- Luego de una visita conjunta a El Salvador, dos organizaciones de protección a periodistas señalaron un grave deterioro del ejercicio de la profesión, ocultamiento de información y acoso
Voz de América
Karla Arévalo
SAN SALVADOR — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su siglas en inglés) concluyeron —tras una visita conjunta a El Salvador entre el 9 y el 11 de septiembre— que el gobierno salvadoreño bloquea el acceso de la prensa a la información pública, intimida a medios independientes y espía a periodistas.
«El gobierno salvadoreño restringe severamente el acceso a la información pública y ha debilitado el instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en resaltar una ‘enorme opacidad, ocultamiento de información y ausencia total de acceso a fuentes oficiales'», señaló la delegación en un comunicado.
Además, alertaron sobre una creciente estigmatización, acoso y amenazas por parte de funcionarios del gobierno, incluyendo el propio presidente Nayib Bukele, diputados oficialistas y militantes gubernamentales.
«Los reporteros entrevistados describieron una retórica hostil contra la prensa e intentos constantes de minar la credibilidad del periodismo a través de campañas de descrédito», señalaron. Constataron también la intimidación a medios mediante auditorías financieras.
La comitiva se reunió con representantes de medios de comunicación, de asociaciones de periodistas, de la academia y de organizaciones sin fines de lucro con enfoque en los derechos humanos, así como con integrantes del cuerpo diplomático.
Líderes de los medios reconocieron que algunos periodistas decidieron abandonar la profesión por temor a represalias, mientras que se ha informado sobre más de una docena de reporteros que en los dos últimos años fueron forzados a abandonar el país de manera temporal o permanente debido a la persecución gubernamental.
«Desde la implementación del estado de emergencia se limitan garantías constitucionales fundamentales, incluyendo la confidencialidad de la correspondencia privada, y se habilitan detenciones sin orden judicial, lo que crea un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo», agregaron la SIP y el CPJ.
El software espía Pegasus fue utilizado contra 35 periodistas entre julio de 2020 y noviembre de 2021, hecho que afectó la privacidad y seguridad de reporteros, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil.
Medios como El Faro, Gato Encerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva y Diario El Mundo han sido identificados como objetivos de esta vigilancia ilegal.
Informes adicionales señalan la existencia de un «ejército digital» de contratistas tecnológicos y troles para difundir desinformación, hostigar a críticos y amplificar la propaganda oficial.
Gobierno niega situación crítica
SIP y CPJ buscaron la postura gubernamental a través del comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, quien negó que exista persecución contra la prensa y aludió a la inexistencia de casos de periodistas encarcelados o asesinados actualmente.
Guzmán rechazó las estadísticas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que reflejan una fuerte escalada de agresiones contra la prensa en el último año, alegando que no comparte la metodología.
Según la APES, en 2023 hubo 311 agresiones contra la prensa independiente.
“El mes más violento contra la prensa fue el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Libertad de Expresión, mayo, con 46 agresiones registradas”, señaló la organización.
La delegación fue integrada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, director de La Silla Rota, México, y por la coordinadora del programa de América Latina del CPJ, Cristina Zahar.
Además de Rock y Zahar, también visitaron El Salvador Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times; Gabriela Vivanco, directora de La Hora, Ecuador; Carlos Lauría y Dánae Vilchez, investigadora para América Latina.