de Q11 millones 459 mil 19.42 sin que la referida entidad mercantil hubiese realizado los trabajos programadas mientras estuvo vigente la relación contractual, “ocasionándose un grave perjuicio al patrimonio público”.
“El proyecto fue suspendido en definitiva por parte del Consejo Superior Universitario en el año 2015, ante recomendación emitida por parte de la Contraloría General de Cuentas, sin que hasta la presente fecha, la USAC haya recuperado el monto de anticipo entregado a COCISA”, puntualiza el comunicado.
Las personas involucradas en el caso son las siguientes:
Carlos Estuardo Gálvez Barrios, señalado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
Henry Manuel Arriaga Contreras, por fraude
Rolando Grajeda Tobar, por fraude
Álvaro Amílcar Flagar Portillo, por Fraude
Manfredo Chavarría Linares, por Fraude
Rafael Ángel Díaz Fión, gerente de proyectos y representante legal de COCISA, por el delito de fraude.
Gálvez en Tribunales
Gálvez Barrios, junto al actual rector de la USAC, Murphy Paiz, comparecieron este 10 de marzo ante la juez Erika Aifán, encargada del Juzgado de Mayor Riesgo D, en el inicio de la audiencia de primera declaración del caso Comisiones Paralelas 2020 por el cual fueron detenidos.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) sindicó a los dos detenidos por los delitos de tráfico de influencias, violación a la constitución y asociación ilícita.
Tanto Paiz y Gálvez fueron capturados a las puertas de momentos cruciales de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026. Paiz presidía el Consejo Superior Universitario para elegir magistrados titular y suplente y Gálvez era aspirante en segunda vuelta de la elección del Colegio de Abogados para magistrado titular de ese tribunal.
Sin embargo, ambos fueron capturados por ser supuestamente parte de una estructura que definió a aspirantes a magistrados de salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Paiz, desde la comisión de postulación, y Gálvez como un supuesto operador externo, según la investigación.