Luis F. Linares López
Muchas municipalidades utilizan la frase “Tu basura es tu responsabilidad”, lo que es correcto hasta cierto punto. Los ciudadanos somos responsables de lo que hacemos y de lo que provocamos, pero en casi todas las actividades humanas hay una autoridad con competencia sobre el asunto de que se trate. Por ejemplo, en materia de tránsito buena parte de la responsabilidad recae en el que conduce, que debe utilizar un vehículo en buenas condiciones, respetar su capacidad de carga y los límites de velocidad definidos por la autoridad, entre otras. Pero hay también una gran responsabilidad de los encargados públicos en cuanto a las condiciones adecuadas de las vías, la señalización y los controles efectivos para evitar los abusos.
En el caso de la basura los primeros responsables somos también los ciudadanos. Lo primero es reducir lo más posible la cantidad de desechos que generamos, la segunda, colocarlos en recipientes adecuados. Si la autoridad recomienda la separación de los desechos, debemos cooperar, porque es necesario y conveniente para aprovecharlos o disponer finalmente de ellos. Tenemos también la obligación de no tirarlos en las vías y espacios públicos, terrenos baldíos, ríos, playas, etcétera. En ningún lugar. Pero es inevitable que en los espacios públicos aparezca basura regada, especialmente vías urbanas y parques, y aquí aparece otra tarea municipal, su recolección.
Los desechos sólidos domésticos y derivados de las actividades productivas tienen que ser recolectados para llevarlos al sitio de aprovechamiento o disposición final. Transportarla o regular el servicio de transporte de la basura es otra responsabilidad municipal. En muchos municipios de España no se cobra – o no se cobraba a finales del siglo pasado – la extracción de la basura o el alumbrado público, argumentando que para recibir esos servicios el ciudadano paga impuestos al municipio, como el que grava los bienes inmuebles.
Y viene la última etapa, la disposición final que, faltaba más, es responsabilidad municipal. Regular los sitios privados o instalar un sitio de disposición que puede ser un relleno sanitario, que es la solución más utilizada en el mundo, pero cada vez más combinada con otros medios, como el reciclaje, generación de energía, etcétera.
Lo que hemos apuntado corresponde con lo que indica el artículo 68 del Código Municipal, que incluye entre las competencias propias del municipio – con la pésima redacción que le dieron los flamantes legisladores – “la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final” – valga la redundancia.
Algunos objetan el término de propias para referirse a esas competencias, pues en el derecho administrativo se les conocen como exclusivas, que son entendidas como aquellas que una entidad pública tiene atribuida por entero. Pero, según el Diccionario de la Lengua España, propio es aquello que pertenece de manera exclusiva a alguien. Así que no hay pierde. Las municipalidades están obligadas a dar atención a todo lo relacionado con los desechos y residuos sólidos. Y, ¿con que recursos? Los municipios son instituciones autónomas y la autonomía incluye la capacidad de obtener y disponer – utilizar – de sus recursos. Así que tienen dos vías para financiarlos: con los ingresos tributarios, como el boleto de ornato y el IUISI, o mediante tasas que se cobren a los vecinos y a los involucrados en el proceso, como los recolectores.
Por otra parte, la Constitución y la legislación ordinaria no han dejado solas a las municipalidades en la tarea de obtener sus recursos. Les garantizan grandes cantidades a través del aporte constitucional y del IVA-PAZ. Lo que no hacen y deberían hacer es priorizar el uso. Destinarlos en primera instancia a la prestación de los servicios que son fundamentales para la calidad de vida, como el agua potable, drenajes, tratamiento de aguas servidas y los residuos y desechos sólidos. Dado que no lo hacen o lo hacen de manera insuficiente, tienen que funcionar los controles de legalidad. El Ministerio Público tendría que proceder contra los concejos municipales por incumplimiento de deberes. Con uno o dos a los que declaren con lugar el antejuicio sería suficiente para que se pongan en orden.
Como nadie se preocupa porque las municipalidades cumplan con sus responsabilidades, Guatemala es un enorme basurero. El lago de Amatitlán es un receptor de enormes cantidades de basura, como también lo es la cuenca del Motagua, con un impacto que llega hasta Honduras. Y se recurre a medidas simplistas e ineficientes como las bio bardas. Todo porque las municipalidades no reparan en que son los principales responsables de la basura.
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