Un total de 64 organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado, en el cual mostraron su rechazo a las acciones tomadas por el Gobierno del presidente Alejandro Giammatei, asegurando que las mismas han generado la crisis política actual.
Los firmantes afirman que el detonante de esta situación se debe a la aprobación “anómala y abusiva” del Presupuesto 2021, ya archivado, confirmando la necesidad de reformar estructuralmente el gasto, los ingresos y la deuda del Estado.
Ante ello, las organizaciones señalan que la reforma estructural de la política fiscal debe reconocer como prioridad el gasto público, el cual debe ser garantía de los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos.
“la inversión pública en las niñas, niños y adolescentes, la lucha contra la desnutrición infantil, el fortalecimiento del desarrollo rural integral, la mejora en la calidad y cobertura de los servicios de salud y educación pública, la protección social y que, en general, cierre las brechas de cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible deben ser las prioridades principales en el presupuesto, cumpliendo estándares de suficiencia, eficiencia, eficacia e inclusión”, se lee en el documento.
Otra de los puntos que argumentaron fue que la mejor forma de sanear las finanzas públicas es elevar los ingresos tributarios, por lo que llaman a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a cumplir con su mandato, reduciendo la evasión de impuestos y toda forma de fraude fiscal como el contrabando y la defraudación aduanera.
“De manera complementaria se deben revisar las tasas impositivas, exenciones, bases imponibles y hechos generados de manera que cumplan con los principios de justicia y equidad tributaria: los privilegios fiscales deben eliminarse y cada quien debe contribuir progresivamente acorde a su capacidad”, detalla la carta.
Financiamiento complementario
Asimismo, aseguran que la deuda pública debe se un financiamiento complementario a los ingresos tributarios, la cual debe destinarse únicamente a inversiones que maximicen las capacidades humanas, sociales y económicas.
Las organizaciones indicaron que la transparencia fiscal y la lucha contra la corrupción y la impunidad deben ser componentes transversales de la política fiscal, por lo tanto, su prioridad debe fundamentarse en una lucha efectiva en contra de la corrupción y la impunidad.
Algunos de los firmantes fueron Acción Ciudadana, Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud, CIPRODENI, Comité de Unidad Campesina, Frente Ciudadano Contra la Corrupción, Fundación Guillermo Toriello, ICEFI, Justicia Ya, Movimiento de Jóvenes Mayas, entre otros.