Intentando dar una imagen de ejemplaridad desde su llegada al trono en 2014, el rey de España, Felipe VI, vuelve a verse debilitado por las acciones de su familia, que socavan la imagen de la monarquía.
El 26 de febrero, su padre, Juan Carlos de Borbón, anunció, vía su abogado, el pago de más de cinco millones de dólares al fisco, en impuestos atrasados por vuelos en jets privados pagados durante años por una fundación con sede en Liechtenstein.
La segunda regularización en pocos meses del rey emérito, objeto de tres investigaciones de la fiscalía y exiliado desde agosto en Emiratos Árabes Unidos cuando se multiplicaban las sospechas sobre el origen opaco de su fortuna.
El miércoles, las hermanas de Felipe VI, las infantas Elena y Cristina, reconocieron haberse vacunado contra el covid-19 en Abu Dabi cuando visitaban a su padre, esquivando el estricto protocolo de vacunación en España.
Con la polémica al rojo vivo, la Casa Real se limitó a indicar que Elena y Cristina ya no formaban parte, en el sentido estricto, de la familia real y, por tanto, Felipe VI no podía responder por sus actos.
Que la Corona vuelva a relucir
Felipe VI “lo está pasando mal, lógicamente”, porque “como todo el mundo, tiene corazón, pero ha puesto como prioridad su obligación” y “tiene claro que si tiene que elegir entre la familia y la monarquía, elige la institución”, señaló a la AFP el periodista José Apezarena, autor de varios libros sobre el rey.
Tras la abdicación en 2014 de Juan Carlos, cercado por los escándalos, Felipe VI ascendió al trono con la ambición de restaurar el prestigio de la Corona.
Rápidamente ordenó una auditoría de las cuentas de la Casa Real, publicó un código de conducta para sus miembros y en 2015 retiró el título de duquesa de Palma a la infanta Cristina, implicada junto a su esposo, Iñaki Urdangarín, en un vasto caso de malversación de fondos públicos.
Cristina fue finalmente absuelta por el tribunal, pero su marido cumple, actualmente en régimen de semilibertad, una pena de cinco años y diez meses de cárcel.
Ante la multiplicación de las revelaciones sobre la fortuna de su padre, el rey decidió el año pasado renunciar a su herencia y retiró a Juan Carlos su asignación anual pagada por el Estado de unos 200.000 euros (240.000 dólares).
Pero para Pablo Simón, polítólogo de la Universidad Carlos III de Madrid, el monarca podría verse en la tesitura de tener que ir más lejos.
“Su familia no está bajo su control y los comportamientos que tiene su familia suponen un daño enorme en términos de reputación para la Casa Real”, estimó Simón.
“Los escándalos de corrupción del rey emérito van a seguir saliendo a la luz durante los próximos años”, lo que podría llevarlo a “intentar levantar un cortafuegos más intenso todavía”, como por ejemplo pedir al gobierno “expulsarlo” de la institución monárquica retirándole el título de rey emérito, explicó el experto.
Situación “incómoda” para Pedro Sánchez
Si los escándalos de su familia ponen a Felipe VI bajo presión, también colocan al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, “en una situación más incómoda”, según Pablo Simón.
En los últimos días, tanto Sánchez como sus ministros socialistas, defensores de la monarquía parlamentaria vigente en España, han subrayado públicamente la “ejemplaridad” de Felipe VI, en contraposición al “rechazo” que provocan los “comportamientos poco cívicos” de su padre.
Pero los problemas de la familia real dan alas al socio minoritario de la coalición de gobierno, la izquierda radical de Podemos, una formación abiertamente republicana que exige un verdadero debate sobre la monarquía, en concierto con partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, apoyos del ejecutivo en el parlamento.
En diciembre, Sánchez habló de una “hoja de ruta” para modernizar la monarquía española en términos de “transparencia” y “ejemplaridad”.
Pero la apertura de un debate sobre una reforma de la Corona podría implicar la “fractura de la mayoría parlamentaria del gobierno”, advierte Pablo Simón.