Bogotá, Colombia | AFP |
El gobierno de Venezuela sacó del aire a Caracol y RCN, los dos principales canales colombianos de televisión, una decisión que atiza las tensiones políticas con Bogotá tras la protección otorgada a la exfiscal Luisa Ortega.
La medida fue ejecutada por la autoridad de telecomunicaciones (Conatel), que en febrero pasado dispuso la salida del aire de CNN en Español, y la del canal colombiano El Tiempo y el argentino Todo Noticias dos meses después.
En 2014 el canal colombiano de noticias NTN24 ya había sido excluido de la parrilla de programación.
Caracol TV dejó de verse en Venezuela desde la noche del miércoles y la misma suerte corrió RCN este jueves, según denunciaron por separado las dos empresas mediáticas.
«Nuestra señal internacional dejó de verse en todos los cableoperadores venezolanos, solo horas después de que también fuera sacado del aire Caracol Televisión», dijo RCN en su portal de noticias.
Más temprano, el presidente Juan Manuel Santos había expresado su rechazo ante lo que los medios calificaron como un acto de «censura».
«Es una demostración más de un régimen que no le gustan las libertades, un régimen que está restringiendo las libertades de sus ciudadanos», afirmó Santos.
Días antes su homólogo venezolano había denunciado una «campaña terrible» desde Colombia contra su gobierno y señaló directamente a Caracol y a los diarios El Tiempo y El Espectador.
La acción contra los dos principales medios de comunicación privados de Colombia enrarece aún más la relación entre ambos gobiernos, que comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros y han elevado el tono de sus acusaciones en medio de la crisis política y económica que envuelve a Venezuela.
Santos, quien ha alternado su actividad política con el periodismo, volvió a tachar al gobierno de Maduro de dictadura. «Hemos dicho que es un régimen que se apartó del sistema democrático, y que cada vez está actuando más como una dictadura».
Los canales no dieron detalles sobre las causas de su salida del aire y Conatel no se ha pronunciado sobre ninguno de los dos casos.
– «Hipersensibilidad a la crítica» –
El director de noticias de Caracol, Juan Roberto Vargas, lamentó la decisión y defendió la cobertura que ha hecho el canal de la crisis venezolana y de las protestas opositoras que dejaron 125 muertos entre abril y julio.
«Noticias Caracol siempre ha desempeñado su labor de una manera objetiva, veraz, seguimos siempre los principios que consideramos fundamentales, que es ofrecer periodismo con contexto y escuchar todos los puntos de vista y eso sí que lo hemos intentado hacer en Venezuela», dijo Vargas.
De su lado, RCN rechazó lo que denominó un acto «administrativo de censura», mientras organizaciones de prensa en Caracas denunciaron un ataque a las libertades de prensa y de expresión.
Esto «deja en evidencia el carácter dictatorial, autoritario, de hipersensibilidad a la crítica que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro», declaró el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz.
Más allá del impacto mediático, el caso añade más tensión a la deteriorada relación entre Caracas y Bogotá.
Santos fue duramente criticado por el gobierno venezolano por dar protección y ofrecer asilo a la exfiscal Ortega, quien huyó de Venezuela denunciando una persecución política.
Ortega aterrizó el viernes en Bogotá junto con su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer, y el miércoles viajó a Brasilia, donde afirmó tener pruebas contra Maduro y otros dirigentes chavistas sobre supuestos casos de corrupción.
Destituida el 5 de agosto por la Asamblea Constituyente de plenos poderes que rige en Venezuela, la exfuncionaria dijo que las evidencias relacionan a Maduro y su círculo de poder con la trama de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.
El nuevo fiscal Tarek William Saab restó «validez» a los dichos de la exfuncionaria.
La justicia venezolana investiga a Ortega por mentir en el ejercicio de sus funciones, y acusa a su marido de encabezar una red de corrupción en el Ministerio Público.
Ortega, una chavista de 59 años, se rebeló contra Maduro por decisiones contra el Parlamento de mayoría opositora, cuyas funciones fueron asumidas por la Asamblea Constituyente.
El divorcio definitivo vino con la instalación del órgano que redactará una nueva Constitución, y que desconocen gobiernos como el de Colombia y Estados Unidos.