En marcha persecución por ‘amaño’ de elecciones de magistrados
El MP y la CICIG han destapado la caja de Pandora, sobre la forma en que mafias criminales han amañado la elección de magistrados en las comisiones de postulación y han dado el primer golpe en una investigación que seguramente agitará al sector justicia durante el 2017, pues muestra como el Rey del Tenis, Roberto López Villatoro, ha logrado influir para llevar a la presidencia de la Corte Suprema a la magistrada Silvia Patricia Valdés Quezada.
Ayer fue miércoles de CICIG, y desde horas de la mañana se supo que a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se presentaron hoy dos solicitudes de antejuicio contra los magistrados Blanca Aída Stalling Dávila y Eddy Giovanni Orellana Donis, mientras que en horas de la mañana se allanaron las oficinas del abogado Roberto López Villatoro, alias El Rey del Tenis, quien no fue capturado pero ha quedado con orden de arraigo para impedir que salga del país.
Era un secreto a voces en círculos relacionados al sector justicia, que en la comisiones de postulación se había tráfico de influencias y manipulación para llevar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otras magistraturas a personas que contribuyeran para mantener el marco de impunidad, utilizado –entre otros–, por la clase política, particularmente aquellos funcionarios que pudieran verse involucrados en casos de corrupción.
Se sabía pero nadie podía probar nada, dice Hellen Mack, activista del sector justicia, en donde ayer se aplaudía este primer gran paso, pero hace falta mucho por destapar, de acuerdo a declaraciones suyas.
En conferencia de prensa, Iván Velázquez (Comisionado de la CICIG) y Thelma Aldana (Fiscal General), dieron pormenores de cómo se trabajaba en las comisiones, con el caso específico Orellana Donis, magistrado presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, a quien se espera que la CSJ levante pronto la inmunidad de que goza en este momento para que las investigaciones profundicen.
Este personaje es acusado por los posibles delitos de cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber.
Él habría influido para postular a varios de los magistrados de la Corte Suprema, incluida la presidenta actual Silvia Patricia Valdéz Quezada, cuestionada en diversos medios, precisamente por vínculos con sectores oscuros.
Como muestra del nivel de influencias y corrupción que privaba, se explicó a la prensa que el magistrado recibió de parte Roberto López Villatoro un y lujoso apartamento en la zona 14, a cambio de favorecer sus intereses en la elección de magistrados de la CSJ en el proceso de comisiones de postulación de 2014, en el cual participó como delegado del Instituto de Magistrados.
Dentro de la investigación se estableció que El Rey del Tenis, entregó el apartamento de más de 300 metros al magistrado y su esposa, pero pronto salieron a relucir anomalías, pues los antiguos propietarios, los hermanos Carlos Augusto, Vicente Rafael, David Edmundo y Daniel Estuardo, de apellidos Escobar Ulloa, denunciaron la forma en que fueron virtualmente despojados del inmueble por amenazas del propio Lopez Villatodo, a través de sus abogados. Se negó a pagar el precio de más de Q2.5 millones pactado y realizó pagos inferiores, siempre con actitudes intimidatorias, según las pesquisas preliminares.
Se ha comprobado que las entidades que pagaron el inmueble no guardan relación alguna con el magistrado Orellana Donis ni con su esposa la señora Alonso Hidalgo y sí, en cambio, tienen directa relación con Sergio Roberto López Villatoro
Se utilizaron para la compra las empresas NICO S.A. LOVI & Asociados, cuyo tercer y último socio es el señor Sergio Roberto López Villatoro, y que ambas entidades reportan la misma al igual que la otra entidad compradora del inmueble, ALTA SEGURIDAD S.A.
Por lo anterior puede cree que el dinero utilizado para la adquisición del apartamento en el Condominio El Torreón no guardan relación con el patrimonio de los esposos Orellana Donis y Alonso Hidalgo, y si con fondos administrados por empresas bajo el control de Sergio Roberto López Villatoro.
La claridad de tales hechos, se puso en evidencia cuando López Villatoro enterado acerca de la investigación en curso adelantada por la CICIG y FECI, se apersonó a la sede de la primera el jueves 14 de marzo 2015, con el fin de aportar documentación a título de «pruebas de descargo», informando que si bien el pago lo realizó la entidad NICO S.A., el magistrado Orellana Donis y su esposa gestionaron con ocasión de esa compra un crédito bancario con garantía hipotecaria otorgado a su favor por el Banco G&T Continental.
No obstante, el crédito en cuestión, identificado con el número 10-0011251, autorizado por la cantidad de Q2,000,000.00, con los inmuebles del Edificio El Torreón como garantía, fue concedido a partir del 20 de abril del año 2015, es decir más de cuatro meses después de la firma del acuerdo de compraventa de los inmuebles y tras trece meses de residir en dicho apartamento. Adicionalmente, al observar los estados de cuenta de la entidad NICO S.A. y los depósitos que ésta recibió, se puede aseverar que Orellana Donis no pagó con este crédito el valor del apartamento ya que no se reporta transferencia alguna de su parte a favor de la empresa que compró el inmueble.
Todo lo anterior permite concluir que el apartamento 2A del edificio El Torreón, ubicado en la décima calle 3-44 de la zona 14 de la ciudad capital y sus respectivos parqueos, fueron entregados al magistrado Orellana Donis y su esposa, demostrándose que los fondos utilizados para la compraventa provinieron de entidades relacionadas al abogado López Villatoro.
Aunado a todo ello, existen indicios razonables que evidencian cómo los bienes inmuebles referidos fueron entregados como dádiva o beneficio patrimonial al magistrado a cambio de promover los intereses del Rey del Tenis en el proceso de las Comisiones de Postulación de 2014 y favorecer la elección de ciertas personas allegadas a su persona.
Velázquez recordó que López Villatoro, presume defender sus intereses al influir en el sistema de justicia, al reconocerlo en entrevistas a varios medios de prensa.
Proceso de elección de magistrados
El proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema tuvo lugar entre julio y septiembre de 2014 y Orellana Donis integró la terna 8. Dicha terna, en sesión de fecha 2 de septiembre de 2014, revisó los señalamientos e impedimentos presentados en contra de los candidatos incluidos en la caja número 3, la cual contenía los expedientes número 22 al 32 y entre los cuales se encuentran los actuales Magistrados titulares de la CSJ Vitalina Orellana Orellana, Silvia Verónica García Molina y José Antonio Pineda Barales, los magistrados suplentes Guillermo Demetrio España Mérida y Mario Estuardo Gordillo Galindo, así como el ex magistrado Douglas René Charchal Ramos. Una vez salvada esta etapa de conocimiento de impedimentos y señalamientos, el proceso de selección continuó con la etapa de revisión y evaluación de los expedientes.
En sesión de fecha 4 de septiembre 2014 se distribuyeron nuevamente las cajas de expedientes entre las ternas conformadas, apreciándose que cada una de las ternas recibió una caja de expedientes diferente a la que evaluó en la etapa anterior, con excepción de la terna número 8, integrada por el magistrado Orellana Donis, la cual continuó evaluando los expedientes contenidos en la caja número 3. Además, en sesión de fecha 11 y 12 de septiembre de 2014 se distribuyeron más expedientes y la terna número 8 recibió los número 144 al 152, en los cuales se encontraban la actual presidenta de la Corte, Silvia Patricia Valdés Quezada y la magistrada Suplente María Consuelo Porras Argueta. Por lo tanto, deriva de lo anterior que Orellana Donis, evaluó y calificó a 8 de los 26 magistrados electos.
De estos candidatos, existen indicios que evidencian una relación de confianza con el abogado Sergio Roberto López Villatoro, entre los cuales se encuentran los siguientes:
- Vitalina Orellana Orellana, contrató los servicios de la notaria Alba Ruth Sandoval Guerra para realizar el 13 de mayo del 2014 un acto de identificación de persona a su favor. También contrató los servicios de la notaria Wendy Yesenia Gómez Silva para celebrar el 30 de marzo 2015 una compraventa de derechos posesorios de bien inmueble, del cual la magistrada fue la compradora. Como se estableció anteriormente, ambas notarias son personas que trabajaban con el abogado López Villatoro en cuanto celebraron la constitución de al menos nueve empresas en el año 2014 solamente, todas domiciliadas en la misma oficina que la entidad Lovi & Asociados, evidenciándose así una relación de confidencia y dependencia que los une. Esto denota una relación de confianza y cercanía entre ellos, que deja entrever la posibilidad de que el abogado haya tenido interés en verla alcanzar la máxima autoridad del Organismo Judicial.
Como muestra de afinidad aún mayor, la abogada y notaria Alba Ruth Sandoval Guerra trabajó en cercanía de la magistrada Orellana Orellana como su asistente en la Cámara de Amparos y posteriormente como Secretaria General de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, evidenciándose así, por la naturaleza del cargo, lazos de confianza con la actual Presidenta Silvia Patricia Valdés Quezada.
Siendo así que existen indicios racionales que evidencian relaciones de confianza, compañerismo y afinidad de López Villatoro con las magistradas de la Corte Suprema de Justicia Vitalina Orellana Orellana y Silvia Patricia Valdés Quezada, cuyos expedientes fueron examinados y puntuados por el magistrado Orellana Donis y su terna, y posteriormente electos como representantes titulares del máximo órgano del Organismo Judicial.
Caso de Blanca Stalling
Blanca Aída Stalling Dávila, Magistrada Vocal VII de la Corte Suprema de Justicia. Posible delito: Tráfico de influencias, y otros que se deriven de la investigación.
Se le señala de pretender influir en las decisiones del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, designado para realizar el juicio en contra de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, uno de los sindicados del caso IGSS-Pisa.
La denuncia fue presentada en la FECI por el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda el 10 de enero de 2017, quien expuso la forma en que fue abordado por la magistrada Stalling, abogando ante él por la suerte de su hijo. Fue citado para presentarse con Stalling el 1 de septiembre de 2016. En su denuncia, el juez Ruano Pineda explicó que tuvo la precaución de grabar la entrevista con la magistrada Stalling Dávila para tener prueba de que fue invitado a esa reunión, y que en ningún momento comprometió su trabajo, ni aceptó nada a cambio.
Se constató en el registro de audio que la magistrada Stalling Dávila manifestó que lo había citado porque él había sido designado para integrar el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, que conocería el caso IGSS-Pisa, en el cual su hijo menor, Otto Fernando Molina Stalling, era uno de los sindicados. Le expuso que no le quería pedir nada ilegal, sólo expresarle su sentir como madre y la situación de su hijo quien llevaba detenido año y cuatro meses sin que el debate se llevara a cabo, por lo que le pedía coadyuvar con los otros jueces para imprimirle agilidad al caso. Asimismo, le expresó la importancia de que profundizara en el estudio del expediente, y se detuvo en reflexiones acerca de la delicada misión que corresponde desarrollar a los jueces, expresando que en su sentir era mejor absolver a un culpable, que condenar a un inocente.
Posteriormente le expresó que para el día siguiente, dos de septiembre de dos mil dieciséis, se llevaría a cabo audiencia de revisión de medidas de coerción y que tanto a su hijo, como a las enfermeras que conformaron la junta de licitación, podría otorgárseles una medida sustitutiva porque los delitos por los que se procede no tienen prohibición, y porque aquél y éstas no tenían dentro de sus potestades la posibilidad de influir en la licitación, pues eso normalmente viene arreglado desde que se elaboran las bases, fase en que se orienta el contrato hacia alguna empresa.
No obstante, lejos de dar por concluido el diálogo, la magistrada prosiguió, insistiendo en la necesidad de agilizar el debate y efectuar un exhaustivo estudio del expediente por parte de los jueces, preguntando al juez Ruano si ya había leído bien el expediente, ante lo cual éste le contestó que aún no había terminado por haber si designado este caso al Tribunal dos semanas atrás. Ante ello la magistrada le expresó que hasta para resolver sobre una medida sustitutiva se tiene que tener idea de cuál había sido la participación del sindicado, procediendo a hacerle una detallada exposición del caso a su interlocutor, desde su muy particular visión, con el claro propósito de persuadirlo acerca de la ausencia de responsabilidad penal de Otto Fernando Molina Stalling en los hechos investigados.
Por lo anterior, el MP y la CICIG consideran que la magistrada Stalling Dávila pudo incurrir en el delito de tráfico de influencias, así como otros que se deriven de la investigación que se realice contra la funcionaria judicial, al pretender influir en las actuaciones del Tribunal Noveno de Sentencia Penal. Entre las pruebas presentadas en esta solicitud está el audio de la reunión entre el juez Ruano y la magistrada Stalling.
(fotos: InsightCrime, minotoero de medios y CSJ)