Plaza Mayor
No transcurrió demasiado tiempo antes de que las pandillas —o maras— lanzaran un desafío directo al gobierno del presidente Jimmy Morales con atentados terroristas y asesinatos con exacerbada violencia, los cuales han hecho recordar a los capitalinos toda la maldad que estas organizaciones criminales han provocado a partir de los años 80, cuando se instalaron en el país.
Si bien, es cierto que en las últimas dos décadas las fuerzas de seguridad han tenido importantes progresos en la lucha contra las pandillas criminales, también es cierto que se han convertido en un mal difícil de erradicar, en buena medida, porque su fortalecimiento continúa y la desarticulación de algunas de las llamadas clicas no hace más que provocar reacomodos en la conducción de cada una de ellas.
La represión de las fuerzas de seguridad se ha traducido en cientos o miles de capturas, pero, lamentablemente, el sistema penitenciario del país no ha respondido ante la necesidad de evitar que los reos continúen delinquiendo desde las cárceles. El resultado es que las pandillas crecen fuera, y sus cabecillas siguen operando desde adentro.
El atentado terrorista contra un bus en San José Pinula, con saldo de dos personas fallecidas, sumado al asesinato de un hombre y una mujer que fueron descuartizados —literalmente— en Mixco, han sido mensajes claros para las nuevas autoridades de Gobernación, y se puede interpretar, incluso, como un desafío directo.
Como es del conocimiento público, en Guatemala existen varias pandillas —no siempre tan juveniles—, que operan como estructuras criminales que participan en actividades como el sicariato, la extorsión y narcotráfico, entre las más destacadas. Se trata, eso sí, de un fenómeno complejo que, si bien, existe desde hace mucho tiempo a nivel mundial, en la región centroamericana cobró relevancia a finales del siglo XX, principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, países con alto índice de inmigración hacia Estados Unidos, en donde surgieron las primeras estructuras pandilleras y se trasladaron a nuestros países.
Por supuesto que el problema de fondo para combatir a las pandillas tiene que ver con la educación y oportunidades, dos carencias muy marcadas en Guatemala. Los expertos en el tema destacan que a las maras se suman jóvenes que se sienten abandonados por la sociedad, con profundo resentimiento, muchas veces procedentes de familias disfuncionales, con ausencia del padre y, a veces, hasta de la madre.
Ya en las pandillas, los jóvenes tienen acceso a drogas y armas, lo que facilita el paso hacia la delincuencia dentro de las estructuras.
El problema en Guatemala es que, pese a que, se han creado ciertas líneas de combate a las pandillas, no ha existido una política definida. Hay programas y proyectos que luchan por rescatar a los jóvenes de estas organizaciones criminales, pero tampoco forman parte de un plan más grande e integral.
Por no haber presentado nunca un plan de gobierno, no se sabe cual será la política y acción de la administración de Jimmy Morales para combatir este cáncer que agobia a la sociedad. Más bien, pareciera que será a partir de ahora, que se definirá la línea a seguir.
Lo que sí es importante, es que se tenga claro que combatir pandillas o maras no es tarea sencilla. En el vecino El Salvador se ha experimentado con todo: un gobierno promocionó la mano dura contra las maras, pero en el siguiente se abrió el diálogo y se habló hasta de una tregua entre las pandillas, tomando en cuenta que muchas veces la violencia que generan es por la guerra que libran por territorios a dominar.
Otras estructuras de crimen organizado, como el narcotráfico, se nutren y utilizan a las maras para sus operaciones de narcomenudeo y como fuerza de choque o sicariato. Ellas, por su parte, tienen sus propias agendas de crimen organizado.
Es un desafío gigantesco. El Gobierno tiene que enfrentarlo con inteligencia, estrategia y determinación.