En una democracia funcional, las elecciones representan la oportunidad para que los ciudadanos puedan elegir libremente en las urnas a sus nuevas autoridades y escoger a los y las mejores para dirigir el destino del país. En menos de un año habrá terminado el proceso electoral y el futuro nacional para cuatro años se habrá sentenciado.
¿El diablito? ¿La dama? ¿El catrín? ¿El valiente? ¿La muerte? ¿El borracho? ¿El músico? ¿El soldado? ¿El alacrán? ¿La bota?
Estas y otras figuras aparecerán en la extensa boleta de votación que cada ciudadano empadronado recibirá para elegir presidente y vicepresidente en las elecciones generales del 2023, en las que el oficialismo espera tomar el control de diputaciones y municipalidades, aprovechando la inversión pública que empieza a llegar a manos llenas a toda la República.
En el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hay efervescencia desde ahora, con el fin de poner a punto toda la maquinaria para el proceso electoral, que tiene ya una calendarización tentativa: convocatoria el 20 de enero; primera vuelta de votaciones el 25 de junio; y segunda vuelta o balotaje el 27 de agosto.
La convocatoria se hará para elegir en elecciones generales presidente y vicepresidente, 160 diputados y 340 corporaciones municipales. Si ningún binomio presidencial obtiene mayoría absoluta en la primera vuelta, los dos que tengan el mayor número de votos deberán ir al balotaje definitivo.
Esta será el décimo proceso de elecciones generales que se lleva a cabo en Guatemala desde 1986, la seguidilla más larga de nuestra historia, desde que se decretó por Rafael Carrera el nacimiento de la República en 1847. Ningún candidato ha ganado en primera vuelta.
Partidos de todos los colores
A poco más de cuatro meses para que el TSE emita la convocatoria, el Registro de Ciudadanos, que es el encargado de llevar el control de todas las organizaciones políticas, tiene un total de 27 partidos vigentes, con capacidad para participar en el proceso eleccionario de 2023.
Como todo parece indicar, los partidos que tenían algún problema y estaban en vías de cancelación no sufrirán ya contratiempos, en buena medida porque forman parte de lo que ahora se llama la alianza oficialista, que ha funcionado a cabalidad en el Congreso por medio de las bancadas de los partidos afines a Vamos, del presidente Alejandro Giammattei.
De los 27 partidos políticos que pueden postular candidatos a cargos por elección popular, solamente cuatro de ellos han llegado al poder: El Partido de Avanzada Nacional (PAN) –aunque bajo otra cúpula de liderazgo–, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Frente Convergencia Nacional, FCN-Nación, y Vamos.
Aunque el número de empadronados sigue creciendo y se espera superar los nueve millones de ciudadanos registrados, el nivel de personas afiliadas a los partidos sigue siendo considerablemente bajo, al extremo que ninguna de las organizaciones inscritas alcanza el número de 100 mil.
La UNE, que creció cuando fue partido oficial bajo la presidencia de Álvaro Colom, es el partido más grande, pero con apenas 89,453 afiliados, según el último dato proporcionado por el Registro de Ciudadanos. Le siguen Vamos (42,753) y Pan (41,620), mientras los demás tienen cifras inferiores a los 35,000 afiliados.
Curiosamente todos los partidos, con una sola excepción, tienen su sede central en la ciudad capital, lo que demuestra que hay poca participación de organizaciones políticas surgiendo del interior. El único partido que no es capitalino es Victoria, que nació y permanece como una fuerza del municipio de Mixco.
Las caras conocidas
Entre los 27 partidos –o fichas, como se les llama coloquialmente–, hay dos que ya decidieron formar una alianza –partido Unionista y Valor–, lo que deja 26 organizaciones como potenciales participantes, aunque no todas lograrán participar a nivel de binomios presidenciales.
Con tantos partidos, con diversidad de nombres y símbolos, no es difícil concluir que pesarán más los candidatos que las propias organizaciones. Por esa razón es que la mayoría de ellos realiza acercamiento a personalidades más reconocidas, para lograr un posicionamiento más inmediato.
Por ahora, los considerados favoritos, son aquellos que han tenido participaciones previas a nivel electoral, precisamente por el grado de conocimiento que han alcanzado en el electorado.
Por ello no extraña que los nombres más sonados sean los de excandidatos presidenciales:
Zury Ríos (Valor); Sandra Torres (UNE), Edmond Mulet; Thelma Cabrera (MLP); Roberto Arzú (Podemos) y Manuel Villacorta (URNG). El oficialismo todavía analiza el camino que debe seguir, aunque parece que podría lanzar al diputado Manuel Conde, de poco arraigo y conocimiento popular.
Mientras, otros nombres de presidenciables suenen en el ambiente, aunque no necesariamente llegarán a colocarse al frente cuando principie la carrera. Entre ellos se menciona a Neto Bran, el alcalde de Mixco, la diputada y exprimera dama Evelyn Morataya –exesposa de Alfonso Portillo–; y Hugo Peña, pero ninguno de ellos con posibilidades de destacar.
Las pocas encuestas que se conocen colocan a Zury Ríos como la candidata con mayor popularidad en este momento, aunque en el pasado se ha comprobado que no siempre gana las elecciones el candidato que principia en primera posición.
El oficialismo deshoja margaritas
Para este análisis, Crónicarealizó algunas entrevistas off the record –asegurando a las fuentes el anonimato–, y en base a ellas se puede asegurar que todavía se evalúan diferentes escenarios para decidir sobre el proceso.
Algunos funcionarios de gobierno, pero cercanos al gobernante y al partido Vamos, aseguran que, en primera fila para ser nominado como candidato oficial, aparece el diputado Conde, pero el presidente Giammattei sabe que no es un candidato avasallador y no es fácil que gane en las urnas.
El oficialismo ha mantenido durante más de dos años una sólida alianza política con Zury Ríos y Sandra Torres, pero el mandatario y su partido no se siente cómodos dando todo el apoyo a cualquiera de las dos. Por el momento, Torres ha salvado el primer escollo al lograr que el oficialista TSE permita la participación de su partido, que estuvo a punto de ser cancelado.
No hay acuerdos aún con ninguna de ellas, pero hay pláticas en diferentes niveles, para determinar si se puede llegar a entendidos sólidos que permitan el continuismo, aunque se cambie de partido en la cúpula del Gobierno y de la alianza oficialista, que quieren que continúe después del 14 de enero del 2024.
La que lo tiene más complicado en Ríos, pues su participación dependerá de la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuando revise el impedimento legal que la dejó fuera de la contienda en las pasadas elecciones, por ser hija del general Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder por un golpe de Estado.
De acuerdo con el artículo 186 de la Constitución, no podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: a) El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno… c) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo.
Aunque la candidata del partido Valor cuenta con una resolución favorable de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), seguramente el caso debería ser conocido por la CC, que controla en su gran mayoría el oficialismo.
Si Gimmattei no concede su apoyo y no favorece a Ríos, podría haber distanciamiento con alguna parte del sector empresarial, pero el mandatario sabe también que en caso de que ella gane las elecciones, la balanza del poder se inclinará hacia un nuevo grupo político dominante y su alianza habrá perdido el papel protagónico.
La estrategia
Según las fuentes consultadas, el oficialismo sabe que con Conde tiene difícil ganar de manera limpia en las elecciones, por lo que se trabaja activamente en atraer a la mayor cantidad de alcaldes para que trabajen por el candidato de Vamos y para ello se han destinado miles de millones de quetzales para sus inversiones y que así aseguren su reelección.
Lo mismo ha sucedido con numerosos diputados, a los cuáles se les ha favorecido con obras en sus departamentos, lo que indirectamente les facilita –vía corrupción o sobornos– obtener recursos para que puedan sacar los votos necesarios para su reelección.
Con esto el oficialismo pretende robustecer la fuerza en el interior para Conde o el candidato que finalmente se elija, aunque todo apunta al diputado, actual miembro del PAN.
Reforma no llega o es amañada
Desde hace dos años se viene reclamando por diferentes sectores de la sociedad civil y los tanques de pensamiento, la necesidad de reformar la Ley electoral y de Partidos Políticos (LEPP), pero hasta ahora, el oficialismo en el Congreso se había hecho de oídos sordos.
Sin embargo, en los últimos días se apresuró la Comisión de Asuntos Electorales a emitir un dictamen favorable a la iniciativa para hacer las reformas propuestas por el TSE, sin que siquiera se hayan discutido.
A menos de cinco meses de la convocatoria, parece improbable que se aprueben las reformas, tomando en cuenta que se requieren 107 votos. Aunque la alianza oficialista los ha tenido en otras leyes o iniciativas, esta vez podrían surgir discrepancias a lo interno de los partidos aliados, toda vez que se beneficia a algunas organizaciones y se perjudica a otras.
Además, de aprobarse las reformas, las mismas tendrían que ser enviadas a la CC. De hecho, ya algunos partidos que hasta ahora se han mantenido fieles a los mandatos del oficialismo, ya se han expresado en contra de las reformas que propuso el desprestigiado Tribunal Electoral.
En todo caso, si camina la reforma y cuenta con todos los partidos alineados, significa que serán cambios amañados para beneficiar al oficialismo.
En resumen, los guatemaltecos podrán escoger entre un ramillete de candidatos presidenciales, pero no necesariamente habrá un candidato ideal. Habrá qué escoger entre las figuras de la lotería.
Recuadro
Listado de partidos.
Este es el listado de las organizaciones políticas inscritas y autorizadas para participar en el proceso eleccionario:
- Valor (Valor) 30,689 afiliados.
- Podemos (Podemos) 25,961.
- Todos (Todos) 29,475.
- Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) 25,290.
- Bienestar Nacional (Bien) 24,297.
- Partido Unionista (PU) 24,473.
- Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) 89,453.
- Unión del Cambio Nacional (UCN) 29,630.
- Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) 27.473.
- Visión con Valores (Viva) 27,889.
- Victoria (victoria) 25,097.
- Winaq (Winaq) 24,629
- Compromiso, Renovación y Orden (Creo) 26,493.
- Vamos (Vamos) 42,753.
- Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) 24,262.
- Partido Humanista de Guatemala (PHG) 26,404.
- Prosperidad Ciudadana (PC) 24,405.
- Semilla (semilla) 25,952.
- Unión Republicana (UR) 27,654.
- Partido Popular Guatemalteco (PPG) 27,401.
- Partido Republicano (PR) 26,727.
- Cambio (Cambio) 28,013.
- Comunidad Elefante (Elefante) 29,763.
- Partido Político Nosotros (PPN) 30,546.
- Cabal (cabal) 32,692.
- Partido de Avanzada Nacional (PAN) 41,620.
- Azul (Azul) 29,673.