- El resumen de noticias de Crónica, incluye además: La Hora destapa escándalo de corrupción en Gobierno de Giammattei, que no ha corregido el de Arévalo; Nuevas amenazas de Donald Trump contra Irán… puentes y plantas de electricidad en la mira de EEUU; y Maduro será juzgado hasta junio de 2027.
Redacción Crónica
1. USAC y PDH se niegan a acudir a citación de diputados
Qué pasó. Autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) no acudieron a una citación promovida en el Congreso para abordar denuncias formuladas por estudiantes sobre acoso, intimidación y afectaciones a sus derechos académicos dentro de la universidad. El tema ha cobrado fuerza en las últimas semanas después de que varios alumnos denunciaran incluso la desaparición de sus registros académicos del sistema universitario, situación que ellos calificaron como una posible “muerte académica”.
Los estudiantes afectados han comenzado a presentar memoriales ante el Departamento de Registro y Estadística y también acudieron a la PDH para solicitar acompañamiento y el restablecimiento de su condición estudiantil. El conflicto se desarrolla en un contexto de fuerte tensión dentro de la USAC, cuya administración continúa encabezada por Walter Mazariegos y alega que es un ente autónomo para no acudir a la citación del diputado José Chic (VOS), y después de meses de enfrentamientos relacionados con su reelección, protestas estudiantiles y presencia de grupos de seguridad en el campus. En abril, la propia PDH documentó protestas y realizó actuaciones para resguardar los derechos de los estudiantes.
Qué sigue. Los diputados que impulsan la fiscalización pueden realizar nuevas citaciones y requerir informes escritos tanto a la USAC como a la PDH. La ausencia de ambas instituciones deja sin aclarar, por ahora, quién ordenó eventuales modificaciones de registros académicos y qué mecanismos existen para proteger a estudiantes que denuncien represalias.
El problema trasciende una disputa administrativa. En una universidad pública, eliminar o alterar el registro académico de una persona puede afectar su derecho a continuar estudios, graduarse o acreditar cursos aprobados. Por eso, las denuncias podrían derivar no solo en acciones administrativas, sino también en recursos legales si se comprueba que hubo decisiones arbitrarias contra estudiantes.
2. Obras de Giammattei evidencian corrupción… y no se corrige por Gobierno de Arévalo
Qué pasó. Una investigación de La Hora volvió a poner bajo la lupa una serie de obras públicas contratadas durante la administración de Alejandro Giammattei, especialmente desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El patrón que documenta el medio incluye adjudicaciones millonarias, proyectos inconclusos o retrasados, supervisiones costosas y obras que el actual Gobierno de Bernardo Arévalo no ha corregido, investigado, ni denunciado. La investigación se inserta en un historial ya documentado por ese medio sobre el enorme volumen de contratación realizado durante la llamada era Giammattei-Martínez.
Uno de los ejemplos emblemáticos es el libramiento de Sayaxché, Petén, adjudicado por aproximadamente Q668.2 millones. Solo la supervisión de esa obra representó otros Q34.4 millones. La magnitud de los contratos ilustra un problema más amplio: durante el gobierno anterior se destinaron Q1 mil 453 millones únicamente a supervisión de obras, aun cuando varias permanecían inconclusas. La Hora ha documentado además que diez empresas concentraron más de Q1 mil millones de esos contratos de supervisión. El gobierno de Giammattei puso la primera piedra y la obra apenas si arrancó. Ahora se dice que la nueva administración de Arévalo, «ha puesto la segunda piedra», y la obra tampoco avanza.
Qué sigue. El Gobierno actual aclarar cual ha sido la razón por la que no se ha avanzado con la obra y denunciar ante el MP las anomalías del contrato. El caso vuelve a evidenciar que el problema de infraestructura en Guatemala no se limita a falta de recursos. Expertos han señalado reiteradamente deficiencias en planificación, mantenimiento y capacidad de supervisión del CIV. La investigación de La Hora deja además una pregunta inevitable: ¿cuánto terminarán costando al Estado las decisiones tomadas durante los últimos meses del gobierno de Giammattei y cuánto tiempo necesitará la administración Arévalo para ordenar ese legado?
3. Fallas de la FECI de Curruchiche dejan fuera del proceso a exdiputado en caso de corrupción
Qué pasó. Los errores e inconsistencias acumulados durante la gestión de Rafael Curruchiche al frente de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad continúan teniendo consecuencias judiciales. Uno de los casos más significativos es Asalto al Ministerio de Salud, investigación que originalmente describió una estructura de funcionarios, diputados y particulares que habría manipulado contrataciones, plazas y negocios dentro de esa cartera entre 2012 y 2014. La pesquisa alcanzó inicialmente a 123 personas.
Entre los beneficiados por el cierre definitivo del proceso figura el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez, a quien la investigación señalaba como uno de los actores vinculados con el entonces ministro Jorge Villavicencio y su hija Cándida Saraí Villavicencio. La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, ordenó el cierre del caso a su favor al considerar que la acusación no contenía elementos suficientes para enviarlo a juicio. La decisión fue impugnada, pero terminó confirmada por instancias superiores y finalmente quedó firme.
Qué sigue. El Ministerio Público ya no puede reabrir simplemente ese expediente contra Pérez una vez firme el sobreseimiento, salvo que aparezcan circunstancias jurídicas extraordinarias que permitan una nueva actuación. El problema ahora es determinar responsabilidades internas por investigaciones mal planteadas o abandonadas durante la anterior administración del MP.
El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, ordenó liquidar la FECI que dirigía Curruchiche y revisar sus expedientes. Una auditoría interna confirmó la necesidad de redistribuir los casos según especialidad y competencia. El caso de Pérez se suma a otros en los que tribunales señalaron fallas de investigación o acusaciones deficientes durante la gestión de Curruchiche, incluidos expedientes como Odebrecht, Construcción y Corrupción y Cooptación del Estado.
INTERNACIONALES
4. Trump escala la amenaza contra Irán: puente o central eléctrica por cada barco atacado
Qué pasó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó nuevamente el tono de la guerra contra Irán y anunció que Washington atacará un puente o una central eléctrica iraní por cada buque que sea atacado en el estrecho de Ormuz. Trump aseguró que la represalia se aplicará si Teherán utiliza misiles, cohetes, drones u otras armas contra la navegación e indicó expresamente que los objetivos podrían encontrarse incluso dentro o alrededor de Teherán.
La amenaza llega después de once días consecutivos de nuevos ataques estadounidenses y en momentos en que el conflicto vuelve a poner en riesgo las principales rutas energéticas de Medio Oriente. El estrecho de Ormuz continúa siendo el principal punto de tensión, mientras los hutíes de Yemen, aliados de Irán, amenazan también el tráfico por Bab el-Mandeb. El petróleo Brent superó los US$94 por barril en medio del temor a interrupciones del suministro.
Qué sigue. Irán respondió que cualquier ataque estadounidense contra su infraestructura provocará represalias sobre instalaciones económicas, petroleras y estratégicas en otros países de la región. Teherán ha planteado una política de respuesta proporcional que podría extender todavía más la guerra.
La amenaza de destruir centrales eléctricas y puentes también abre un debate sobre el derecho internacional humanitario. Las infraestructuras civiles no pueden ser atacadas salvo que se conviertan en objetivos militares legítimos. Una campaña de ataques sistemáticos contra instalaciones civiles podría aumentar las víctimas, provocar apagones masivos y ampliar todavía más el impacto económico y humanitario de una guerra que ya ha causado miles de muertos y desplazados.
5. Juicio contra Nicolás Maduro comenzará el 1 de junio de 2027 en Nueva York
Qué pasó. El juez federal estadounidense Alvin Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos detenidos en Estados Unidos desde enero. La fecha fue acordada previamente por la Fiscalía y la defensa y posteriormente aceptada por el magistrado durante una audiencia celebrada este miércoles en un tribunal federal de Manhattan.
Maduro, de 63 años, enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, mientras Flores enfrenta tres. Los fiscales estadounidenses sostienen que Maduro utilizó el aparato estatal venezolano para facilitar el traslado de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y mantener vínculos con organizaciones criminales. Ambos se declararon inocentes y podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua si fueran encontrados culpables.
Qué sigue. Antes de llegar al juicio habrá una intensa batalla jurídica. El abogado de Maduro, Barry Pollack, prepara una moción para pedir que el proceso sea desestimado alegando inmunidad soberana y cuestionando también la legalidad de la captura del exmandatario en Caracas y su traslado a Estados Unidos. El juez programó una audiencia para el 17 de noviembre para examinar parte de esas objeciones.
Maduro y Flores permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fuerzas estadounidenses los capturaron el 3 de enero de 2026. Maduro insiste en que fue secuestrado y se define como “prisionero de guerra”. El caso será uno de los procesos judiciales internacionales más extraordinarios de los últimos años: un exjefe de Estado latinoamericano llevado ante un tribunal estadounidense para responder por narcotráfico y otros delitos federales.