El resumen de noticias de Crónica, incluye además: Transportistas exigen medidas para enfrentar el problema del alza de combustibles; EEUU sanciona a la presidenta de la Corte Penal Internacional; y el terremoto en Colombia dejó pérdidas por USD9,600 millones.
Redacción Crónica
1. Cárdenas lleva a la CC disputa por el traslado que lo sacó de la Cámara de Amparos
Qué pasó. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Estuardo Cárdenas acudió este martes 18 de agosto a la Corte de Constitucionalidad (CC) para pedir que se revierta la decisión que lo retiró de la Cámara de Amparos y Antejuicios y lo trasladó a la Cámara Civil. Cárdenas sostiene que no reclama un derecho personal a permanecer en una cámara determinada, sino que cuestiona un cambio que, según él, fue ejecutado sin audiencia previa, sin una justificación conocida y sin permitirle defenderse.
La controversia se originó en un pleno extraordinario celebrado el 29 de abril. La sesión comenzó a las 12:13 y Cárdenas llegó nueve minutos después, cuando la agenda ya había sido aprobada. La magistrada Clemen Juárez propuso una nueva integración de la Cámara de Amparos, presidida por ella y completada por Carlos Ramiro Contreras e Igmaín Galicia Pimentel; Carlos Lucero Paz fue incorporado desde la Cámara Civil y Cárdenas pasó a ocupar su lugar. La mayoría avaló la modificación, mientras Cárdenas votó en contra y razonó su postura.
El cambio tuvo efectos inmediatos. Cárdenas recibió la orden de entregar ese mismo día 604 expedientes que tenía bajo su responsabilidad y posteriormente perdió el acceso al sistema de la Cámara de Amparos. También alegó que su trayectoria se ha concentrado en materia penal y que la especialización debió ser considerada antes de enviarlo a la Cámara Civil. Para el magistrado, la reorganización alteró su relación con casos que ya estudiaba y vulneró garantías vinculadas con el debido proceso y el juez natural.
Qué sigue. La CC deberá resolver el fondo del amparo y determinar si el pleno de la CSJ podía modificar la integración de sus cámaras en esas condiciones. En julio, el tribunal constitucional rechazó por unanimidad concederle un amparo provisional, por lo que Cárdenas no regresó de inmediato a Amparos y Antejuicios; esa decisión, sin embargo, no cerró el expediente.
El fallo tendrá consecuencias más amplias que la ubicación de un magistrado. Fijará límites sobre la facultad administrativa del pleno para reorganizar las cámaras y establecerá si, cuando el cambio produce efectos equivalentes a un traslado, debe existir audiencia previa, motivación expresa y oportunidad de defensa.
2. Graves señalamientos de República contra políticos desatan exigencias de pruebas e investigación
Qué pasó. El medio República denunció un supuesto plan para atentar contra su director, Rodrigo Arenas, y otros integrantes de su equipo editorial, y vinculó públicamente al precandidato presidencial de Cabal Roberto Arzú García-Granados, al presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colíndres, y a los diputados Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión. Las afirmaciones son señalamientos del medio y todavía no han sido comprobadas ni han presentado las pruebas, más allá de la denuncia de Arenas.
República aseguró que Arenas compareció ante autoridades de Estados Unidos para declarar e intercambiar información sobre amenazas y un presunto contrato de sicariato contra él, José Fernando Orellana, Alejandro Palmieri y miembros de la redacción. Según su comunicado, varias reuniones se habrían celebrado en la Yeguada 10, propiedad de Aguirre, con participación de políticos y personas vinculadas al narcotráfico. El medio afirmó que entregó información e indicios al Ministerio Público (MP) y a autoridades estadounidenses.
Los aludidos rechazaron las acusaciones. Contreras negó haber participado en reuniones o acuerdos al margen de la ley y pidió una investigación rigurosa; Nery Ramos dijo que no conoce el lugar mencionado y calificó el señalamiento de falso y sin sustento. Roberto Arzú lo consideró absolutamente falso y tendencioso, anunció acciones judiciales en Guatemala y Estados Unidos y lanzó fuertes acusaciones contra Arenas. Luis Aguirre informó que presentó una denuncia ante el MP, ofreció las grabaciones de vigilancia del lugar y dijo estar dispuesto a someter a sus empleados a polígrafo. Al cierre de la información no se conocía una respuesta pública de César Fión.
Qué sigue. Por la gravedad de los señalamientos, el siguiente paso corresponde a las autoridades. El MP debe confirmar la existencia y contenido de las denuncias, preservar pruebas, establecer si ocurrieron las reuniones descritas y determinar si hubo amenazas, contratación de sicarios o participación de estructuras criminales. La eventual cooperación de Estados Unidos también será relevante si recibió declaraciones o evidencia relacionada con el caso.
Mientras no existan resultados de una investigación, las acusaciones y las negaciones deben tratarse como versiones contrapuestas. La protección de Arenas y del equipo de República debe evaluarse sin prejuzgar responsabilidades, y quienes afirman poseer pruebas tendrán que ponerlas a disposición de las instituciones competentes.
3. Transportistas exigen respuesta ante el alza del diésel y advierten
Qué pasó. La Coordinadora Nacional de Transportes (CNT), integrada por cinco asociaciones de carga y pasajeros, pidió al Congreso una respuesta inmediata ante el incremento de los combustibles. Su presidente, Augusto Toledo, afirmó que el precio del diésel ha subido de forma escalonada desde febrero y prácticamente se ha duplicado, mientras los ajustes aplicados a los fletes no han superado el 15% y ya no compensan el encarecimiento de lubricantes, repuestos, salarios y otros costos operativos.
La organización sostiene que las empresas trabajan con números rojos y que las micro, pequeñas y medianas compañías corren riesgo de insolvencia. Aunque algunos transportistas ya comenzaron a ajustar tarifas, Toledo afirmó que el sector todavía no ha trasladado al consumidor final todo el aumento. La CNT no anunció bloqueos ni paralizaciones, pero advirtió que el deterioro financiero terminará repercutiendo en el transporte, la distribución de alimentos y los precios que paga la población.
El reclamo se produce casi cuatro semanas después de que el presidente Bernardo Arévalo propusiera un subsidio temporal de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, con vigencia hasta el final de 2026. El Ejecutivo calculó un espacio presupuestario de Q3 mil 480 millones, que obtendría mediante readecuaciones y sin utilizar fondos de Salud, Educación y Comunicaciones. La iniciativa continúa sin ser aprobada y, según la CNT, ni siquiera ha sido leída en el pleno del Congreso.
Qué sigue. La CNT pide que los diputados aprueben o rechacen la propuesta y, si no la consideran viable, presenten una contrapropuesta. Toledo aclaró que el gremio no pretende imponer un subsidio, pero exige una decisión que permita afrontar la emergencia. Hasta ahora los transportistas no han sostenido reuniones directas con diputados, aunque sí dialogaron con la secretaria privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager.
El Congreso deberá valorar el costo fiscal del programa y la urgencia de contener el impacto del diésel sobre toda la cadena de abastecimiento. También tendrá que definir controles para asegurar que cualquier beneficio llegue al consumidor y analizar una solución de largo plazo, porque el subsidio anterior —Q8 para el diésel y Q5 para las gasolinas— terminó el 2 de julio, antes del plazo inicialmente previsto, por el rápido consumo de los recursos.
INTERNACIONALES
4. Estados Unidos sanciona a la presidenta de la Corte Penal Internacional
Qué pasó. El Gobierno de Donald Trump impuso sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, y al abogado senegalés Abdoulaye Seye, integrante principal del equipo litigante del tribunal. Las medidas congelan los bienes que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y restringen su acceso al sistema financiero de Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión con el argumento de que la CPI intenta investigar o procesar a ciudadanos de países que no reconocen su jurisdicción, especialmente Estados Unidos e Israel. Washington y el Gobierno israelí no forman parte del Estatuto de Roma. La confrontación se profundizó después de que el tribunal emitiera órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes relacionados con la guerra en Gaza.
Akane preside la CPI desde marzo de 2024. Seye ha intervenido en procedimientos vinculados con Israel. La nueva acción se suma a sanciones previas contra el fiscal Karim Khan y otros funcionarios del tribunal. La CPI rechazó las medidas y sostuvo que constituyen un ataque contra la independencia judicial y el orden jurídico internacional.
Qué sigue. Las sanciones aumentarán las dificultades financieras y operativas de la CPI porque bancos, proveedores y organizaciones pueden evitar cualquier relación con los funcionarios castigados por temor a infringir las restricciones estadounidenses. Organizaciones de derechos humanos y miembros del tribunal ya han promovido acciones judiciales para cuestionar la legalidad de la ofensiva de Washington.
El conflicto también pondrá a prueba a los 125 Estados miembros de la CPI. Estados Unidos busca que otros gobiernos se distancien del tribunal, mientras la Corte intentará preservar sus investigaciones y el cumplimiento de sus órdenes de captura. La controversia enfrenta, nuevamente, la defensa de la soberanía alegada por Washington con el principio de que los crímenes internacionales más graves deben ser investigados sin importar la nacionalidad de los acusados.
5. Terremoto deja pérdidas cercanas a US$9 mil 600 millones en Colombia
Qué pasó. El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el oeste de Colombia el 10 de agosto dejó pérdidas físicas directas estimadas preliminarmente en 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos US$9 mil 580 millones. El presidente Abelardo de la Espriella explicó que aproximadamente 24.5 billones corresponden a daños en edificaciones y 5.5 billones a infraestructura pública.
El sismo derribó viviendas, edificios, escuelas y hospitales en zonas del Pacífico y del eje cafetero, con impactos severos en Chocó y en ciudades como Cali y Pereira. El balance disponible al anunciarse la estimación registraba 280 muertos, más de 4 mil heridos y 143 desaparecidos. Las cifras continúan sujetas a actualización conforme los equipos ingresan a comunidades aisladas y completan la evaluación de daños.
De la Espriella advirtió que el cálculo es provisional y que aumentará o se ajustará a medida que se conozca la situación de cada región. El desastre se convirtió en la primera gran crisis de su gobierno, iniciado pocos días antes del terremoto, y plantea un desafío especialmente duro para departamentos con altos niveles de pobreza y limitada infraestructura.
Qué sigue. El Gobierno deberá convertir la evaluación inicial en un plan de reconstrucción con prioridades, fuentes de financiamiento y controles sobre el uso de los recursos. Las necesidades inmediatas incluyen alojamiento temporal, atención médica, restablecimiento de agua y energía, reapertura de carreteras y reconstrucción de escuelas, hospitales y viviendas.
La búsqueda de desaparecidos y la asistencia humanitaria seguirán antes de la fase de recuperación. Al mismo tiempo, las autoridades tendrán que definir cuánto cubrirán los presupuestos públicos, los seguros y la cooperación internacional. El costo definitivo dependerá de los daños todavía no contabilizados y de las normas de seguridad que se adopten para reconstruir en las regiones de mayor riesgo sísmico.
Crónica