Gonzalo Marroquín Godoy / Enfoque
En la organización jurídica del país, la Constitución de 1985 creó una figura que no existía antes: la Corte de Constitucionalidad (CC), cuya función esencial es la defensa del orden constitucional (Artículo 268). Aunque no se plantea como un tribunal supremo, en la práctica ha terminado siéndolo, puesto que la mayoría de alegatos y procesos jurídicos terminan en esa instancia por la vía de los amparos.
No cabe duda de que, aunque existe la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la CC, en realidad, es la corte decisiva en los casos más trascendentales sometidos a los tribunales. Es fácil comprender entonces la importancia de su integración y la necesidad de que sea absolutamente independiente en sus resoluciones, algo que se ha perdido con el paso del tiempo.
La CC está integrada por 10 magistrados –cinco titulares y cinco suplentes– nombrados por los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados, pero sin que haya una ley con mecánica establecida para hacer correctamente la selección, lo que ha permitido que en los procesos de nombramiento prive la opacidad y no se busque a profesionales con las características necesarias de capacidad, honorabilidad comprobada, especialidad, idoneidad y honradez.
En 2009, la diputada Nineth Montenegro aprovechó una coyuntura política en el Congreso para lograr que se aprobara la Ley de Comisiones de Postulación, que rige para los procesos de elección de magistrados de la CSJ y Salas, contralor general y fiscal general, principalmente. Como la Constitución no lo establece, esta ley no aplica para el caso de los magistrados de la CC.
Sin embargo, y ¡ojo!, esto es lo importante en este momento: esa ley contiene una serie de elementos que podrían aplicarse para que, esta vez y en lo sucesivo, haya transparencia en la selección y elección de los magistrados de la CC. En efecto, la sociedad puede, ¡y debe!, exigir que se cambien los procedimientos cerrados que se han seguido hasta ahora.
La Ley se enfoca en transparentar todo el proceso. Si el presidente, el Congreso, la CSJ, la Usac y el Colegio de Abogados aceptan que son REPRESENTANTES de la población para elegir a los magistrados y que su principal compromiso es con el país y no sus intereses, entonces podrían actuar con transparencia y adoptar estas acciones positivas:
- Centrar todas sus acciones en transparencia. Eso implica voluntad y demostrarlo con hechos.
- Dar publicidad al proceso, desde la forma en que se selecciona y califica a los candidatos, así como los nombre de aquellos que se consideren para el cargo, hasta las razones por las que se hace el nombramiento.
- Exigir las cualidades necesarias a los candidatos. Además de las mencionadas antes, los méritos éticos, académicos y profesionales.
- Que se haga convocatoria pública. No se debe limitar la lista de aspirantes únicamente al círculo de amigos o abogados cercanos y comprometidos con quien designa.
La falta de transparencia en todas las acciones del Estado y sus instituciones es lo que ha provocado que el país tenga los niveles de corrupción en que nos encontramos. Los funcionarios deben entender que son representantes de sectores de la población, y no dueños del país.
El presidente fue electo por el voto popular, al igual que los diputados. La CSJ es nombrada por los diputados, representantes del pueblo. El Colegio de Abogados tiene un mandato constitucional, lo mismo que la Usac, y se les tomó como participantes de esta elección por la seriedad que ambas instituciones deben tener y su compromiso con el Estado de derecho y la nación.
De tal cuenta que quien decida seguir con la mala práctica de hacer elecciones cerradas y sectoriales o de grupo, se equivoca y solo mostrará que está a favor de la opacidad y la corrupción. En el Colegio de Abogados hay un proceso de elección algo más democrático, pero deben rechazarse las campañas electorales con inversiones millonarias, porque lo único que evidencian es que hay intereses espurios detrás.
Los procesos están en marcha para elegir a la nueva CC. Jimmy Morales, Mario Taracena, los magistrados de la CSJ, los abogados y el rector y el Consejo Superior de la Usac tienen la oportunidad de impulsar la transparencia.
Los ojos de la ciudadanía se deben centrar en la actitud que cada uno de los electores tome. Es una oportunidad para demostrar que la fiscalización ciudadana puede funcionar y que se quiere un cambio más de fondo. Una CC comprometida no hará más que llevar por el mismo camino al país.
FRASE: Si se logra integrar una CC independiente, tendremos mejores resultados en la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¡Hay que exigirlo! #CCLimpia¡Ya!