Luis F. Linares López
Uno de los motivos de la ineficacia de muchas medidas que toman los gobiernos, especialmente en los últimos años, es que buscan actuar sobre los efectos en lugar de atender las causas profundas de los problemas. Atender los efectos solo sirve, generalmente, para hacer como se que se hace, malgastando recursos, tratar de taparle el ojo al macho y dar largas al problema, que tarde o temprano aflora y con más fuerza. Un ejemplo es el de las biobardas en las cercanías de la desembocadura del Motagua para detener la enorme cantidad de desechos, mayoritariamente plásticos, que arrastra la corriente.
A mediados de enero el titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), anunció que “Por primera vez en mucho tiempo (…) logramos detener la marejada de desechos sólidos que antes llegaba al Océano Atlántico”. Tan solo tres días después, un comunicado de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Honduras desmintió al funcionario, indicando que la barda colocada en la zona del Quetzalito no es funcional ante la magnitud de problema, reiterando que en numerosas ocasiones han solicitado a Guatemala que se busquen soluciones, concretas, sostenibles y permanentes (resaltan la última palabra) para detener el daño ambiental.
El problema no se resolverá colocando bardas en las desembocaduras de los ríos ni poniendo gente a pescar basura. La solución sostenible y permanente, que con toda razón exige Honduras, es que las municipalidades del país cumplan con atender la competencia, señalada en la literal a) del artículo 68 del Código Municipal, relativa “a la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final”.
El título de este artículo lo tomo del nombre de una estrategia de desarrollo económico local, denominada “Un pueblo un producto” (OVOP por sus siglas en inglés) pues, lamentablemente, eso es Guatemala. Las municipalidades reciben enormes cantidades de dinero para atender sus competencias, debiendo obviamente dar prioridad a los servicios esenciales para la calidad de vida y la salud de la población, y la protección del ambiente, pero una parte considerable de esos recursos es destinada a gasto no esencial y al despilfarro, y convertido en botín. Para este año el Presupuesto General asignó Q8,769 millones en transferencias para las municipalidades, a lo que se suman los Q3,227 millones del Aporte a los Consejos de Desarrollo. En 2009 las transferencias ascendieron a Q5,022 millones, lo que permite suponer, en un cálculo grueso, que en los últimos 14 años recibieron fácilmente Q120,000 millones.
Así que dinero no les ha faltado ni les falta. Las municipalidades son un barril sin fondo y a pesar de tanto dinero que han recibido, reciben y recibirán, se escudan en su carencia para no atender lo esencial. El MARN, haciendo uso de la rectoría sectorial, que muchos ministerios proclaman ad nauseam, pero sin pasar del discurso, desde hace muchos años debió denunciarlas ante el Ministerio Público, por incumplimiento de deberes, agregando que se deduzca a las autoridades municipales responsabilidades civiles y penales, por daños a la salud de la población del ambiente, a fin de forzarlas a que atiendan el problema de los desechos sólidos. Que implementen las acciones necesarias para que los desechos generados en sus jurisdicciones sean recolectados y dispuestos adecuadamente y de esa manera evitar que, especialmente en la temporada de lluvias, los desechos sean arrastrados por los ríos y vayan a parar al mar.
Lejos de eso, y siempre vinculado a las tareas básicas de las municipalidades, en agosto de 2021 se emitió el “Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes”, en donde les dan un plazo de dos años para cumplirlo. ¡¡¡Para cumplir una competencia que les fue asignada, al menos a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la Ley de Municipalidades de 1946, y reiterada en los Códigos Municipales de 1957, 1988 y 2002!!! Sobrado tiempo para evitar que el país sea el basurero que es actualmente.
Pero los sucesivos gobiernos, lejos de preocuparse porque las autoridades municipalidades cumplan con sus obligaciones, no dejan de alcahuetearlas. En el Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales (2006) se les fijó plazo a 2015 para instalar plantas de tratamiento primario, que fue prorrogado en dos ocasiones. En la última, en 2019 por el gobierno de Morales, corrieron el plazo para tener tratado el 60 % de las descargas a 2023, y el restante 40 % hasta 2027. No hace falta ser adivino para decir que este año habrá nueva prórroga, y que dentro de dos años estarán alargando el plazo para cumplir el reglamento de desechos sólidos.