La investigación que inició el Ministerio Público (MP) para establecer posibles ilegalidades dentro del contrato que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) firmó con la compañía Human Vaccine avanza igual de lento como el Plan de Vacunación Nacional por la falta de dosis que ya se compraron y que aún no han llegado.
El motivo del atraso es porque las autoridades de Salud se niegan a compartir una copia del contrato a la Fiscalía contra la Corrupción, quien tiene a su cargo la investigación desde los primeros días de mayo.
Es de recordar que el pasado viernes la ministra Amelia Flores fue denunciada penalmente por la Contraloría General de Cuentas (CGC) por esta misma razón, ya que se excusan en el supuesto convenio de confidencialidad para dar detalles de la compra.
El gobierno guatemalteco hizo un desembolso del 50 por ciento del pago total a inicios de abril, es decir Q614.5 millones para las primeras 8 millones de dosis. Aunque la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que con ese negocio recibirían pronto el primer lote de dos millones de vacunas, tres meses después Guatemala apenas ha recibido 350 mil.
La fiscal Aura Marina López explicó a medios de comunicación que las autoridades de Salud se han negado a dar esta información. Como parte de las pesquisas, el MP le ha solicitado a esta cartera copia de los documentos de pago y soporte del contrato, el cronograma de entrega de las vacunas, información de la empresa Human Vaccine, información de las negociaciones y las personas encargadas de estas negociaciones.
Hasta el momento, Salud solo ha entregado a la Fiscalía contra la Corrupción un informe circunstanciado y copia del CUR (Comprobante Único del Registro) donde se hizo el pago de los Q614 millones. “El contrato es bien importante y es clave en este caso, tienen obligación de darlo porque si no se solicitará bajo orden judicial para que lo entreguen”, indicó López.
Destaca avances
Pese a ello, la fiscal general, María Consuelo Porras, desde su cuenta de Twitter, dio a conocer los “avances” de algunas de las investigaciones que tiene a su cargo esa entidad por supuestas anomalías detectadas durante la emergencia sanitaria.
“Se han realizado diversas diligencias, se cuenta con documentación, se requirió al MSPAS informe sobre la relación, las negociaciones realizadas y personas o entidades involucradas. Además, se solicitó auditoría especial a la Contraloría General de Cuentas”, afirmó la titular del MP.
También, mencionó que la investigación se encuentra en desarrollo para “establecer la existencia de algún ilícito y determinar responsabilidades”.
Sobre este menciona que se han realizado diligencias de allanamiento en las bodegas de la entidad mercantil Kron Científica e Industrial, S.A., en seguimiento a la denuncia presentada por el Ministerio de Salud, debido a supuestas irregularidades en la compra y suministro de pruebas para detectar el virus.
“Además se secuestró documentación y las pruebas dentro de los hospitales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango, se han realizado diversos análisis, se solicitaron las auditorías respectivas y al momento se está a la espera del resultado de una asistencia legal internacional activa hacia los Estados Unidos”, destacó el MP.
“Asimismo, se secuestró documentación y las pruebas dentro de los hospitales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango, se han realizado diversos análisis, se solicitaron las auditorías respectivas y al momento se está a la espera del resultado de una asistencia legal internacional activa hacia los Estados Unidos”, destacó el MP.
Por último, el MP mencionó el caso “Adquisición de Batas Grupo Roja S.A.”, en el cual la Fiscalía contra la Corrupción con base a los indicios presentados consiguió que se ligara a proceso penal a Hermán Villela Javier, representante legal de la entidad Grupo Roja, S.A., por la supuesta comisión del delito de estafa.
“De acuerdo con la investigación “Corrupción en Época de Pandemia”, entregó, 20,000 batas de prolipropileno al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que no cumplían con la condición de estéril de conformidad con lo que estableció el Laboratorio Nacional de Salud, por un monto de Q1,300,000.00 bajo modalidad de compra por casos de excepción”, añadió el ente investigador.