- Cuando el periodista José Rubén Zamora ha pasado más de tres años privado de su libertad sin que prueben nada en su contra, se suman rostros y hechos de una criminalización para acallar su voz.
- Zamora Marroquín denuncia como principales responsables de su «injusta» persecución judicial al expresidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general, Consuelo Porras.
En la bartolina en la cárcel Mariscal Zavala en la que ha sido recluido la mayor parte de los últimos tres años, el periodista José Rubén Zamora Marroquín, medita mañana, tarde y noche sobre su caso: «todo ha sido un montaje burdo, pero insisten en mantenerme aquí. Aún si fuera condenado injustamente, ya cumplí la pena en la cárcel. ¡Pero no tienen pruebas de nada!… porque nada hice, más que denunciar la corrupción».
El periodista asegura que antes de su captura el 29 de julio de 2022, su diario «elPeriódico» había publicado investigaciones sobre más de 40 grandes casos de corrupción durante la administración de Giammattei. «Montaron un caso imaginario en pocos días y trabajaron juntos fiscales y jueces para lograr mi captura y no dejarme salir».
Cuándo se le pregunta, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo, el sistema de justicia no funcione y no le den medidas sustitutivas al menos? Zamora responde lacónicamente: «Hay jueces y magistrados buenos, pero ellos (el MP), sabe a cuáles acudir por resolverán «a la medida», y su alido Fundaterror está siempre dispuesto a intervenir, Me tienen detenido a mí, pero han liberado a medio mundo de los grandes casos de corrupción…»
Este es un resumen, basado en informes de los abogados y organismos internacionales, que presenta los rostros y los hechos que muestran un caso claro de criminalización paraa silenciar una voz de expresión:
1.- Según Zamora, en el primer escalón están quienes dan las órdenes: El expresidente Giamattei y la fiscal general Porras, ambos sancionados por Estados Unidos y varios países por sus actos «corruptos y antidemocráticos.
Luego vienen los perseguidores y acusadores. Estos son los personajes y la tarea encomendada que llevan a cabo en el caso Zamora.
Los tres fiscales de la FECI forman parte de la Lista Engel de los Estados Unidos. En el caso de Curruchiche las sanciones se han acumulado a casi 30 países, incluyendo el bloque de la Unión Europea (UE).
2.- Luego viene el grupo calificado por muchos como «parajudicial», allegado al MP en todas sus acciones. Muchas veces es la punta de lanza para presentar denuncias espurias e iniciar procesos.
Tanto Ricardo Méndez Ruíz como el abogado Raúl Falla forman parte de la Lista Engel y tsambién han sido sancionados o señalados por la UE y organismos internacional y defensores de derechos humanos.
3.- El juez Fredy Orellana, considerado «el preferido de la FECI», es el mismo que ha girado órdenes de captura en varios casos de criminalización. En el caso de Zamora, esto es parte de lo que ha hecho. A pesaar de su evidente falta
Al igual que el resto del equipo, su nombre figura en la Lista Engel y no puede viajar a varios países, además de Estados Unidos.
4.- el otro juez que ha influido para que Zamora no pueda recuperar su libertad es Jimmi Bremer. A pesar de ser experto constitucionalista, muchas de sus resoluciones no son apegadas a los mandatos de la Constitución de la República.
¿Casualidad? Bremer también es parte de la Lista Engel por sus acciones corruptas y antidemocráticas. Curiosamente, ni el juez Orellana ni él han sido investigados por las autoridades del Organismo Judicial.
5.- Para cerrar con «broche de oro», después de jueces ad hoc se debe tener una Sala de Apelaciones que responda a los intereses del grupo que controla al MP, jueces y magistrados. Se trata de la Sala Tercera de Apelaciones, una de las favoritas de las fiscalías del MP, por las resoluciones que emiten.
Esta Sala es conocida como «la Sala de Felipe Alejos» el diputado que influye en los procesos de elección de magistrados en las comisiones de postulación.
El magistrado Prado Estrada fue abogado de Alejos y de Jimmy Morales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destacado en varios capítulos de sus informes de los últimos años las anomalías que comete el MP en los procesos contra exjueces, periodistas, o exfiscales, y repite «patrones» en su accionar. Casi siempre utiliza a estos mismos personajes para perseguir y acosar a quienes han denunciado o luchado contra la corrupción en el país.
El presidente Bernardo Arévalo ha denunciado públicamente que el MP y la fiscal Consuelo Porras «protegen a los corruptos». Analistsas y expertos coinciden con esta declaración y colocan como uno de los ejemplos más palpables el caso de Zamora Marroquín.
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