La Comisión Presidencial contra la Corrupción fue creada por el Gobierno de Alejandro Giammattei el 20 de enero del 2020, la cual está integrada por el jefe del Ejecutivo, el ministro de Gobernación, ministro de Finanzas Públicas, jefe de la Procuraduría General de la Nación, secretario de la Presidencia, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia y el director ejecutivo de la referida comisión.
Este miércoles, en el Diario Oficial, el Ministerio de Gobernación (Mingob) publicó el acuerdo 91 – 2021 que modifica el artículo 3 del acuerdo 28 – 2020, en el que ya no se incluye como integrante de la Comisión al director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, debido a que la entidad fue cerrada a comienzo del 2021, luego de cuestionamientos sobre su funcionamiento.
La reforma también detalla quiénes asistirán a las reuniones de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción en caso de que alguno de los representantes de las entidades no pueda hacerlo. Cada entidad tendrá que delegar a una persona para ser representado ante la Comisión.
Ahora, la referida entidad queda integrada de la siguiente manera:
- Presidente de la República de Guatemala (quien la preside)
- Ministerio de Gobernación
- Ministerio de Finanzas Públicas
- Procuraduría General de la Nación
- Secretario General de la Presidencia
- Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia
- Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción
Presupuesto de la Comisión contra la Corrupción
La comisión está dirigida por el comisionado Oscar Dávila, quien tiene a su cargo 37 trabajadores. El presupuesto vigente para 2021 es de Q11.5 millones, el cual, hasta marzo, se habían devengado Q1 millón 454 mil 156.
El año pasado, en noviembre, este techo presupuestario se redujo a Q9.8 millones, de lo cual se ejecutó Q5.7 millones en pago de planilla, materiales y suministros, propiedad y planta y equipo, entre otros.
En su primer informe anual de labores, la Comisión destaca como logros el haber interpuesto 14 denuncias, 12 penales en el Ministerio Público (MP) y dos administrativas en la Contraloría General de Cuentas, que involucran a 72 funcionarios de gobierno y 75 comerciantes individuales o colectivos. Además, detalla que se investigaron 117 eventos de adquisiciones en Guatecompras que suman Q380.96 millones.
No obstante, en la ciudadanía aún se percibe falta de probidad y transparencia en las instituciones gubernamentales. El Índice de Percepción de Corrupción que elabora Transparencia Internacional, por ejemplo, calificó en 2020 a Guatemala con 25 puntos, donde 0 representa el mayor nivel de corrupción y 100 el menor. El punteo decreció con relación al 2019, cuando fue de 26 puntos.