El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con posibles «crímenes de lesa humanidad», afirmó este miércoles una misión de la ONU al presentar un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese país.
«La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, citada en un comunicado.
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Políticas de Estado
«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», agregó Valiñas.
Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política, que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y titular del parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, luego de declarar que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse en unos cuestionados comicios un año antes.
En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en el país al presentar un informe en el que denunciaba «detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso» y casos de «tortura y desapariciones forzadas».
En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas.
Violaciones y crímines
Además, estudió otros 2,891 casos para «corroborar los patrones de violaciones y crímenes», como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
No obstante, esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que «el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes» y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.
Si bien la misión reconoce «la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público», constató que «el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela».
Ejecuciones y torturas
La misión investigó «16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales», además de «2,552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad» entre 2015 y 2017.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que
- «era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular ‘enfrentamientos'».
«Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad (…), dijo Valiñas.
En el caso de las torturas, la misión investigó el accionar del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y documentó detenciones que en realidad eran «desapariciones forzadas de corta duración».
Estas incluían «torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo».
«Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia –tanto hombres como mujeres– a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales», dijo Francisco Cox, miembro de la misión.
La misión instó a las autoridades venezolanas a llevar a cabo de inmediato «investigaciones rápidas», «independientes» y «transparentes» sobre las violaciones y los crímenes.
Valiñas dijo que instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) «deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales» contra los responsables identificados por la misión.
Desde finales de 2015, unos cinco millones de personas «abandonaron» Venezuela a raíz de la crisis política y económica, según cifras de la ONU.