El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le ha entregado un expediente sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
López Obrador incidió en que aún no puede presentar el contenido sobre el informe y ha precisado que la Comisión de Derechos Humanos encargada de la investigación, le solicitó que llevase a cabo la «gestión» con el Gobierno estadounidense para conseguir el documento.
«Le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara y quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte del expediente, no puedo decir más», puntualizó en su rueda de prensa.
El presidente señaló, asimismo, que posee parte del informe, que llegó la semana pasada, si bien la otra parte la enviarán en los próximos días.
Caso Ayotzinapa
Los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.
La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal ‘Los Rojos’, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas desmontaron esta teoría y apuntaron que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región.
- El anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto dio por cerrada la investigación pero su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, ordenó reabrirla hasta conocer la verdad de lo ocurrido.
- Hasta la fecha solo se han identificado a dos alumnos, a partir de restos óseos calcinados analizados en el instituto forense de la Universidad de Innsbruck, Austria: Alexander Mora Venancio y Christian Rodríguez Telumbre.
Investigación
Las autoridades de EE.UU. rastrearon llamadas entre presuntos perpetradores con narcotraficantes en Chicago, que eran vigilados por agentes antidrogas estadounidenses, y la actual fiscalía mexicana replanteó las líneas de investigación a partir del proceso que se les sigue en ese país a esas llamadas y otras evidencias.
A los cinco años de la desaparición de los estudiantes, los fiscales informaron que un grupo científico analizó 80 millones de llamadas, 206,000 de las cuales son de interés, identificó una red primaria de 84,000 comunicaciones prioritarias y 116 números telefónicos en «zonas criticas».
Todo ello, permitió reconstruir minuto a minuto las horas críticas de la operación en las cuales «ningún estudiante, en ningún momento, tuvo contacto o vínculos con el grupo delictivo».
«Verdad histórica»
Así, López Obrador volvió a cuestionar el relato conocido como «verdad histórica», según la cual a los jóvenes se les asesinó al confundirlos como rivales del grupo criminal Guerreros Unidos, que habrían calcinado los cuerpos en un basurero a cielo abierto en una quebrada de Cocula.
Aquella versión oficial se ha descartado porque construyó con manipulación de evidencias y torturas, durante la gestión del entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, en el Gobierno anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los actuales fiscales solicitaron 83 nuevas órdenes de aprehensión por ese caso emblemático, después de la liberación de al menos 70 imputados, que esgrimieron en su defensa torturas.
El entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, está prófugo en Israel, acusado de manipular las evidencia y dirigir las torturas.
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