Una minera canadiense llegó a un acuerdo con manifestantes que habían sido heridos de bala en 2013 frente a una mina de la compañía en Guatemala, reconociendo que sus derechos humanos fueron violados, dijeron el martes la compañía y los abogados de los demandantes.
Esta es la primera vez que demandantes extranjeros obtienen una indemnización por un caso de violación a los derechos humanos por parte de una minera canadiense, señaló un comunicado de la firma de abogados canadiense Camp Fiorante Matthews Mogerman.
Este «acuerdo histórico», cuyos términos son confidenciales, se concluyó con Pan American Silver Corp., que adquirió en febrero el grupo Tahoe Resources. Este último está involucrado en una batalla legal en Canadá desde 2014 por eventos que ocurrieron el año anterior en la mina Escobal, en el sureste de Guatemala.
En una declaración separada, Pan Silver Corp reconoce que los guardias de seguridad de la mina de oro y plata, liderados por su jefe Alberto Rotondo, abrieron fuego contra manifestantes reunidos en una carretera fuera de la mina, en abril de 2013.
«Varias personas resultaron heridas durante el tiroteo», incluidos cuatro demandantes que iniciaron una denuncia civil contra Tahoe Resources ante la Corte Suprema de Columbia Británica en 2014, reclamando «justicia por la violación de sus derechos», indicó Pan American.
La demanda fue inicialmente desestimada, pero el Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica anuló ese fallo en 2017, considerando que los demandantes corrían el riesgo de que en Guatemala no pudieran «obtener un juicio justo contra una poderosa multinacional».
La Corte Suprema de Canadá rechazó posteriormente una apelación final de Tahoe Resources.
«Pan American condena enérgicamente estos hechos y no recurrirá a ninguna violencia. Aunque estos eventos ocurrieron mucho antes de la adquisición, Pan American, en nombre de Tahoe, reconoce que el tiroteo del 27 de abril de 2013 violó los derechos humanos de los manifestantes», indicó en un comunicado.
«En nombre de Tahoe, Pan American se disculpa con las víctimas y con la comunidad», agrega el texto.
«Esta es una victoria importante para nosotros y nuestra comunidad», comentó Luis Fernando García, uno de los demandantes, citado en el comunicado de prensa de los abogados.
«Esto justifica nuestro derecho a manifestar y a continuar nuestra resistencia a las operaciones mineras en nuestra comunidad», proclamó.