- El expresidente y el extesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, son acusados por el MP por los bloqueos realizados en 2023 en defensa de la democracia.
Aunque ayer miércoles el Juzgado de Primera Instancia Penal dio a conocer a puerta cerrada el motivo de la detención de Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y de Héctor Manuel Chaclán Batz, expresidente y extesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, el fondo de caso es la permanente acoso que el Ministerio Público (MP) mantiene sobre el Ejecutivo y el proceso electoral de 2023.
Pacheco, quien además es uno de los viceministros del Ministerio de Energía y Minas (MEM), declaró que se está criminalizando su actuación durante el movimiento que detuvo lo que en su momento se llamó «golpe de estado judicial», que pretendía impedir el cambio de Gobierno tras las elecciones de 2023.
«No soy un delincuente, no soy un terrorista», dijo Pacheco a la prensa en la carceleta de la Torre de Tribunales, en donde espera que un juez le tome su primera determinación y decida si va a prisión «preventiva». el acusado de asociación ilícita, terrorismo y otros delitos, añadió que espera que autoridades ancestrales mantengan la lucha por la democracia y que exijan que haya Estado de Derecho.
Como suele hacer en casos de interés político, el MP logró que se declarara bajo reserva, por lo que la prensa no puede tener acceso a los elementos de prueba que pudiera existir ni a otros detalles sobre las imputaciones que se le hacen a los dos exdirigentes de los 48 Cantones, una organización indígena que ha jugado un papel importante en la vida política del país en los últimos años.
Mientras tanto, producto de estas detenciones –aunque el MP ya adelantó que habrá más capturas–, vuelve a intensificarse el permanente pulso que ha existido entre la fiscal general, Consuelo Porras, y el presidente Bernardo Arévalo, quien ha calificado al MP de ser una «gavilla de criminales».
La historia
La supuesta «sedición», como la llama el MP, tuvo lugar en octubre de 2023, cuando las autoridades de las organizaciones ancestrales indígenas llamaron a un Paro Nacional, para exigir que se respetara la voluntad popular, en momentos en que la fiscalía intentaba demostrar un fraude electoral inexistente para impedir el cambio de Gobierno.
A ese movimiento se le llamó Paro Nacional, y las organizaciones indígenas, incluido los 48 Cantones, consideraron que las acusaciones e investigaciones realizadas por el fiscal Rafael Curruchiche no eran más que la criminalización del proceso electoral, para impedir que se entregara la presidencia a Arévalo.
En su momento, ese movimiento exigió la salida de la fiscal general Consuelo Porras, lo que llevó, incluso, a que el edificio del MP en Gerona (zona 1) fuera rodeado durante varios días por un movimiento social de amplia representación.
Desde entonces, el MP ha mantenido sus teorías conspirativas sobre el supuesto fraude electoral, sin lograr ninguna prueba, por lo que desde el inicio del actual gobierno la fiscalía ha perseguido a diferentes funcionarios y miembros del partido Semilla, al que mantiene suspendido por ordenes del juez Fredy Orellana, señalado junto den Currichiche y Porras como personaje «corrupto y antidemocrático».
En ese escenario, el presidente Arévalo ha fallado en su intento por promover una reforma a la Ley del MP para remover a la fiscal general. Sin embargo, expertos constitucionalistas consideran que tiene potestad de hacerlo basado en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Fiscal General puede ser removido por el Presidente de la República «por causa justificada debidamente establecida».
Dicen que la Ley del MP, que establece una serie de condiciones para la destitución y limita el poder del presidente, está por debajo de la Constitución y no puede limitarla.
Ese debate jurídico está pendiente en el ámbito nacional, pero mientras tanto, todo indica que la confrontación entre Porras y Arévalo continuará mucho tiempo. La fiscal general debe abandonar el cargo en mayo de 2026, pero desde ya trabaja en algún mecanismo que le brinde inmunidad después de esa fecha.
-COMUNICADO OFICIAL-
— 48 Cantones Oficial (@48_CantonesToto) April 23, 2025
Al pueblo de Totonicapán y opinión pública manifestamos lo siguiente.
¡El poder del Pueblo está en el servicio!
¡Que vivan los 48 Cantones de Totonicapán!#48Cantones#PueblosOriginarios pic.twitter.com/sT9d0AHT5x
Mientras tanto, queda en el ambiente el llamado y advertencia que lanzó el miércoles la directiva de los 48 Cantones al repudiar la criminalización de su expresidente: «A los Pueblos Indígenas y al Pueblo de Guatemala, no dejarse amedrentar por estas acciones que, por el contrario, contribuyan a fortalecer nuestra articulación y unir esfuerzos para seguir luchando por nuestros derechos y contribuir en la construcción de un mejor país, libre de corrupción».
El fiscal contra el crimen organizado, Kalyber Bladimiro, indicó que el viceministro Pacheco fue capturado por una denuncia que le acusa de «actos violentos y bloqueos» en 2023 que «alteraron el orden constitucional del país».
La Fiscalía sindica a Pacheco y a Héctor Chaclán, de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización de la justicia y sedición. Ambos, quienes fueron detenidos este miércoles, eran dirigentes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán.
El Ministerio Público aseguró que otras tres personas tienen orden de captura y serán incluidas dentro de este mismo proceso penal.
En 2023, Pacheco figuró como uno de los líderes indígenas que rechazó los intentos de la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras Argueta, de anular la victoria electoral del presidente Arévalo, quien asumió el cargo en medio de un intento de «golpe de Estado» en su contra que fue condenado por decenas de gobiernos alrededor del mundo.