Luis F. Linares López
En la columna anterior – batalla decisiva contra la corrupción – decíamos que la lucha entraba en una fase decisiva a partir de la decisión de Jimmy Morales de declarar non grato al comisionado Velásquez. A pesar de la sistemática y, dentro de algunos sectores, efectiva campaña de descalificación y distorsión de la labor de la CICIG, las multitudinarias y pacíficas manifestaciones del 20 de septiembre demostraron que la ciudadanía está consciente de la imperiosa necesidad de combatir la corrupción. La convocatoria de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), acuerpada entusiastamente por estudiantes de otras universidades y numerosas expresiones de la sociedad, fue todo un éxito.
Pero a pesar de esa muestra contundente de repudio a Morales y a los inmorales diputados, tanto el gobierno como los grupos que trabajan abierta o solapadamente para que fracase la lucha contra la corrupción, continúan con los argumentos inconsistentes, falaces y distorsionadores, buscando socavar la labor del MP y la CICIG y apoyando a los funcionarios de este y de gobierno anteriores, comenzando por los ex miembros del gobierno de Pérez Molina. En su discurso ante la asamblea de la ONU, en otra de las increíbles torpezas a las que ya nos tiene acostumbrados el gobernante volvió a retorcer los argumentos: la vulneración del principio de presunción de inocencia, la justicia selectiva, las presiones mediáticas sobre los jueces, la politización de la justicia y la judicialización de la política. Demostrando una ignorancia pocas veces vista en un gobernante señaló, como una de las fallas de la CICIG, su intervención en los procesos judiciales, cuando el acuerdo de creación la faculta para promover persecución penal y constituirse como querellante adhesivo. Incluso plumas supuestamente letradas, continúan proclamando que Morales aplicó correctamente la Convención de Viena al actuar contra Velásquez, omitiendo que el comisionado no es jefe de una misión diplomática.
Ante la posibilidad de que fuera declarado con lugar el antejuicio promovido contra Morales y que este fuera separado del cargo, surgen otros argumentos deleznables. Quienes los esgrimen dan la impresión de ser tontos, pero al final tiene uno que concluir que se trata de cínicos, que por defender a unos cuantos que se embarraron en la corrupción no tienen empacho en apoyar la ofensiva de los corruptos. Estos, desde el Congreso ya demostraron que, ante la menor señal de vacilación de la ciudadanía, están dispuestos a impulsar las mayores aberraciones que pueda uno imaginarse pues, al final, la función pública solamente pueden concebirla como medio de rapiña.
De esa forma argumentan que comparados con los delitos cometidos por Pérez Molina y su pandilla, los de Jimmy y sus familiares – proporcionar unas facturitas para hacer una campañita y omitir informar sobre la plata de la campaña presidencial – son peccata minuta. Olvidan que Morales basó su campaña en el hecho que no era ladrón ni corrupto. Esa fue su prédica, por lo que la impostura es aún más imperdonable. También aseveran que no podemos darnos el lujo de cambiar presidente cada dos años. Con lo que implícitamente postulan que debemos hacer caso omiso de la posibilidad de que haya cometido algún delito. El presidente del CACIF (Cuarto Poder 15/)/17), afirmó que la “crisis actual está muy difícil aunque sería peor quedarnos sin presidente otra vez” y otros preclaros líderes empresariales han señalado que la lucha contra la corrupción no debe paralizar el país. Ignoran que la “crisis” de la salida de Pérez Molina no tuvo impacto negativo alguno en la economía. Más bien sirvió para que Guatemala, por primera vez en muchos años, fuera motivo de admiración en el mundo. Tampoco reparan en la posibilidad de que Guatemala, de seguir imperando la corrupción, se convierta en un clepto-Estado o en un narco Estado, donde los capitales tradicionales no tendrán otra opción que alinearse o ser despojados.
También arguyen que si sale Morales, Jafeth Cabrera sería peor, por lo que debemos resignarnos y hasta sostenerlo. Que nada se gana con la renuncia de los 107 diputados, porque los sustitutos pueden ser iguales o peores. Ante toda esta ensarta de disparates, baste con indicar que la aplicación de la ley no puede supeditarse a motivaciones políticas. De lo contrario estaremos estimulándola. Es como si dijéramos que es preferible dejar de perseguir a las maras o a los narcotraficantes, pues una vez en prisión otros – quizás más sanguinarios – tomarán el relevo.