Se aprovecha que la atención de la población se centra en las celebraciones
En medio de las celebraciones de fin de año y el anuncio de parte de Coprecovid sobre la «segunda ola de contagios» por el covid-19, salen a luz actos de corrupción en la administración pública, al tiempo que en el sistema de justicia se acentúan las resoluciones a favor de la impunidad, como cierre del 2020.
En la Superintendencia de Telecomunicaciones, el 23 de diciembre el presidente Alejandro Giammattei decidió remover al superintendente José Monterrosa Mazel, quien se negaba a firmar una concesión de frecuencia para explotación del sistema 4G y, según denuncias de funcionarios de dicha dependencia, recibía «presiones» para hacerlo sin realizar una licitación pública, como marca la ley.
El mandatario nombró el 29 de diciembre como nuevo superintendente a Marco Antonio Baten Ruiz, un técnico en informática que ocupó puestos sin relevancia en el ministerio de Educación y Guatel. El ascendido burócrata firmó antes de tener 24 horas en el cargo, el controversial expediente dando en concesión la frecuencia, sin pago alguno para el Estado.
El nombramiento de Baten, ni siquiera fue anunciado por la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), el órgano oficial para dar a conocer las noticias gubernamentales.
Según expertos en la materia, en una licitación transparente –que no suelen darse en la citada Superintendencia–, el Estado de Guatemala podría recibir entre US$400 y US$ 500 millones, lo que significa una pérdida de ingresos para el Estado de más de Q3 mil 500 millones.
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, solicitó de inmediato la investigación de la Contraloría por la adjudicación de las bandas 600 MHz y 700 MHZ, que fueron entregadas sin licitación a una empresa desconocida que, sin embargo, podría cederlas a terceros operadores, ya sea telefónicas o canales de televisión, para que desarrollen proyectos de internet en tecnología 4G.
A lo interno de la Superintendencia se dice que hubo algo más que «tráfico de influencias desde lo mas alto», y por eso la llegada de un funcionario que no tiene amplios conocimientos con el manejo de frecuencias.
Justicia a favor de la «clase políitica»
Mientras este hecho de corrupción afloraba, se ha conocido también que la Sala de Apelaciones de Mayor riesgo, integrada por los magistrados suplentes, César Anibal Najarro López, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchité Barrientos, ordenara anular todo el proceso judicial en contra del exdiputado Armando Escribá Morales, acusado de los delitos de lavado de dinero, fraude, concusión y falsedad en declaración jurada patrimonial.
Los magistrados suplentes aprovecharon el momento para emitir su resolución, en la cual ordenan también que la jueza Erika Aifán, sea apartada del caso, lo que asegura la impunidad para el exdiputado, implicado en el caso Construcción y Corrupción. La Fiscalía Contra la Impunidad (Feci), insistirá en apelación que se proceda contra Escribá, tomando en cuenta la gran cantidad de pruebas que se han presentado en su contra.
Otra resolución con visos de amaño se ha dado por parte de la Sala Primera de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil, la cual concedió un amparo a favor de Sandra Torres, quien impugna las asambleas realizadas por el partido UNE, en las que se han nombrado autoridades contrrios a su corriente.
Dicho partido se encuentra dividido y hay denuncias públicas de corrupción contra los diputados que apoyan a Torres, quien también cuenta con favoritismo de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
¿Por qué secreto en precio de vacunas?
Finalmente ha trascendido que por medio de un acuerdo gubernativo, el presidente Giammattei ha decidido la compra de vacunas para el covid-19 de la farmacéutica Moderna, pero se suscribió un documento de confidencialidad, sobre el precio que Guatemala pagará.
De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, ninguna información –salvo la relacionada con seguridad nacional– puede ser escondida de la ciudadanía, lo que seguramente provocará que haya una impugnación por inconstitucionalidad al citado acuerdo suscrito por las autoridades guatemaltecas.
Sin grandes cambios en el Gobierno
Finalmente, diversas fuentes consultadas en el Gobierno asegurán que el presidente Giammattei no llevará a cabo grandes cambios en las altas esferas de su administración, y que, hasta este día, se resiste a remover al ministro de Gobernación, Gendry Reyes, como se exigió en las manifestaciones de noviembre pasado.
La que sí dejará el cargo, pero por voluntad propia, es la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Francis María Masek Sánchez, quien se aparta –según las fuentes consultadas, todas de crédito–, por disgusto con el trato del mandatario hacia los miembros del Gabinete. De tal cuenta que en 2021 llegará el tercer secretario de comunicación a un cargo que se considera muy cercano al presidente.
Por otra parte, aunque el Centro de Gobierno queda disuelto a partir de este día, la mayor parte del personal que lo integraba ha sido ya reubicado en dependencias del Gobierno y en la propia Secretaría Particular de la Presidencia, a cargo de Miguel Martínez, considerado como el hombre más influyente del Gobierno, por su proximidad al presiden Giammattei.
Las atribuciones de esta Secretaría son similares a las del desaparecido Centro de Gobierno, por lo que poco o nada cambiará el sistema de trabajo de los ministerios, que siguen bajo la supervisión y escrutinio de Martínez.