Representantes de organizaciones campesinas exigieron este martes el cese del estado de sitio que rige en 22 municipios del noreste de Guatemala, donde denunciaron violaciones de derechos humanos, militarización de comunidades y el posible desalojo de tierras.
El estado de sitio fue ordenado por el gobierno el 4 de septiembre pasado durante 30 días tras la muerte de tres militares a manos de supuestos narcotraficantes en el municipio caribeño de El Estor, noreste.
«Se cumplen 20 días del estado de sitio y preguntémonos: ¿Qué cabecilla del narco ha caído? ¿Qué estructura del narco ya tiene el Ejército bajo control? No hay nada», dijo en conferencia de prensa Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC).
«Nosotros estamos radicalmente pidiendo que se levante de inmediato el estado de sitio porque no tiene ningún sentido», agregó Pascual.
El activista recriminó que con el estado de sitio se ha militarizado la zona, con fuerte presencia indígena y conflictos sociales históricos por el despojo de tierras ancestrales, la explotación minera y los monocultivos como palma africana y banano.
«Sabemos muy bien que esto viene a ayudar a las grandes empresas para que sigan saqueando nuestros elementos naturales, para que sigan despojándonos de nuestras tierras», reclamó María Famax, también dirigente del CUC.
El estado de sitio afecta a El Estor y otros 21 municipios e implica la suspensión de varios derechos constitucionales como la libre locomoción, reunión y manifestación.
Por su lado, Leopoldo Méndez, de la Asamblea Social y Popular, señaló que las comunidades se mantienen atemorizadas por el despliegue militar y que la vida cotidiana se ha visto alterada, incluida las actividades de cosecha que pone en riesgo la alimentación.
La policía ha informado que durante el estado de excepción más de medio millar de personas han sido detenidas por portación ilegal de arma de fuego y agresiones.