Un juez ordenó liberar a 24 sospechosos de la desaparición de 43 estudiantes ocurrida hace casi cinco años en el sur de México y que generó una ola de indignación internacional, informó este domingo el jefe de una comisión de la verdad que busca esclarecer el caso.
«Estas 24 libertades se suman a las 53 ya otorgadas por el mismo juez, lo cual suma 77 libertades» de presuntos autores de delitos relacionados con la desaparición de los estudiantes, informó Alejandro Encinas, director de la comisión.
Agregó que solo quedan 65 de las 142 personas que habían sido detenidas con relación al crimen, ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en el convulso estado de Guerrero, en el sur de México.
Encinas, quien es también subsecretario de Derechos Humanos en la administración de Andrés Manuel López Obrador, advirtió que podrían darse más liberaciones en los próximos días.
El funcionario alertó sobre irregularidades en el criterio aplicado por el juez, como no tomar en cuenta la jurisprudencia del caso, desestimar las pruebas existentes o negar plazos razonables a los fiscales para poder subsanar las investigaciones.
«El juez interpreta (…) con mucha laxitud la ley pero no imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad», afirmó Encinas.
La investigación del llamado caso Ayotzinapa, dirigida por la fiscalía del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha sido acusada de serias negligencias, entre las que se incluyen la obtención de testimonios mediante tortura y la alteración de los escenarios del crimen.
Esas denuncias impulsaron al gobierno de López Obrador a crear en enero la comisión que busca zanjar definitivamente el caso, cuya primera conclusión oficial, presentada en enero de 2015 como «la verdad histórica», fue duramente cuestionada por investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según la versión oficial de 2015, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales y entregados luego a narcotraficantes, quienes los asesinaron en la localidad de Iguala, incineraron sus cuerpos y arrojaron finalmente las cenizas a un río cercano.
Entre los liberados hasta ahora se cuentan presuntos miembros de los grupos criminales, así como algunos de los policías con los que habrían estado coludidos.
«Esta resolución es una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia en nuestro país (…) muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia», afirmó Encinas.
El funcionario informó también que la fiscalía general ya trabaja en nuevos expedientes para acusar a los sospechosos liberados, así como en establecer la responsabilidad de altos funcionarios, autores de la llamada «verdad histórica», como el exfiscal de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam.