Óscar Emilio Castillo, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG)
Buscar oportunidades para promover a Guatemala como un destino de inversión, es una meta vital para la Cámara de Industria de Guatemala, dice su presidente; sin embargo, ante algunos actos de corrupción en empresas como Aceros de Guatemala y TCQ, opina que nadie es superior a la ley, y que quienes recurren a actos ilegales en el ejercicio de su actividad económica, rompen con el concepto de una empresarialidad sana y coherente; por ello deben ser sujetos al imperio de la ley, así como todos.
¿Cómo CIG, qué proyectos se tiene para este año en materia de competitividad?
En la Cámara de Industria de Guatemala siempre estamos buscando oportunidades para promover a Guatemala como un destino de inversión, es por eso que este año, en el mes de noviembre, estaremos llevando a cabo la segunda edición del Guatemala Investment Summit, el encuentro de inversión y negocios más importante de la región centroamericana, organizado por el sector empresarial, en conjunto con el Gobierno de Guatemala. Contaremos con un ciclo de conferencias y paneles, ruedas de inversión y negocios, piso de exhibición y área permanente de networking.
¿Cuál es la importancia de la industria en Guatemala y qué nivel de crecimiento tiene en los últimos 10 años?
El sector industrial aporta el 20 % del empleo formal, el 31.7 % de los impuestos recaudados y el 31.6 % del PIB. Las actividades industriales más importantes son alimentos, bebidas, textiles, vestuario, calzado, entre otras. Son actividades industriales muy importantes, y el crecimiento promedio que ha tenido la actividad industrial en los últimos años es aproximadamente de 3.5 %.
Se ha mencionado el pago de un impuesto para el tema de seguridad en el país, ¿qué opina al respecto?, ¿estarían dispuestos a pagarlo y bajo qué recomendaciones o condiciones?
La seguridad es un tema que nos sigue preocupando a los guatemaltecos, por ello hemos solicitado al Organismo Ejecutivo tomar acciones concretas para hacer un uso eficiente y transparente de los recursos, lo cual permitiría una mejora significativa en la calidad del gasto público. Es imprescindible reorientar fondos a carteras con requerimientos específicos, como Salud, Educación y Seguridad.
Hablando del tema tributario, cómo valora el trabajo que ha hecho la SAT en casos como Aceros de Guatemala y otros, en los cuales se pone en evidencia que grandes empresas no han pagado impuestos? ¿Considera correcta esa medida para evitar la corrupción?
Creemos que ninguna consideración debe estar por encima de los intereses del país. Confiamos firmemente en que todos los procesos deben llevarse donde corresponde y que deben ser las autoridades competentes, sin presiones de ningún tipo, las que resuelvan de conformidad con nuestro ordenamiento legal.
La Superintendencia de Administración Tributaria debe fortalecerse y recuperar la confianza de los guatemaltecos, después de sonados casos de corrupción que minaron considerablemente su credibilidad en los contribuyentes. Tras el inicio de algunos procesos de cambio, ahora cuenta con herramientas importantes para aumentar la recaudación tributaria, mediante la eficiencia y transparencia del personal en las aduanas, así como el combate frontal a la defraudación y al contrabando.
En otro tema, ¿qué opina del papel que ha realizado la CICIG en Guatemala y, en este caso, de la investigación abierta a TCQ y el proceso de cancelación, y de otros casos como La Línea?
El trabajo que realizan tanto el MP como la CICIG, en casos de alto impacto como La Línea y TCQ, merece nuestro apoyo y reconocimiento, por el aporte que estos esfuerzos suponen en la construcción de una cultura de legalidad y justicia en el país. Nadie es superior a la ley, y quienes recurren a prácticas ilícitas o actos ilegales en el ejercicio de su actividad económica, rompen con el concepto de una empresarialidad sana y coherente. Por ello, deben estar sujetos al imperio de la ley, como cualquier ciudadano guatemalteco.
Por otra parte, siguen los bloqueos en el país, pues organizaciones campesinas salen a demandar distintos temas, ¿qué opina usted de estos bloqueos y qué se debería hacer?
No estamos en contra de las manifestaciones que son un derecho y una legítima expresión ciudadana, lo que nos preocupa es que los bloqueos afectan el crecimiento económico del país y la generación de empleo formal, pues ahuyentan la inversión; y lo más importante, muchas veces atentan contra la salud y la vida de los guatemaltecos, cuando las ambulancias no se pueden desplazar por carretera a consecuencia de estas manifestaciones. En estos casos, son las autoridades las que deben actuar inmediatamente para despejar las rutas, así como en capturar y consignar a los responsables.
Con relación a la gobernabilidad del país, ¿qué opinión tiene del gobierno del presidente Jimmy Morales?, ¿cuáles cree que son sus aciertos y desaciertos?
Es muy difícil evaluar la labor del Ejecutivo en 100 días. Vemos a un gobierno que se encontró con un presupuesto básicamente amarrado y hecho a la medida de la administración anterior.
La nueva administración recibió un país con alta expectativa, derivado de los acontecimientos que se suscitaron el año pasado, de una población cansada del sistema y de la clase política tradicional y un país sumido en la desconfianza y la desesperación. La expectativa y la ansiedad de los guatemaltecos que reclaman cambios profundos de forma y de fondo, es muy alta. Consideramos muy difícil hacer cambios que complazcan a la mayoría en tan sólo 100 días. Todos los guatemaltecos somos responsables de aportar soluciones y de trabajar en armonía para sacar al país adelante.