Los retos y peligros que enfrenta Giammattei tras errático nombramiento de Consuelo Porras

  • Su «alianza oficialista» encontrará oposición internacional, pero también doméstica

Tras cuatro días de celebración y júbilo en la «alianza oficialista», el presidente Alejandro Giammattei y su círculo más cercano miran con optimismo el futuro, sin sopesar los retos y peligros que les trae el nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general, en un momento de crisis global que complica la gobernabilidad en el país y puede traer conflictividad social.

El momento no ha sido oportuno, pues el ambiente ya estaba turbio y la crisis económica golpea a la población, al extremo de poder convertirse en el principal detonante para despertar a una ciudadanía que sigue manifestando su inconformidad con el gobierno y el presidente Giammattei, pero no se decide a salir a protestar por sus derechos, al menos hasta ahora.

A lo interno, la «alianza oficialista», principiando por el gobernante y su círculo más intimo, saben que tienen el poder para controlar muchas de las situaciones que pueden presentarse. De hecho, esa fuerza de control institucional ha sido la que permitió que ni siquiera se contemplara la elección de cualquier otro aspirante a fiscal general, aún sabiendo que las cosas no variarían demasiado.

La «alianza oficialista» es una estructura conformada a manera de amalgama, en la que los poderes son significativos: la encabeza el Ejecutivo y la integran partidos políticos, mafias y estructuras criminales, magistrados y jueces, empresarios, militares y los medios de televisión y radio de Ángel González, pero sobre todo, el control de los tres poderes del Estado las cortes, el MP y todas las instituciones importantes del país, con el apoyo de las municipalidades.

La «alianza oficialista» es la heredera del «pacto de corruptos» que se creó durante el gobierno de Jimmy Morales. Su sucesor, Alejandro Giammattei siguió la línea trazada.

Esa fuerza es la que hace que no teman a los retos que están por delante, aunque muchos analistas creen que «pueden haber sorpresas» para el mandatario y su corte.

Veamos los escenarios que se pueden presentar en las siguientes semanas y meses.

  • 1.- El panorama internacional

Aunque podría parecer bueno en algunos aspectos, el presidente Giammattei ha exacerbado el tema de la «soberanía nacional», como antes lo hicieron Jimmy Morales y Álvaro Arzú. El problema es que ha llevado la confrontación a un punto que ha complicado la política exterior de Washington, al extremo de referirse a Estados Unidos como «un país al que gracias a Dios tenemos a México de por medio».

Desde el 2021, Washington intentó vanamente convencer a Giammattei de la inconveniente que es que suprima la independencia de poderes en el país –establecida en la Constitución y piedra angular de cualquier democracia–, y se negó a promover que su poderosa alianza procediera a elegir nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y además promovió y obtuvo la integración de una Corte de Constitucionalidad (CC) sin voces disonantes.

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Una de sus más cercanas colaboradoras en crear un marco de impunidad en el país, la fiscal general Consuelo Porras, fue incluida en la Lista Engel, y declarada persona «corrupta y antidemocrática», algo que jamás había ocurrido con un funcionario de alto nivel.

Consuelo Porras se ha convertido en la «manzana de la discordia». La fiscal general es mal vista por la comunidad internacional, grupos pro justicia –nacionales e internacionales– y amplios sectores de la población. su gran apoyo es la «alianza oficialista» a la que ella responde.

Estaba claro que Estados Unidos no quería ni confiaba en Porras para un nuevo mandato al frente del Ministerio Público (MP), pero su nombramiento para cuatro años más significó un rompimiento con la administración del presidente Joe Biden.

«Aunque me inviten, ya les dije que no iré a la Cumbre de las Américas» dijo Giammattei ante el temor de que no sería invitado por Biden, como ha ocurrido con los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Estados Unidos es cauto y no quiere romper con el gobierno guatemalteco de tajo, por su posición geopolítica, pero Consuelo Porras puede ser el estirón que haga que se rompa la delgada cuerda de la tolerancia.

Algunos «expertos» de la cancillería dicen que Estados Unidos no puede ir más allá de las criticas a Porras, porque «Guatemala puede acercarse a China e incluso a Rusia», lo que según ellos hace temer a Washington. Sin embargo, Estados Unidos es también el principal socio comercial del país y llegar a esos extremos puede colocara a Guatemala en una posición demasiado complicada.

Además, otros cooperantes importantes para el país, países de la Unión Europea, se han manifestado temerosos sobre el poder que la clase política ejerce sobre la justicia.

La actitud de Giammattei raya en lo temerario, más que de una línea de defensa a la «soberanía nacional» –un término confuso, puesto que en realidad, la soberanía es del pueblo, quien la delega nada mas en los gobiernos–, puesto que tener de enemigo al país más poderoso del mundo y principal socio comercial pone muchos factores de seguridad y economía en peligro.

  • 2.- Convulso escenario doméstico

La gran duda es qué tanto se puede complicar el escenario doméstico para el Gobierno, el presidente y su «alianza oficialista». No es fácil anticiparlo, pero el malestar es bastante generalizado, al extremo que las pocas encuestas que se conocieron hasta el año pasado ya mostraban una baja popularidad del mandatario y alto rechazo a su gestión.

ALTO COSTO DE LA VIDA: Ahora hay nuevos ingredientes que puede disparar protestas y crear un ambiente de ingobernabilidad en el país. El primero y más dramático, es la situación económica. El gobierno ha demostrado su incapacidad para enfrentar la creciente alza de precios y la inflación parece galopante. El único remedio que ha encontrado es el subsidio para el gas y las gasolinas, lo que no soluciona el problema, sino que más bien lo puede agravar en el tiempo.

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La medida más parece otra gaveta de corrupción abierta a la discreción de las autoridades de Energía y Minas y los propios expendedores, que reciben el«subsidio« sin que haya una eficiente fiscalización.

No hay nada a la vista que permita suponer que se tomarán medidas correctas para detener el alza del costo de la vida, lo que anticipa malestar y, quizás, el mayor causante para promover protestas, como ya se ha visto por manifestaciones de sectores indígenas y campesinos.

LA CORRUPTELA: La designación de Consuelo Porras se hizo para garantizar que no se investigarían los grandes casos de corrupción de esta y la administración anterior. sin embargo, la prensa independiente sigue sacando a luz los casos de corrupción, lo que tarde o temprano la población se entera. Malestar por el alto costo de la vida y los casos de corrupción pueden ser el gran disparador para algún movimiento ciudadano, como el ocurrido en 2015, que terminó sacando de la presidencia y vicepresidencia a Otto Pérez y Roxana Baldetti.

COMPROMISOS DE IMPUNIDAD: La «alianza oficialista» se sustenta en buena medida en la fuerza que tiene para mantener el marco de impunidad. En el futuro inmediato y de mediano plazo, se verá que poco a poco siguen liberando a los acusados por casos de corrupción, un hecho que ha pasado bastante desapercibido.

Cada vez más los jueces dan libertad condicional o liberan a acusados de casos anteriores, aduciendo siempre que hay «debilidad en las pruebas» o que se utilizaron medios «no legales» para obtenerlas. Todo esto, sirve además para justificar la persecución contra fiscales y jueces que libraron la abortada lucha anticorrupción.

EL FRAUDE EN LA USAC: Ciertamente la fuerza de los estudiantes sancarlistas se ha visto debilitada en los últimos años, pero haber llevado al extremo el fraude para imponer como rector al oficialista Walter Mazariegos, ha llenado de indignación a estudiantes y catedráticos. Este podría ser uno de los focos de protesta y encender otras por diferentes causas.

MAS ELECCIONES RETORCIDAS: Aunque hay un absoluto control del sistema de justicia y de las principales instituciones, aún hay cuatro pendientes: la del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), el Contralor General de Cuentas (CGC), la de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los magistrados de sala. Las cuatro en manos del Congreso, controlado ampliamente por la «alianza oficialista».

De antemano se sabe que a todos los que se elija serán de tendencia oficialista. No hay forma de evitarlo, aunque no se debe descartar que esta legislatura prefiera continuara con las actuales autoridades del Organismo Judicial, lo que de todas maneras genera malestar y desconfianza.

Como puede verse, son muchos los escenarios en que el país podría verse inmerso en un periodo de intranquilidad, sin descartar que la crisis institucional lleve a protestas contra los abusos de la «alianza oficialista», que sigue confiando en que los tres poderes del Estado, más las fuerzas que se agrupan en ella, pueden mantener al pueblo silenciado y doblegado.

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