- El país se encamina a un nuevo proceso electoral como fórmula que se cumple cada cuatro años. Sin embargo, en el ambiente se encuentran claros indicios del daño que se viene haciendo a la democracia por parte de un sistema político cada vez más corrupto y con menor interés en dar una respuesta positiva a la población.
Sin interrupciones, desde 1985 se vienen realizando elecciones generales en el país, a pesar de lo cual, hay claros indicios de que la democracia se ha debilitado y una prueba de ello es que la mayoría de las personas manifiesta su desencanto con el sistema político, al que considera como corrupto e incapaz de solucionar o atender sus problemas.
La última encuesta conocida como Latinobarómetro, que mide el sentimiento de la población de todos los países latinoamericanos hacia la democracia, muestra que apenas el 37% de los guatemaltecos considera que es preferible la democracia a cualquier otro sistema político, índice apenas superior al que muestran Panamá, Ecuador y Honduras. Esa medición se hizo a finales de 2021, por lo que pronto se conocerá el resultado del estudio realizado en 2022. Entre las conclusiones presentadas por el Latinobarómetro se destaca que Guatemala se encuentra entre los países en donde la democracia es más vulnerable, a pesar de la realización de elecciones periódicas.
Sistema político el causante
La pérdida de confianza en el sistema democrático puede tener múltiples factores, pero en el caso de Guatemala se destaca que el sistema político imperante, producto de la Constitución de 1985 y las reformas realizadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), es el que ha desgastado la credibilidad de la democracia, al no darse los resultados que la población requiere.
De acuerdo con analistas y expertos consultados, este desgaste de la democracia ha avanzado lenta pero consistentemente desde 1986, ya que los diferentes gobiernos no han respondido a las expectativas de la población. Estas son las principales causas, las cuáles se han visto agravadas durante la última década:
DEBILIDAD INSTITUCIONAL: Han dejado de funcionar de manera independiente y eficiente las instituciones que debieran velar por el interés y bien común. Entre las que han perdido paulatinamente la esencia de su naturaleza se pueden mencionar de manera destacada la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Congreso de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), las corporaciones municipales y hasta las entidades deportivas como el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).
Estas instituciones, en vez de estar al servicio de la población, han terminado bajo el poder político de turno, que las manipula según su interés particular.
Lo peor, se ha perdido completamente la independencia entre los poderes e instituciones del estado. Las cortes y el Ministerio Público (MP), que por mandato constitucional debieran ser independientes del poder político, se han convertido en marionetas de este, lo que ha permitido una concentración de poder, similar al que tienen regímenes dictatoriales como Cuaba, Venezuela o Nicaragua. En ninguno de estos países funciona la democracia.
Veamos los aspectos o situaciones imperantes que provocan esa pérdida de confianza:
DEBILIDAD DE SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS: Para el actual proceso electoral hay habilitados un total de 30 partidos políticos –cuyo número puede aumentar–, lo que provoca una atomización de candidaturas y facilita que los grupos dominantes puedan tener mayor cantidad de votos, representaciones en diputaciones y alcaldías.
La frase divide y vencerás se hace realidad. El electorado termina en medio de una confusión, en la que le es difícil encontrar buenos candidatos. La multiplicidad de mensajes electorales hace casi imposible hacer una elección acertada. Esto es producto intencional de la clase política, que prefiere muchos partidos malos, que tres o cuatro sólidos y con ideologías definidas.
La corrupción se ha arraigado en las organizaciones políticas, las cuáles no son más que vehículos electoreros –pequeños, medianos o grandes–, que sacan a la venta las candidaturas y los partidos con mayores posibilidades fomentan la corrupción al obtener financiamientos electorales espurios, bajo la mesa, el cual llega acompañado de compromisos que los ganadores deben pagar luego.
CORRUPCIÓN EN EL ESTADO: La actividad política se ha convertido –desde hace mucho tiempo–, en el camino para enriquecer a aquellos que llegan a puestos importantes. Los casos de corrupción que se conocen, que no son más que la punta de un iceberg gigantesco, muestran que llegar a ser alto funcionario ha dejado de ser un cargo de servidor público, para convertirse en ejercicio de beneficio particular.
Aunque se sabía y era secreto a voces la forma en que el Estado estaba cooptado por estructuras criminales, no es sino hasta el año 2015 cuando la CICIG saca a luz pública los grandes escándalos de la administración del Partido Patriota (PP), con Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti a la cabeza. El siguiente paso de la CICIG, fue demostrar que la corrupción se iniciaba desde el propio sistema de partidos políticos, con sus nexos con dichas estructuras.
NO HAY RESULTADOS PARA EL PUEBLO: La clase política se ha vuelto tan ambiciosa que casi la totalidad de los funcionarios públicos deja por un lado las obligaciones del cargo. En vez de promover desarrollo, desde el presidente, sus ministros, diputados, alcaldes y altos funcionarios, hasta burócratas secundarios, jueces y magistrados, prefieren el enriquecimiento ilícito a la satisfacción de cumplir con su deber.
De esa cuenta, no se combate la pobreza, el sistema de salud es totalmente insuficiente, la educación de pésima calidad, la infraestructura brilla por su ausencia –y cuando hay obras es por las coimas que se reparten–. Tampoco se generan nuevos empleos y la falta de oportunidades obliga a cientos de miles de guatemaltecos a buscarlas en otro país, especialmente en Estados Unidos.
Desde el año pasado se suma un problema económico que no se atiende, como es el de la inflación, producto en parte de factores externos, pero sin que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei tenga una política para aliviarlo en beneficio de la población.
LA IMPUNIDAD ES GALOPANTE: Producto de lo que parece es una estrategia de la alianza oficialista –integrada por el grupo oficial, partidos políticos, militares, mafias, empresarios, diputados y jueces y magistrados, entre otros–, se ha creado una plataforma de impunidad infranqueable, con el fin de que todos los opositores, los operadores de justicia que han sostenido una lucha anticorrupción, periodistas y defensores de derechos humanos, sean perseguidos, mientras se protege a funcionarios, exfuncionarios, diputados, jueces y magistrados, que puedan estar vinculados a casos de corrupción.
El resultado ha sido que más de 15 operadores de justicia han tenido que salir al exilio perseguidos y en condiciones difíciles, mientras que otros han sido encarcelados o son acosados judicialmente, lo mismo que periodistas, cuyo caso más emblemático es el de José Rubén Zamora, en la cárcel desde mediados del año pasado por un caso montado por el MP.
Pieza clave para mantener este marco de impunidad por un lado y de persecución en otro sentido, es precisamente el MP, bajo la conducción de Consuelo Porras, encargada de decidir a quien se persigue y a quien se le protege con el manto de impunidad.
EL ENGAÑO ELECTORAL: Otra de las causas para el desencanto ciudadano de la democracia es que, si bien se llevan a cabo elecciones cada cuatro años, la población se siente engañada por las promesas de los candidatos a elección popular. En cada campaña electoral los candidatos ganadores han ofrecido atender los problemas prioritarios de los guatemaltecos, algo que luego no se materializa.
El reciclaje político
Aunque cada cuatro años ha llegado a gobernar un partido político distinto y, por lo tanto, un grupo se activistas que debiera actuar de manera diferente, se ha observado que existe un permanente reciclaje de la clase política gobernante y muchos de los funcionarios que salen, se reinstalan o mantienen tentáculos –ellos o familiares– dentro de las instituciones, para seguir gozando de prebendas o impulsando negocios con las estructuras de corrupción.
La lucha por llegar al guacamolón
Aunque aún falta que varias organizaciones políticas realicen sus asambleas nacionales para proclamar sus binomios presidenciales, se sabe ya de la integración e inscripción ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de varios aspirantes a llegar al Guacamolón, como se le conoce coloquialmente al Palacio Nacional, símbolo del poder político.
A continuación, los binomios presidenciales que han sido proclamados, aunque de ellos, dos han sido detenidos por el TSE, curiosamente, ambois criticos al sistema político imperante.
(Partido, presidente/vicepresidente):
- CABAL: Edmund Mulet/Max Santa Cruz.
- VAMOS-PAN: Manuel Conde/Luis Suárez.
- UNE: Sandra Torres/Romeo Guerra Lemus.
- PIN: Luis Antonio Lam/Otto René Marroquín.
- TODOS: Ricardo Sagastume/Guillermo González.
- HUMANISTA: Rudio Lecson Mérida/Rubén Darío Morales.
- PODEMOS: Roberto Arzú/David Pineda. (No inscrito por el TSE ha recurrido a las cortes y demandado a los magistrados del Tribunal Electoral).
- AZUL: Isaac Farchi/Mauricio Saldaña.
- VALOR-UNIONISTA: Zury Ríos/Héctor Cifuentes. (Impugnada por el partido Cabal por impedimento constitucional de la candidata presidencial).
- Creo: Francisco Arredondo/
- MLP: Thelma Cabrera/Jordán Rodas. (No inscrito por el TSE, la Corte Suprema también rechazó la impugnación y el caso llega a la CC).
- Partido Republicano (PR): Rafael Espada/Arturo Herrador
- Victoria: Amílcar Rivera/Hugo Mazariegos.
- Nosotros: Rudy Guzmán/ Diego González.
- URNG/Maíz: Amílcar Pop/Mónica Enríquez.
- Semilla: Bernardo Arévalo/Karin Herrera.
- Unión Republicana: Giulio Talamonti/Oscar Basrrientos
Como puede verse, entre este listado de aspirantes presidenciales y vicepresidenciales hay personas que no tienen trayectoria política e incluso ni siquiera han tenido exposición pública, lo que anticipa que la lucha electoral se cenbtrará entre cinco o seis opciones con posibilidades reales.
Muchos de los partidos participantes aprovechan su facultad para presentar candidaturas a todos los cargos de eleccion popular, para vender posiciones en los listados nacionales o distritales, particularmente a cargos como diputados y corporaciones municipales.
Entre los participantes puede verse también que al menos 5 de los candidatos presidenciales ya han participado en elecciones anteriores y en el caso de Espada, participó y ganó un proceso electoral, pero como candidato a la vicepresidencia, juntamente con el fallecido expresidente Álvaro Colom.
También destaca que tres de ellos, Zury Ríos, Bernanrdo Arévalo y Roberto Arzú, son hijos de tres exgobernantes del país: Efraín Ríos Montt, Juan José Arévalo y Álvaro Arzú. Esta es la primera vez que se presenta esta coyuntura curiosa.