Crónica dedicó parte de su edición de la semana pasada al tema de las ciudades, que es indudablemente importantísimo, pues la calidad de vida de gran parte de las futuras generaciones dependerá de que tengamos ciudades humanas. En 16 años, como señala el K’atun 2032, llegaremos a 22 millones de habitantes, de los cuales el 64 % (14 millones) vivirá en áreas urbanas de diverso tamaño, desde la ciudad de Guatemala —que tendrá 5 millones— y 9 millones en ciudades medianas y en el resto de cabeceras municipales, muchas de ellas conurbadas. Pero con el 36 % probablemente seguiremos siendo el país más rural de América Latina, que actualmente tiene solamente un 20 % de población rural.
Sin embargo, tengo serias reservas de que las ciudades intermedias se estén viendo desde la óptica de la competitividad. Es confundir medios con fines, igual que se hace con las alianzas público-privadas, cuyo objetivo no debe ser asegurar un buen negocio para los concesionarios. El asunto de fondo es la calidad de vida de las personas, independientemente del área donde residan. Que no depende del tamaño de las ciudades o de la mayor o menor proporción de urbanos o rurales, ni de lo que se produzca. Tenemos el caso de Costa Rica, con 60 % de su población en el área metropolitana de San José y un nivel de desarrollo humano envidiable. En cuanto a la producción, podemos citar el caso de Chile, la economía más exitosa de América Latina, con dos tercios de sus exportaciones de productos de la minería, frutas, pescado, madera y celulosa.
La clave es cómo se distribuyen los beneficios de la producción. Aquí el problema principal es la extrema desigualdad. En la medida en que sigamos abordando el desarrollo económico como algo que se resuelve solamente a base de competitividad y mejoramiento del clima de negocios, y continuemos con la fijación de la teoría del derrame, que en algún momento el vaso se llenará y desbordará sobre los de abajo, no tendremos un país ni ciudades incluyentes.
Si todo va a girar alrededor de ciudades competitivas, se les hará caer en una carrera hacia el fondo. Para ver quién ofrece más ventajas a los inversionistas, como se pretendía con los salarios mínimos diferenciados. Sobre el empleo, en los foros de estos días solamente volvimos a escuchar propuestas sobre el trabajo a tiempo parcial, que se presenta como una panacea, cuando la experiencia de los países desarrollados demuestra que en ellos era necesario regularlo, porque la legislación no lo consideraba, pero el empleo así formalizado resultó precario e insuficiente. En nuestro caso sí es permitido el trabajo por una jornada menor a la máxima permitida, siempre y cuando no se pague menos del salario mínimo. Otras se refieren al pago por productividad y flexibilizar la legislación laboral.
En agosto pasado la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango nos invitó a exponer en su III Congreso, sobre los factores detonantes para la competitividad empresarial y territorial. Sobre lo segundo señalamos que, en nuestra opinión, los territorios de un país no deben competir entre sí. Que ni siquiera debemos competir con los países centroamericanos. Lo que hay que buscar es el aprovechamiento de las potencialidades de cada región o de cada ciudad, de sus especificidades por razones climáticas, de sus tradiciones productivas. Y a partir de ello, lograr la complementariedad.
Hay otros dos temas fundamentales. El primero, quién coordinará el proceso. La ocurrencia inmediata es crear el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuando estamos llenos de entidades onerosas e improductivas. Lo que debe hacerse es fortalecer el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Tampoco con un viceministerio para el tema, si no que con una dirección general sólida, que atienda el tema de la vivienda y desarrollo urbano.
El segundo, ordenar el gasto municipal. Se dice que es necesario invertir Q3,000 millones anuales en los próximos 15 años. Los alcaldes piden que se suprima el aporte a los consejos de desarrollo y que se les engorde la piñata con Q 2,000 millones más al año. Para que alcaldes y concejos, como sucede en Villa Nueva y Mixco, se receten de Q50 mil a Q60 mil en dietas mensuales. Lo que debe hacerse es utilizar el IVA-PAZ de las municipalidades (Q3,000 millones al año) y los Q 2,000 millones de los consejos, para inversión en vivienda, agua, saneamiento, infraestructura vial y transporte colectivo.