Viven de las actividades criminales que van de la extorsión al sicariato, y su nivel de organización, armamento y tácticas de terror han ido en aumento ante la falta de políticas integrales para combatirlas. Son una amenaza a la seguridad ciudadana nacional y regional y, desde ya, han empezado a marcarle su territorio a la nueva administración.
Rodrigo Pérez y Álvaro Alay
La explosión de una bomba en el interior de un autobús de transporte público de la ruta a San José Pinula, el pasado 6 de marzo, dejó dos muertos y 14 heridos. A los tres días, se capturó a otra persona cuando intentaba hacer explotar otro artefacto en un bus de la ruta a Amatitlán.
Poco después, una alarma de bomba en el interior de una camioneta de la ruta 70 hizo que se llevara a cabo un amplio despliegue policial para evitar tragedias, al final, todo se quedó en una falsa alarma. El 14 de marzo se detectó y se desactivó un artefacto explosivo colocado en el interior de un microbús que cubre la ruta de la zona 1 capitalina a la colonia Maya en la zona 18. Sumado a ello, se han lanzado bombas incendiarias contra pequeños negocios en la zona 6 y en la colonia El Milagro, y se dejaron restos humanos cerca de la casa y de la comuna del jefe edil de Mixco.
La escalada de violencia generada en las últimas semanas por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Mara 18 (M-18), en el marco de sus actividades criminales, que ha llegado incluso a actos de terrorismo, tienen a la sociedad en estado de paranoia. Estos actos, extremadamente sanguinarios, son un claro desafío al Gobierno que lleva apenas 78 días en el poder.
El detonante de los actos violentos, en los cuatro casos que involucran al transporte público y dos a pequeños negocios, es el impago de la extorsión, una de las actividades ilícitas que más réditos da a las pandillas y que se hace sentir con más fuerza en el transporte público, pero que también abarca desde pequeñas empresas hasta tiendas de barrio. No es, sin embargo, la única actividad ilegal, ya que también se dedican al robo, la venta de drogas y el sicariato.
Tras la escalada de violencia provocada por las pandillas se han empezado a levantar voces que piden más presencia del Ejército en las calles y ha dado un nuevo impulso a la demanda de que se reactive la pena de muerte.
Desafío, temor y desestabilización
Los últimos hechos violentos y hasta terroristas llevados a cabo por las pandillas buscan, según expertos en seguridad, generar desestabilización, infundir temor, zozobra y son, sobre todo, un desafío para el nuevo Gobierno.
Lorena Escobar, analista en temas de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), afirma que los hechos violentos se podrían interpretar como un desafío para las fuerzas de seguridad y estos están investidos de impunidad porque los que los cometieron no tienen temor de ser investigados y creen que la ley no los va a alcanzar. Después de las primeras investigaciones que se realizaron y los resultados obtenidos, obviamente, vemos la participación de grupos pandilleros.
Desde el punto de vista del sociólogo Luis Mack, estos actos se pueden analizar desde varias perspectivas, una de ellas se puede catalogar como actos que tratan de tantear la capacidad de gobierno para enfrentar el problema, debido a que desde el principio se tenía una imagen de poco manejo político.
De hecho, el presidente Jimmy Morales, a través de un mensaje a la nación publicado en la página del canal de Gobierno, condenó y repudió enérgicamente estos hechos criminales ocurridos en los últimos días que ocasionaron la lamentable pérdida de vidas humanas y ciudadanos heridos. Luego, agregó: En Consejo Nacional de Seguridad ordené atender de manera inmediata estos infames crímenes, he instruido que todas las fuerzas de seguridad de investigación y operativas se enfoquen en el esclarecimiento de estos atentados.
Heinz Heimann, portavoz presidencial, indicó que la interpretación de estos hechos violentos y fuera del contexto nacional, los pueden catalogar como nuevas formas o mecanismos de violencia para tratar de intimidar a la población y, posiblemente, de enviar un mensaje a las autoridades.
Sin embargo, hace referencia de que en febrero último se redujeron los indicadores de muertes violentas y, por lo mismo, es que el crimen organizado está ideando nuevos mecanismos, porque los hemos venido cooptando. Enfatizó que se le pidió apoyo al Buró de Investigación Federal (FBI) de Estados Unidos (EE. UU.) y que debido a ello logaron dar con los responsables de estos actos violentos.
Mientras que Rodolfo Zelada, vocero del Ministerio de Gobernación, consideró que estos hechos se han registrado regularmente al inicio de cada administración gubernamental, por lo que compartió que, en este caso, hay muchas probabilidades de que estos grupos quieran hacer un tipo de desestabilización, ya sea para la cartera de Gobernación o para el Ejecutivo.
Agregó: A nivel general se implementan planes y políticas de prevención en las diferentes áreas de incidencia delictiva, que van desde actividades comunitarias de parte del Tercer Viceministerio hasta actividades de reacción que se dan cuando ocurren este tipo de hechos como la explosión de San José Pinula.
Asimismo, explica que el apoyo que está dando el FBI es en materia técnica e intercambio de información, capacitaciones para personal de investigaciones entre otras unidades, debido a la experiencia que tienen.
Génesis del problema actual
Para los expertos, las pandillas empezaron a ser un problema para la seguridad nacional a finales de la década de 1990 y, a partir de ello, su poder y peligrosidad se fue incrementando ante la ineficacia y debilidad del Estado para abordar el problema de manera integral.
Ambas pandillas —que tienen presencia en Guatemala, El Salvador y Honduras— tienen sus orígenes en la ciudad de Los Ángeles, EE. UU., y a ellas se integraron los centroamericanos que llegaron a la nación estadounidense huyendo de la guerra interna que se vivió en Centroamérica.
Tanto allá como acá, son pandillas rivales que luchan a muerte por el control de actividades ilícitas y de territorios. A finales de los años 90, estos centroamericanos involucrados en actividades delictivas en EE. UU., que en ese entonces los consideró una amenaza criminal significativa, los empezó a deportar a sus naciones de origen, entre ellas Guatemala, que se caracterizaban y se siguen caracterizando por ser Estados con instituciones débiles y corruptas.
Estos jóvenes guatemaltecos repatriados, violentos, con un alto sentido de la defensa del territorio y con una cultura de ser pandillero a tiempo completo, se insertaron en un contexto social de marginalidad, exclusión, de estigmatización y de altos índices de impunidad. Con su arribo cambiaron y modificaron la conducta de las pandillas existentes, por ese entonces, en el país y las convirtieron en organizaciones criminales sumamente violentas y dedicadas a las actividades delictivas.
Pero, además, arribaron al país tras el fin de la guerra interna —en 1996— y debido a ello tuvieron acceso ilimitado a armas y a drogas, a causa de que el país empezaba a dejar de ser un puente del narcotráfico y convertirse en consumidor.
Pero las causas del problema actual van más allá. Resulta que en vez de políticas integrales de reinserción social, lo que encontraron fue políticas de mano dura y de limpieza social, lo que los volvió más violentos.
Aunque han sido y siguen siendo perseguidos y encarcelados, la fragilidad y la corrupción imperante en el sistema penitenciario hace que los principales cabecillas sigan dirigiendo desde prisión los negocios criminales.
Organización centralizada
Con diferencias de forma, nada más, las MS-13 y la M-18 tienen una organización jerarquizada que se divide en grupos llamados clicas, cada una tiene su propio líder. El liderazgo de la organización, sin embargo, está centralizada en ambos casos.
En la MS-13 la última palabra de lo que se hace o se deja de hacer la tiene el llamado Consejo de los nueve y en la M-18 la Rueda del Barrio.
Debajo de cada líder de clica se encuentran los pandilleros que llevan las órdenes de los líderes superiores al resto de la pandilla, luego, más abajo, están sicarios y, después, los que recogen extorsiones y trafican armas.
Las dos son pandillas sanguinarias y peligrosas, dice Julia Barrera, vocera del Ministerio Público (MP), posteriormente, detalla que operan de forma diferente; el actuar de la MS-18 es más visible y no son cautelosos, en tanto que la pandilla rival MS-13, con la que luchan a muerte por el control de territorios y actividades criminales, es todo lo contrario.
En temas de extorsiones, las dos pandillas se caracterizan por utilizar mujeres para ejecutar el cobro de estos ilícitos, asimismo, se dedican a la captación de menores de edad; sin embargo, la pandilla 18 es quien más utiliza a menores, incluyendolos para actos de sicariato. Otra característica importante de ambas pandillas, es que la Salvatrucha hace inversiones de las ganancias ilícitas que obtienen, ya sea extorsiones o asesinatos, compran vehículos; por su parte, la mara 18 vive el día a día, afirma Barrera.
El año pasado, según el MP, se detuvo a 200 personas por extorsión y se desarticularon al menos 20 estructuras ligadas a este delito; aunque se aseguró que no todo se le acredita a las pandillas.
Urge estrategia contundente
Independiente de la razón por la que se estén generando estos hechos terroristas y sanguinarios en el país, sin lugar a dudas, es un reto para el presente Gobierno frenar estos actos y deducir responsabilidades; es por ello, que se deben implementar las medidas correctas orientadas con políticas integrales que conllevan un trabajo en conjunto de las diversas instituciones públicas, según expertos consultados.
En este sentido, Julio Rivera Clavería, experto en temas de seguridad, comenta que uno de los grandes problemas que existen para enfrentar el conflicto es no entender el fenómeno criminal y el trabajo policial no se cumple a cabalidad porque no se hace una buena investigación delictiva.
Posteriormente, califica a las pandillas como sádicas e indica que son una raza aparte de criminales y agrega: Las autoridades llevan varias décadas de inactividad para contrarrestar las pandillas, las cuales ya están estructuradas en una tercera o cuarta generación de pandilleros.
También considera que en los años venideros podríamos enfrentar una guerra si no se le presta la atención debida a los problemas que generan las maras en el Triangulo Norte y, por eso, es urgente considerar qué acciones se van a tomar en los meses y años venideros.
Mientras que Zoel Franco, Coordinador del Programa Privación de Libertad y Poder Punitivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), considera que ya existe una coordinación entre el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) para investigar a estos grupos criminales. No obstante, señala: Lo que no tenemos es una política seria de prevención del delito y la violencia, que son dos temas que se pueden vincular, pero no son lo mismo. Por ello, hay que empezar a trabajar en este tema.
Carmen Rosa de León Escribano, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), subraya: El Ministerio de Gobernación tiene que atacar las consecuencias de la situación de inseguridad, determinar qué es lo que se está haciendo, y las causas son educación y salud, empleo, con enfoque a la juventud. Luego, comenta que esa falta de visión se refleja en la falta de consensos para aprobar una ley de la juventud.
Deshumanización y paranoia
La violencia que se tiene en el país ha llevado a tener una sociedad acostumbrada a hechos delictivos y violentos; sin embargo, en los hechos ocurridos en las últimas semanas han llevado a la sociedad a un estado de paranoia.
Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, considera que efectivamente estos hechos están orientados a crear un ambiente de terror, pero explica que los guatemaltecos hemos generado un acostumbramiento y seguimos yendo a estudiar y a trabajar.
Sin embargo, reconoce que esta situación tiene un costo, debido a que como población nos vamos deshumanizando. Se va abriendo una espiral de violencia, se puede ver que hace 15 años no era como es ahora, ni en las formas como se desarrolla, dice Garavito.
Para Mack, este tipo de violencia puede generar diversas reacciones, como por ejemplo, acciones que se han llevado a cabo en México, donde la población hace justicia con su propia mano y esto conlleva a la pistolización y, con ello, la generación de más violencia.
Todo apunta a que en consecuencia de la falta de políticas públicas integrales, el fenómeno de la violencia generada por las pandillas se podría incrementar aún más y acentuar la ingobernabilidad. Este país ya no es gobernable, independientemente de quien llegue, si no se tiene estrategia de seguridad, concluye Garavito.
