Tres policías municipales de la Antigua Guatemala fueron ligados a proceso penal por el asesinato del joven Luis Armando Solórzano.
Un Juzgado de Sacatepéquez resolvió que los agentes cometieron el delito de homicidio, tras someter con brutalidad al Solórzano en una de las calles de la ciudad colonial.
El incidente ocurrió durante la tarde del domingo 28 de febrero en un sector de la Antigua Guatemala. Tras la denuncia de una mujer sobre un hombre que corría desnudo por las calles, los agentes actuaron y lo atraparon.
Por medio de una cámara que se ubicaba en el sector se pudo observar el momento en que Solórzano fue interceptado por uno de los agentes, quien intimidó al joven con su motocicleta. El joven gritaba que tenía miedo, mientras que los policías lo golpeaban hasta causarle la muerte.
El Ministerio Público presentó los indicios correspondientes en su contra y el órgano jurisdiccional consideró que deben ampliarse las investigaciones.
Resolución
La jueza dijo que los hechos son lamentables y que es triste que le hayan cortado la vida a un ciudadano guatemalteco, independientemente de las circunstancias que se hayan dado en medio de los hechos.
Además, mencionó la posibilidad de abuso de alcohol o algún cuadro de esquizofrenia, entre otros escenarios que pudieron darse, aunque aclaró que eso lo deberá establecerse durante el proceso de investigación.
La togada añadió que este caso debe considerarse como una advertencia para los empleados públicos, con el fin de que se eviten más abusos.
Los policías ligados a proceso están identificados como: Juan Carlos Tomás López de 58 años, Ángel Gustavo Jiménez Pineda de 40 y Guillermo Salomón Noj Lara de 29.
PDH pide justicia
A través de un comunicado, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, condenó la muerte de Solórzano en manos de agentes de la Policía Municipal de Antigua Guatemala.
En el documento, Rodas Andrade expresó su profunda solidaridad con la familia, amigos y vecinos del joven. Asimismo, indica que la Auxiliatura de Sacatepéquez abrió un expediente tras las denuncias públicas difundidas a través de las redes sociales, en las cuales se incluyen videos, sobre actos violentos que llevaron a la muerte del joven.
“La Constitución Política de la República establece que el Estado se organiza para proteger a la persona, y que es su deber garantizarle a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral”, indicó en el comunicado.
Asimismo, le solicita al Ministerio Público investigar exhaustivamente este acto “criminal” que violenta el derecho a la vida. Al Ministerio de Gobernación y PNC, garantizar el cumplimiento de los protocolos de actuación policial relacionados al uso racional y proporcionado de la fuerza, para evitar que las actuaciones policiales puedan convertirse en tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia las personas.