- Se rescatan más de 160 niños ante denuncias de abuso a menores y trata de personas. Las autoridades de la comunidad judía ultraortodoxa dicen ser víctimas de persecución religiosa.
La comunidad judía ultraortodoxa Lev Tahor, asentada en Oratorio, Santa Rosa, ha sido objeto de investigaciones y un allanamiento por parte de las autoridades guatemaltecas, en lo que parece un complejo caso en el que se trata de determinar si hay abuso de menores y trata de personas, segun fuentes oficiales.
Este grupo ha respondido que se trata de «persecución religiosa», mientras que las autoridades argumentan que sus operativos buscan garantizar los derechos de los menores y verificar posibles delitos que han sido denunciados por diversas fuentes no señaladas hasta el momento.
El pasado 20 de diciembre tuvo lugar el allanamiento al misterioso lugar de la comunidad judía ultraortodoxa Lev Tahor por medio de un amplio operativo en el que participaron efectivos de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), que procedieron a brindar protección a más de un centenar de menores ante el peligro de que puedan estar siendo objeto de abusos por parte de adultos.
Según Lucrecia Prera, de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, las autoridades habían enfrentado obstáculos en intentos previos de ingresar al lugar, donde los líderes limitaban su acceso y usaban tácticas como ceremonias y rodeos para obstruirlos.
Según la PGN, las investigaciones se han centrado principalmente en garantizar el bienestar de los niños y adolescentes dentro de la comunidad, a quienes se les podría estar privando de derechos fundamentales debido a las estrictas costumbres y tradiciones del grupo.
Las autoridades han indicado que buscan determinar la veracidad de las denuncias relacionadas con matrimonios forzados y condiciones inadecuadas de vida, entre otros hechos. También se investiga la causa de la muerte de una osamenta de menor que fue encontrada cerca de la comunidad.
Varios miembros de la comunidad, especialmente mujeres, se presentaron este domingo al Centro de Atención a Menores en la zona 3, a donde fueron llevados los menores, para recogerlos, tras presentar pruebas de autenticidad de paternidad o maternidad. Se desconoce cuantos de ellos fueron entregados.
El operativo fue posible gracias a la fuga de cuatro menores extranjeros en noviembre, quienes alertaron a las autoridades. La fiscal Nancy Lorena Paiz García confirmó que las pruebas, incluidos exámenes médicos, indican trata de personas. También se hallaron cadáveres enterrados en el complejo, lo que refuerza las sospechas de muertes de menores aún bajo investigación.
La versión de Lev Tahor
Los líderes de Lev Tahor rechazan las acusaciones y señalan que los operativos representan una violación a su libertad de culto y derechos como minoría religiosa. Defienden que sus prácticas, aunque estrictas, son parte de su identidad cultural y religiosa. Durante un allanamiento en octubre de 2024, miembros de la comunidad argumentaron que la crianza de sus hijos está alineada con sus tradiciones y no constituye un acto ilícito ni existe el delito de abuso infantil.
Descubrimientos y controversias
En los allanamientos, las autoridades han reportado condiciones preocupantes, aunque no siempre se han presentado pruebas concluyentes de delitos. Sin embargo, los operativos han generado tensiones, ya que los miembros de Lev Tahor en anteriores ocasiones han obstaculizado cualquier investigación en marcha. Por otro lado, organismos internacionales de derechos humanos han mostrado interés en el caso, llamando a equilibrar la protección de los derechos de los menores con el respeto a la libertad de religión.
Opinión pública y contexto internacional
Lev Tahor es conocida a nivel internacional por su estricta interpretación del judaísmo. Han enfrentado investigaciones similares en otros países, como Canadá y México, lo que ha llevado a que el grupo se traslade constantemente en busca de territorios donde puedan practicar su religión sin interferencias. Sin embargo, en cada país han enfrentado acusaciones similares sobre abuso y malos tratos hacia menores, lo que ha alimentado el debate sobre los límites entre libertad religiosa y la protección de los derechos humanos.
Fuentes del MP indican que las investigaciones que se siguen pretenden comprobar si han existido trata de personas, embarazo forzado, maltrato infantil y violación, atribuidos a un miembro de la comunidad.
Además, fue detenido Manuel Salvador Aldana Monzón, subcomisario de la Policía Nacional Civil, acusado de filtrar información confidencial al grupo, según fuentes de la PNC.
El caso sigue siendo polémico y refleja las complejidades de gestionar las tensiones entre los derechos colectivos e individuales, especialmente cuando involucran a menores en comunidades religiosas cerradas.