El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió este jueves un duro golpe de Estados Unidos, que sancionó a ocho magistrados claves en su batalla con la oposición, volcada desde hace siete semanas en una ofensiva en la calle para sacarlo del poder.
El Tesoro estadounidense anunció sanciones económicas contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, un controvertido juez cercano a Maduro, y otros siete magistrados a quienes acusa de fallos que «usurparon» la autoridad del Parlamento, de mayoría opositora.
También este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la crisis de Venezuela como una «vergüenza para la humanidad», y dijo que era una situación que no se ha visto «en décadas» en la región.
«Uno ve la riqueza de ese país y se pregunta ¿Porqué está ocurriendo esto? Pero es que el país ha sido administrado increíblemente mal durante varios años», dijo Trump durante una conferencia de prensa junto al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Sin referirse explícitamente a Trump o a la decisión del Tesoro, Maduro aseguró que Estados Unidos «salió derrotado» de la reunión en la que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abordó el miércoles la crisis venezolana. A cambio, aseguró haber recibido apoyo del presidente ruso Vladimir Putin en un diálogo por teléfono.
– «Nos reprimen inútilmente» –
El gobierno impidió viajar este jueves al líder opositor Henrique Capriles, quien iba a denunciar en Nueva York ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, la «represión» en las protestas contra Maduro, que dejan 45 muertos desde 1 de abril, según el último balance dado por la Fiscalía.
Tras salir del aeropuerto, Capriles, quien dijo que su pasaporte fue «anulado», se sumó a la marcha de miles de opositores que pretendían llegar al Ministerio del Interior, en el centro de Caracas, pero fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad en la principal autopista de Caracas.
Desde tanquetas blindadas, militares y policías lanzaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes, algunos de los cuales, encapuchados, con escudos improvisados y máscaras antigases, les respondieron con cócteles molotov y piedras.
Aunque la violencia aumenta, los opositores insisten en marchar y prevén para el sábado una gran movilización en todo el país. Las protestas estallaron el 1 de abril, justamente luego de que el TSJ asumiera temporalmente las funciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición.
«Nos reprimen inútilmente, la gente va a seguir resistiendo. Cada día en la calle es un día menos de Nicolás Maduro en el poder, sigamos hasta vencer a la dictadura», dijo en la marcha el vicepresidente del legislativo Freddy Guevara, con un casco pintado con los colores de Venezuela.
El gobierno y la oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia, mientras que la Fiscalía investiga las muertes, por las cuales ha señalado a grupos armados no identificados, y ha imputado a algunos civiles, policías y militares.
La oposición venezolana responsabiliza directamente al ministro Néstor Reverol, un prominente general también sancionado por Estados Unidos por narcotráfico, de liderar lo que llaman una «brutal represión».
El gobierno acusa a la oposición de «terrorismo» y de apelar a la «insurgencia armada» para derrocarlo con la ayuda de Washington.
– «Confrontación entre hermanos» –
La tensión aumentó luego de que Maduro dispusiera el miércoles enviar 2.600 militares al estado Táchira (frontera oeste con Colombia), donde desde el lunes se registran saqueos y disturbios. Unos 500 efectivos ya habían llegado a la zona.
La convocatoria por parte del gobierno de una Asamblea Constituyente caldeó aún más los ánimos de la oposición, que acusa a Maduro de buscar con ello evitar elecciones generales para perpetuarse en el poder.
«Quiero con la Constituyente reparar a tiempo el inicio de una insurgencia armada», dijo Maduro.
Unas 700 personas han sido detenidas, de ellas 159 siguen presas por orden de tribunales militares, según la ONG Foro Penal, lo que ha sido criticado por grupos de derechos humanos, gobiernos y organismos internacionales.
«Comienza a vislumbrar la tentación de una confrontación entre hermanos. Rechazamos la violencia y la represión desproporcionada», manifestó monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Aunque acusa a la Iglesia católica de actuar como «un partido político opositor», Maduro celebró que sus jerarcas hayan aceptado acudir a una reunión de discusión sobre la Constituyente en el palacio de Miraflores.
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