El Gobierno de México anunció este miércoles el inicio de un diálogo con Estados para evaluar el problema migratorio tras la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos que rechaza que quienes soliciten asilo puedan permanecer en Estados Unidos a la espera de la resolución de su caso.
En un comunicado, México indicó que comenzará un diálogo técnico con la Administración del presidente Joe Biden «con el objetivo central de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común» después de que Washington haya presentado a este país la decisión del Supremo.
«En apego a los principios constitucionales de nuestra política exterior, el Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo», indicó, si bien ha querido «responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes» con el inicio de este diálogo.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha compartido en rueda de prensa que el Departamento de Estado junto con el Departamento de Seguridad Interior (DHS) «están participando en discusiones diplomáticas con México» para «implementar la orden del Tribunal».
Programa
Asimismo, ha reiterado un comunicado del DHS en el que la Administración de Biden muestra que «discrepa respetuosamente» con la decisión de la Justicia estadounidense y ha compartido que el programa de migración impuesto por el expresidente Donald Trump «no se implementó de una manera moral» y «fue ineficaz».
«Es un programa al que nos hemos opuesto, pero también estamos cumpliendo con la orden judicial», ha añadido, la cual ha obligado a implantar de nuevo el programa de Trump que ha hecho que casi 70,000 solicitantes de asilo permanezcan en México mientras se procesan sus solicitudes.
Desde principios de año, el DHS detuvo las inscripciones en el programa de asilo de Trump y el Gobierno anunció la admisión de miles de solicitantes que permanecen al otro lado de la frontera con México.
En este sentido, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció el junio formalmente el fin de la política, sin embargo, los estados Texas y Misuri demandaron para impugnar la rescisión, lo cual fue aceptado por el juez Kacsmaryk, y ahora, por el Tribunal Supremo.