El gobierno de México realiza este domingo una consulta entre varias comunidades indígenas para la construcción de un polémico tren que atravesará la zona maya del sureste del país, un proyecto emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En los sureños estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas se realizan asambleas en las que a mano alzada representantes indígenas deciden sobre la ejecución del proyecto, en tanto se instalaron casillas de votación en los municipios por donde pasará el tren.
El tren, que tendrá una inversión estatal de 120 mil millones de pesos (6,247 millones de dólares), será usado para turismo y carga. También se plantea la construcción de centros urbanos y turísticos aledaños a las estaciones del tren.
Sin embargo, en la información que distribuyó el gobierno desde el 15 de noviembre no se abordó el impacto ambiental que causaría la obra, ya que aún no se cuentan con los estudios de ese tipo, según Víctor Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente.
Por ello, el tema se dejó de lado en varias asambleas. En Cobá, una pequeña localidad de Quintana Roo, los representantes indígenas aprovecharon para plantear en su lugar sus necesidades de escuelas, clínicas de salud y mejora de caminos de terracería.
El tren maya es uno de los proyectos emblema del gobierno del mandatario izquierdista junto con un nuevo aeropuerto para Ciudad de México y una refinería en su natal Tabasco.
Sin embargo, algunos grupos indígenas dicen haberse sentido excluidos de esos planes y han externado su rotundo rechazo al mega proyecto ferroviario argumentando que afectará reservas ecológicas y sitios que consideran sagrados.
«El gobierno que pretende desarrollar el proyecto del Tren Maya aún no ha informado de manera clara y convincente los perjuicios y consecuencias reales a nuestra vida», dijo Alberto Rodríguez, portavoz del grupo Consejo Maya del Poniente de Yucatán.
Algunos habitantes también reclamaron que no se les explicaron bien las implicaciones del proyecto en sus comunidades.
«Aquí en estos documentos que me dan yo no le entiendo, no sé qué quiere decir esto. No es que estemos en contra pero casi no sabemos nada, no sabemos si nos van a quitar nuestra tierra o nos van a mover», dijo a la AFP Georgina Romero, habitante de Tulum.
López Obrador ha tomado varias decisiones con base en consultas populares, como la cancelación de la construcción de un aeropuerto iniciado durante el gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto.
La oposición habían considerado este tipo de mecanismos «tramposos» por su falta de claridad jurídica. Sin embargo, las consultas populares fueron aprobadas recientemente por el Congreso.