Millones de personas se volcaron en 2019 a las calles de Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico y Honduras con reclamos sociales, pero las autoridades respondieron con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, concluye el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre la región publicado este jueves.
«El año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los derechos humanos en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otro país», dijo Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
La organización destaca que la represión en Venezuela fue especialmente severa, con las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cometiendo «crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza».
Y en Chile, detalla que el ejército y la policía hirieron deliberadamente a manifestantes, mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más. Según el informe, más de 350 personas heridas presentaron lesiones graves en los ojos.
Según el documento de 96 páginas, al menos 210 personas fallecieron en el contexto de protestas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras.
Por otra parte, AI denuncia que los gobiernos adoptaron posturas agresivas respecto a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
«La región se enfrentaba al menos a tres situaciones graves en materia de refugio: las personas nicaragüenses que huían a Costa Rica, las personas venezolanas que se trasladaban principalmente a países de Sudamérica, y los países del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que atravesaban México para llegar a Estados Unidos», dice el informe.
Destaca que el número de personas que huyeron de la crisis en Venezuela ascendió a casi 4,8 millones, una cifra sin precedentes para América Latina. Perú, Ecuador y Chile, detalla, respondieron con nuevos y restrictivos requisitos de entrada.
Por otro lado el organismo subraya que la impunidad «sigue siendo la norma en vez de la excepción» en los casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional y pone como ejemplo el cierre definitivo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que abandonó el país en septiembre pasado tras 12 años de funcionamiento.