Luis F. Linares López
El sentimiento ciudadano de rechazo a la corrupción, incubado desde hace años por las prácticas cada vez más intensas y descaradas que, a lo largo de los años se fueron extendiendo por todo el aparato estatal y que alcanzaron el clímax durante el Gobierno de Otto Pérez Molina, encontró en las acciones del Ministerio Público y de la CICIG las evidencias que se necesitaban para tener la certeza de que estábamos ante un monstruo de mil cabezas que devoraba las entrañas del Estado y que consumía buena parte de los recursos fiscales, en detrimento de la atención de las necesidades fundamentales de la población.
Por esa razón, la repulsa a los corruptos se ha ido extendiendo como reguero de pólvora, compartida por los más diversos sectores de nuestra sociedad. La lucha contra la corrupción guarda similitud, en cuanto a su nivel de aceptación, con las libradas en contra de las dictaduras, que en el siglo pasado unieron al menos en dos ocasiones a toda Guatemala.
Por eso, el júbilo ante el procesamiento y prisión de Pérez Molina y Roxana Baldettti, y la satisfacción al ver igualmente vinculados a procesos a exfuncionarios del Ejecutivo, entidades descentralizadas, diputados y alcaldes que, con pruebas contundentes y la indispensable presión social, seguramente concluirán en condenas. Estas tendrán el efecto principal de dejar una lección clara sobre que los comportamientos ilegales tendrán cada vez más posibilidades de ser sancionados y que los responsables pagarán las consecuencias de sus actos, lo que les da un claro efecto disuasivo.
A esto se agregan las derrotas de figuras emblemáticas de la política convertida en negocio, como las sufridas por Manuel Baldizón y Sandra Torres, Alfonso Portillo, Otto Pérez Leal, Amílcar Rivera, Antonio Coro, Rolando Barrientos, Armando Paniagua y varios más. Ciertamente, muchos alcaldes y diputados indeseables ganaron nuevamente la elección, gracias, entre diversas razones, a la falta de opciones en unos casos y a que mantienen sus rebaños electorales.
La persecución penal de que es objeto el exsecretario privado de Álvaro Colom, que se había convertido en el zar de las medicinas, es un ejemplo de los muchos reductos que deben ser atacados a profundidad. Ojalá que el MP y la CICIG dispongan de suficiente recurso humano para continuar con sus bien fundamentadas acusaciones. A lo que deben sumarse los otros órganos de control. Ya comenzó la Procuraduría General de la Nación, en el caso del Transurbano. Falta la Controlaría General, que parece vivir en otro mundo.
Uno de los reductos de la corrupción es el aporte a los Consejos de Desarrollo Departamentales, casi Q 2,000 millones al año que forman una piñata a beneficio de diputados distritales, gobernadores y alcaldes. Obras de poca o ninguna utilidad, de costo sobredimensionado, es la constante.
Otro reducto, de una magnitud enorme, si se compara con los precarios ingresos fiscales, son las municipalidades, que solo en los 10 últimos años recibieron más de Q50 mil millones del aporte constitucional e IVA-PAZ. Los abusos en el sobreprecio de obras, gastos en asuntos que no les corresponden, violación de las normas presupuestarias y de contrataciones, son virtualmente infinitos. Se necesitan procesos y condenas que sienten precedentes, pues son pocas las municipalidades que no están convertidas en madrigueras de corruptos.
Otro reducto es el IGSS. Con un portafolio de inversiones de más de Q24 mil millones y más de Q2,300 millones para medicamentos, fue el blanco de la codicia del Gobierno de Pérez Molina, quien violó la autonomía del instituto para poner en la Presidencia a uno de sus cómplices. Ahora, con la designación por el Consejo Superior Universitario de la USAC, mediante un proceso transparente, de un nuevo director, se valen de una denuncia sin fundamento, para tratar de impedir la llegada de Edgar Balssells Conde a la junta directiva; a pesar de que trascendió en los medios de comunicación que se preparaban maniobras con ese propósito.
Para que pueda iniciar el rescate del IGSS, el presidente de la junta directiva y su suplente, nombrados sin respaldo moral por Pérez Molina, deben renunciar, para permitir que el presidente Maldonado realice una selección transparente del nuevo director titular designado por el Ejecutivo, a quien le corresponderá la Presidencia en los próximos seis años. Solo de esa forma se podrá iniciar el rescate del IGSS e impedir una nueva lucha para tomar su control.
A las investigaciones del MP y la CICIG deben sumarse las de otras instituciones como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de Cuentas.