Luis F. Linares López
Dice Otto Pérez Molina que al MP y a la CICIG se le está cayendo el caso de la Línea 1 y que por eso sacan el tema de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal (TCQ). Me parece que es todo lo contrario y lo que está cayendo es el mundo sobre él y Roxana Baldetti, pues ya suman dos y tres procesos respectivamente. Pérez Molina declaró, a propósito del negocio de la TCQ, que si se anula el contrato se desmantelaría el puerto y la economía del país. Que se tendrían que invalidar por lo menos 22 usufructos onerosos otorgados en Puerto Quetzal. Uno de sus abogados, siguiendo con la táctica distractora y de espantar con el petate del muerto, señalo que sería un mal mensaje para los inversionistas, por la falta de certeza jurídica. Alguien tendría que explicarles que las acciones del MP y la CICIG no están dirigidas al contrato de TCB, sino que al soborno que hubo de por medio para otorgar, en fraude de ley, el usufructo. Serán juzgados, entre otros, por el delito de cohecho pasivo que traducido al buen chapín, significa recibir una mordida. Sin embargo, también hay que señalar que, si el contrato es ilegal —como tiene toda la apariencia— debe ser revocado. Una empresa o un inversionista debe saber que puede exigir certeza cuando se actúa dentro del marco de la ley.
Parafraseando aquella frase del Eclesiastés —el número de necios es infinito— se puede afirmar que durante el gobierno Patriota el número de negocios turbios fue infinito. Por ello, el MP y la CICIG tienen para largo en eso de investigar, preparar las acusaciones y presentar los casos ante los tribunales. Y así van a ir acumulando condenas, por lo que si hay justicia en esta tierra —como dicen las viejitas— ya se pueden despedir de volver a ver la luz del sol sin que se interpongan los barrotes de una reja.
A poco más de un año del destape de la Línea, conviene hacer memoria de algunos hechos que forman parte del affaire —en las dos acepciones que a este término da el Diccionario de la Lengua Española— Pérez-Baldetti. Primero, el ridículo que hizo la Universidad Católica de Daegu al otorgar un doctorado honoris causa a Baldetti. Por pura complacencia y gestiones de un allegado a la homenajeada, las autoridades de ese centro ofendieron a sus egresados y profesores.
Luego viene el error en que cayeron muchos, de limitarse a pedir la renuncia de la vicepresidente, exculpando tácitamente a Pérez Molina. Equivocadamente se concluyó que la culpable de todos los desmanes era ella y él una víctima de sus abusos y voracidad. Cuando Baldetti renuncia, Pérez Molina la defiende con una pasión digna de mejor causa. Solamente le faltó proclamar que merecía el bien de la patria.
Una vez sustituida por Maldonado Aguirre, hubo también muchas opiniones sobre la inconveniencia de que este asumiera la presidencia, habida cuenta de que en sus declaraciones de prensa parecía estar fuera de la realidad, viviendo de pasadas glorias. En esas condiciones —afirmaban los entendidos— Maldonado no garantizaba una conducción coherente del gobierno, aparte de que era necesario salvaguardar la institucionalidad. Alguien me dijo, mencionando una frase que ya en otros tiempos se volvió lugar común, que de ser necesario Pérez Molina debía ser llevado en andas hasta el 14 a las 14. En más de alguna ocasión señalé que la estabilidad no debía convertirse en un pretexto para que un gobernante corrupto fuera sometido a juicio. Que la democracia tiene como premisa la legitimidad de las autoridades y que estas la pierden cuando incurren en delitos, como sucede en Brasil a Dilma Rousseff, a quien le inician procedimiento de destitución por haber alterado datos macroeconómicos, pero un alto porcentaje de la población le niega el apoyo por los graves señalamientos de corrupción que pesan en su contra.
Cuando el CACIF dejó de presionar por la renuncia de Pérez, hubo también muchos que encontraron otro motivo para dar por buena su continuidad. Era obvio que una mayoría de sus integrantes preferían seguir apoyando a quien les había cedido la conducción de la política económica y laboral, pero había otros líderes empresariales que estaban dispuestos a unirse al clamor ciudadano. El reclamo de la población fue apaciguado por quienes interpretaron la aparición del embajador Robinson junto a Pérez Molina, cuando anunciaron el uso del polígrafo para el personal de la SAT, como una muestra de apoyo a su permanencia, pues la embajada daba prioridad a la tranquila realización de las elecciones.
Una empresa o un inversionista debe saber que puede exigir certeza cuando se actúa dentro del marco de la ley.