La interceptación de un avión civil que volaba desde Atenas a Vilna, supuestamente para detener a un periodista opositor que viajaba a bordo, ha elevado a nuevos niveles la represión que el Gobierno de Alexander Lukashenko ejerce desde hace meses contra la disidencia, que ha visto cómo el cerco sobre ella se ha estrechado tras las polémicas elecciones de agosto.
En esos comicios, Lukashenko obtuvo su sexto mandato en el poder. Lo hizo por un amplio margen, con el 80 por ciento de los votos, pero la oposición puso en duda los resultados oficiales y reivindicó como ganadora a Svetlana Tijanovskaya, quien abandonó el país tras constatar que dentro de Bielorrusia probablemente terminaría siendo detenida.
La oposición salió entonces en masa a la calle, en el desafío social más claro contra el Gobierno desde el fin de la Unión Soviética. Más de 30,000 manifestantes detenidos en el marco de estas protestas, según Amnistía Internacional, que da cuenta también de un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos al que se le atribuyen al menos cuatro muertes.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una de las voces más críticas contra Minsk en estos últimos meses, designó la semana pasada a los tres expertos que conformarán una misión que analizará los posibles abusos cometidos desde mayo de 2020.
Bachelet ha abogado por examinar «el patrón crónico de violaciones sistemáticas en Bielorrusia», que trascendería a las elecciones presidenciales en sí. La jefa de Derechos Humanos cree que se «se han negado de forma rutinaria libertades fundamentales» en la antigua república soviética, por lo que ha llamado a que los responsables rindan cuentas.
¿Quién es Raman Pratasevich?
El último ejemplo de estos abusos sería la supuesta interceptación de un avión en el que el domingo volaban alrededor de un centenar de pasajeros. Las autoridades bielorrusas sostienen que respondieron a una posible amenaza a bordo, pero fuentes opositoras y gobiernos europeos dan por sentado que Lukashenko quería a una persona que viajaba a bordo.
Se trata de Raman Pratasevich, un periodista independiente de 26 años que partió desde Atenas pero nunca llegó a Vilna y cuyo paradero o circunstancias se desconoce. Al igual que otros opositores, optó por el exilio, consciente de que se le juzgaría por su vinculación con el canal de Telegram NEXTA, uno de los principales canales de convocatoria durante la ola de protestas.
Servicios secretos
Los servicios secretos de Bielorrusia catalogaron en 2020 de «extremista» a NEXTA y a todos los canales asociados, lo que supuso su ilegalización, y tanto Pratasevich como su socio, Stsyapan Putsila, figuran en una ‘lista negra’ como «personas implicadas en actividad terrorista», acusados de «incitación a disturbios masivos», «grave alteración del orden público» e «incitación al odio social» contra funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, lo que puede costarles hasta 15 años de prisión, según Amnistía.
El caso de Pratasevich no es único, ya que Human Rigths Watch (HRW) estimó en abril que en los seis meses previos las autoridades bielorrusas habían abierto al menos 18 casos penales contra periodistas. En tres de estos procesos se han aplicado condenas de entre seis meses y dos años de cárcel.
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos temen que la represión se recrudezca tras la última reforma sobre la ley que regula los medios de comunicación. Este mismo mes, el Gobierno cerró la página web ‘Tut.by’, uno de los principales portales mediáticos vinculados a la oposición.