Luis F. Linares López
La primera gran lección que nos dejan las elecciones del 6 de septiembre es que, para la mayoría de los guate-maltecos, el 71% de los electores que asistimos a las urnas, el problema no es la naturaleza del sistema, la ne-cesidad de refundar la República, el modelo político agotado. El problema fundamental es la administración del sistema. Administración que, más que nunca en el gobierno de Pérez Molina se tradujo en corrupción, ineficiencia, ineficacia, despilfarro, irracionalidad en el gasto. Que aparte del Organismo Ejecutivo imperan en el Congreso y las municipalidades.
A lo que se agrega la insuficiencia de las leyes que controlan el ejercicio del poder público y, hasta ahora, el mal funcionamiento del sistema de justicia, que no ha ofrecido una expectativa razonable de castigo para quie-nes defraudan la hacienda pública y ponen a las instituciones al servicio de intereses espurios.
A partir de abril de 2015 la ciudadanía despertó, pero despertó parte de ella. Son los sectores urbanos, tanto del área metropolitana de Guatemala como del resto. En el departamento de Guatemala, Jimmy Morales –expresión del rechazo a los políticos “tradicionales”- sacó el 35% de los votos válidos, a los que se agregan los de Giammattei, Ríos y otros, que también captaron parte de ese descontento, en tanto que Baldizón y Torres alcanzaron el 11% cada uno.
En el municipio de Huehuetenango, cabecera de un departamento donde triunfó Baldizón, Morales también les ganó a los dos; y en Cobán, un municipio con alto porcentaje de población rural, Morales virtualmente empató con Baldizón y le sacó casi mil votos a Torres.
Sin embargo, cuando a primera vista se ven los resultados para diputados y alcaldes, aún en las áreas urbanas (caso de Villa Nueva, Mixco, Santa Catarina, Cobán y muchos más), estos fueron favorables a los candidatos de LÍDER, UNE y el PP. Y decimos a primera vista, porque hay que hacer un análisis muy detallado, casi de municipio por municipio, y departamento por departamento, porque así como cada cabeza es un mundo, cada departamento o municipio es un mundo.
Pero como primera conclusión, podemos decir que los caciques departamentales (como los Crespo, Rivera, Arévalo, Hichos) mantienen sus nichos electorales, al igual que muchos alcaldes, como Medrano en Chinautla, Recinos en Barberena o el heredero de Coro en Santa Catarina. En elecciones anteriores, esos caciques lo-graban trasladar un buen número de votos para los candidatos presidenciales. De ahí que, por ejemplo con Me-drano, desde Berger con la GANA hasta Baldizón, sus estrategas políticos consideraron vital contar con el res-paldo del susodicho, pues decían que sin su apoyo era imposible ganar en ese municipio. Hoy, la heredera de Medrano sacó alrededor de uno de cada cuatro votos y el “líder” tan solo uno de cada ocho. Por lo que otra lección es que, a partir de este despertar de una parte importante de la ciudadanía, un partido que funde sus expectativas electorales en el apoyo de caciques la tendrá cuesta arriba
Pero en materia de diputados y municipalidades, creo que no será tan fácil erradicar el caciquismo. Y es po-sible, por lo que es necesario reflexionar profundamente sobre ellas, que las propuestas de reforma a la legisla-ción electoral que incluyen la formación de distritos electorales uninominales o la postulación de diputados por comités cívicos, contribuyan a consolidar el caciquismo en amplios sectores con población mayoritariamente rural, por lo que podríamos salir del sartén para caer en las brasas.
El caciquismo se establece y mantiene, gracias al uso clientelar de los recursos municipales, provenientes de las transferencias que reciben del presupuesto nacional. Pero, para la voracidad de los alcaldes, esos recursos son insuficientes y por eso se vuelven tránsfugas, que se alinean de inmediato con el gobierno de turno, para recibir más fondos, tanto de los Consejos de Desarrollo como de otras fuentes presupuestarias, por lo que las transferencias deben limitarse a las actuales: el aporte constitucional, el IVA-PAZ y los impuestos de circulación y combustible, pues de lo contrario se sigue engordando la piñata.
Para erradicar el caciquismo es necesaria una reforma constitucional que prohíba la reelección de los alcaldes. Es insuficiente limitarla a un solo período. Y también es necesario prohibir que se postulen parientes de los alcaldes dentro de los grados de ley, incluyendo las esposas o convivientes.
El caciquismo se establece y mantiene, gracias al uso clientelar de los recursos municipales, provenientes de las transferencias que reciben del presupuesto nacional.