- En Estados Unidos se llega a una sentencia condenatoria por actos de corrupción en Guatemala, que el MP ni siquiera ha investigado.
Redacción Crónica
En un hecho sin precedentes que sacude las fibras del sector de telecomunicaciones y la política nacional, la empresa Comunicaciones Celulares S.A. (conocida comercialmente como Tigo Guatemala), ha admitido ante la justicia de los Estados Unidos su participación en una red de sobornos masivos para obtener y retener negocios en el país.
El acuerdo, firmado con el Departamento de Justicia (DOJ), revela detalles escabrosos sobre el uso de dinero proveniente incluso del narcotráfico para acechar la institucionalidad guatemalteca.
El esquema: Sobornos y Narcotráfico
Según la «Declaración de Hechos» aceptada por la compañía, Tigo Guatemala orquestó un esquema de sobornos «omnipresente» coordinado por el entonces accionista guatemalteco y personal de alta dirección. El «accionista guatemalteco» era entonces Mario López, fallecido hace algunos años, pero a quien no se menciona en el proceso con nombre y apellido.
El documento judicial estadounidense señala que la trama no solo buscaba beneficios comerciales, sino que involucró el uso de fondos provenientes del narcotráfico para generar el efectivo necesario para pagar algunas de las coimas a funcionarios de alto nivel.
Las fechas clave especificadas en el documento son las siguientes:
- Inicio del esquema: Las actividades corruptas y el pago de sobornos comenzaron al menos en el año 2010, durante el gobierno de Otto Pérez Molina..
- Finalización del esquema: Los pagos ilícitos y la conducta delictiva continuaron hasta aproximadamente el año 2018. (Abarcó la mayor parte del gobierno de Jimmy Morales)
Durante este lapso, la empresa admitió haber pagado sobornos a funcionarios gubernamentales guatemaltecos de alto nivel para asegurar beneficios regulatorios y la aprobación de leyes que favorecieran sus operaciones comerciales. El documento también destaca que para generar el efectivo necesario para estos pagos, se recurrió a diversas maniobras financieras, incluyendo el uso de fondos con orígenes oscuros entre 2010 y 2018.
Los protagonistas de la infamia
Aunque el documento protege ciertos nombres específicos bajo sellos procesales, el énfasis recae en las acciones admitidas por los entes corporativos y sus representantes:
- El Accionista Guatemalteco: Identificado como el arquitecto detrás del esquema, quien utilizó su control operativo para facilitar los pagos ilícitos y, posteriormente, bloqueó los intentos de la matriz internacional (Millicom) por cooperar inicialmente con las autoridades estadounidenses.
- Funcionarios Guatemaltecos de «Alto Nivel»: El acuerdo menciona el pago de sobornos a figuras en posiciones de poder que facilitaron contratos y beneficios regulatorios para la telefónica. La magnitud del beneficio recibido por la empresa se estima en más de 25 millones de dólares.
- Personal de Alta Dirección de Tigo: Empleados de confianza de la operación local que habrían condonado o participado voluntariamente en la ignorancia deliberada de estos delitos.
¿Por qué EE. UU. cobra y en Guatemala no pasa nada?
La resolución establece una multa penal de 60 millones de dólares y un decomiso adicional de 58.1 millones de dólares, sumando un golpe financiero de más de 118 millones de dólares que irán directamente al Tesoro de los Estados Unidos.
Esto deja en el aire una pregunta punzante: ¿Por qué el Ministerio Público (MP) de Guatemala no ha actuado? Mientras la justicia norteamericana ha logrado que la empresa admita su responsabilidad bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en el territorio donde se cometieron los delitos —Guatemala—, no se conocen procesos penales vigentes ni intentos de recuperación de activos por parte del ente investigador local.
El «Lavado de cara» corporativo
Millicom International Cellular SA, dueña actual de Tigo tras adquirir el control total en 2021, se ha comprometido a una reforma profunda. Entre las medidas adoptadas para evitar el juicio criminal en EE. UU. destacan:
- Despido de personal: La terminación de los contratos de todos los empleados involucrados en el esquema de sobornos.
- Control de mensajes: Implementación de políticas para preservar y analizar mensajes en aplicaciones efímeras de sus empleados.
- Reestructuración total: La creación de líneas directas de reporte desde Guatemala hacia la matriz en el extranjero para evitar que el control local vuelva a ser un «nido» de corrupción.
La sombra de este caso sigue creciendo. Con una condena moral y financiera ya dictada en Washington, el silencio del sistema judicial guatemalteco ante un esquema que involucró hasta dinero del narcotráfico se vuelve, cada día, más ensordecedor.
Fuente: Caso No. 25-CR-20476-JB, Corte de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Florida.