Unos resultados demasiado ajustados podrían invocar el fantasma de fraude que desató las protestas en 2017
Xiomara Castro aspira a convertirse en la primera presidenta de Honduras y Nasry Asfura a dar continuidad al oficialismo
Los hondureños acuden a las urnas este domingo en unas elecciones presidenciales en las que decidirán al sustituto de Juan Orlando Hernández en la Presidencia del país, marcadas por el fantasma de la violencia post electoral vivida tras los comicios de 2017 y que se prevén como una materialización de la polarización en el país, dividido entre la vuelta del ‘zelayismo’, que se perfila como la opción más probable en las encuestas, o la perpetuidad del oficialismo.
Además de un presidente, en las urnas también se depositarán las preferencias de los hondureños para 128 diputados del Congreso, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes, así como 2.092 regidores. En el marco de la elección presidencial, de los 15 candidatos que concurren, solamente cuatro tienen posibilidades de hacerse con el poder, de los cuales dos son los claros favoritos: Nasry Asfura y Xiomara Castro, dos conocidos de la política hondureña que se juegan más que la Presidencia.
«Lo que van a dejar estas elecciones, gane quién gane, es una sociedad profundamente dividida entre ‘zelayismo’ y ‘antizelayismo'», recuerda en una entrevista con Europa Press Rogelio Núñez, investigador principal del Real Instituto Elcano, que apunta que «si las encuestas no se equivocan, ganará Castro y arrancará su mandato con una deriva ‘zelayista'».
Castro fue la primera dama de Honduras entre 2006 y 2009, con la Presidencia de su marido Manuel Zelaya, a quien un golpe de Estado apartó al poder, pero cuya influencia ha perdurado durante los años, lo que podría significar un retorno de sus políticos más de diez años después. Al frente de una coalición de izquierdas, lidera los sondeos con un 38 por ciento. No obstante, aunque consiga imponerse en las urnas, probablemente Castro «necesitará pactar y negociar la gobernabilidad, algo que provocará tremendas tensiones» en un entorno extremadamente polarizado, detalla Núñez.
‘Papi a la orden’, como es conocido popularmente Asfura en Honduras, es el candidato del oficialista Partido Nacional que busca cambiar la Alcaldía de Tegucigalpa por la Presidencia hondureña. Empresario que lideraba las encuestas hasta hace pocos meses, se ha visto desbancado por la coalición de fuerzas opositoras que, sin embargo, no lo han alejado del todo de la posibilidad de proclamarse vencedor.
Aunque ha izado la bandera de la anticorrupción durante su campaña, también se ha visto salpicado por algunas investigaciones por malversación de fondos y abuso de poder, entre otras. También entre los candidatos se encuentra Yani Rosenthal, del Partido Liberal, que cumplió estuvo tres años en una cárcel de Estados Unidos por malversación.
A diferencia de la tendencia a un sistema de dos vueltas en la región latinoamericana, Honduras cuenta con un sistema de una única ronda en la que «con que un candidato saque un voto más, ya es presidente», recuerda Núñez, lo que genera que el presidente «pueda llegar con una legitimidad muy reducida», a lo que se suma que se encontrará con un «Legislativo extremadamente dividido».
La situación es, sin duda, «tensa», a lo que hay que añadir que el actual presidente podría estar buscando formas de protegerse de un posible proceso judicial en Estados Unidos por las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre él, una polémica que se suma a las que ya arrastra tras su cuestionada victoria en las urnas en 2017, que le aseguró un segundo mandato a la vez que desató una ola de violencia y represión en el país que amenaza con repetirse.
Todo este contexto, por otro lado, tendrá lugar con una recién estrenada reforma electoral, pactada tras los disturbios de 2017, que se pondrá a prueba el domingo y que presenta un riesgo en que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo Electoral están compuestos a partes iguales por miembros de los tres principales partidos, por lo que será difícil que lleguen a un acuerdo en el caso de que se impugnen los resultados, después de que una denuncia similar desatara las protestas en las pasadas elecciones.
«Unos resultados demasiado estrechos van a traer el fantasma del fraude», avisa Núñez.
RETOS Y OBSTÁCULOS
Más allá del panorama polarizado que presenta la sociedad hondureña, el próximo presidente tiene una lista extensa de retos a los que deberá enfrentarse durante su mandato en un cada vez más complicado escenario.
Por una parte, «ha habido una cierta tendencia dentro del Gobierno de Hernández a no profundizar la persecución de la corrupción política, incluso con la sombra del narcotráfico que ha llegado a salpicarle en su entorno familiar», una prueba de que «el narcotráfico ha penetrado en la política y en la economía». Mientras, el actual presidente también ha fomentado la tendencia «personalista y continuista» que se venía observando en los últimos años, reseña Núñez.
Y aunque «Honduras no es un narcoestado, sí que hay zonas en las que la Administración y el poder están cooptados por el narcotráfico», mientras que la capacidad del Estado para poder combatirlo es «muy pequeña». A esto se suma la inseguridad, desigualdad y discriminación.
Si bien Honduras es un país «que no ha decrecido tan profundamente como el resto de países de la región, sigue sin crecer, lo que afecta a uno de los principales problemas: la migración», recuerda el investigador. Las caravanas son otro de los fantasmas que planean sobre las elecciones, con el miedo de que una nueva ola de violencia post electoral pueda potenciar el número de personas que deciden abandonar Honduras hacia un futuro mejor.
VIOLENCIA Y DDHH
La oficina de Derechos Humanos de la ONU ha registrado desde septiembre de 2020 –fecha de convocatoria de las elecciones primarias– al menos 63 casos de violencia política. Además de los 29 fallecidos, también tiene en sus registros 14 ataques, doce agresiones, siete casos de amenazas y un secuestro.
Honduras ya ha registrado una vulneración de los Derechos Humanos en los procesos electorales con anterioridad, «por lo cual hay una especial preocupación» ante la violación de los derechos civiles y políticos, especialmente después de que en 2017 «se documentaran más de 20 muertes, centenares de heridos y detenciones», recuerda Graciela Martínez, investigadora de Amnistía Internacional en Honduras.
Martínez apunta al «proceso de militarización» que ha sufrido el país centroamericano en los últimos años, lo que ha derivado en el uso excesivo de la fuerza que se suma a la «grave regresión de los Derechos Humanos que se ha observado en la última década», con una «de las manifestaciones más evidentes» siendo las miles de personas que cada año huyen del país.
En general, en Honduras hay un «ambiente hostil para la defensa de los Derechos Humanos y el medioambiente, incluso está entre los tres primeros países del mundo en muertes de defensores», continúa Martínez, a lo que se añade que la impunidad sigue siendo una constante frente a las violaciones de Derechos Humanos.
«No hay ninguna persona condenada por los hechos de 2017», una impunidad que es «muy determinante de lo que sucede en Honduras y que permite que los hechos se repitan», lamenta Martínez.
Por eso, desde AI recuerda al próximo presidente que «independientemente de si cambia el gobierno o no», que «las responsabilidades no pueden omitirse, tienen que ser resueltas», a la vez que «deben retirarse los cargos a aquellas personas que están siendo acusadas de manera infundada», ya que muchos de los manifestantes que participaron en las protestas enfrentan juicios, e incluso procesos penales, por delitos que supuestamente cometieron en el marco de las manifestaciones.