El activista Paulo Estrada, familiar de dos desaparecidos por la Inteligencia del Ejército de Guatemala en 1984, asegura que “siguen vigentes” las estructuras que operaron el llamado “Diario Militar”, un informe castrense sobre la captura, tortura y desaparición forzada de al menos 183 opositores políticos entre 1983 y 1985.
El 20 de mayo de 1999, un documento que brindaba detalles sobre las atrocidades del ejército guatemalteco cometidas con la anuencia del Estado, fue hecho público por la investigadora del National Security Archive, Kate Doyle, quien lo recibió de una fuente anónima.
El Diario Militar es un documento oficial del Ejército de Guatemala que contiene información sobre docenas de ciudadanos guatemaltecos que fueron víctimas de la desaparición forzada.
De acuerdo con una publicación de la agencia Efe, «algunas de esas mismas prácticas se mantienen en la cotidianidad, con asesinatos continuos de líderes comunitarios indígenas, persecución a operadores de justicia o capturas ilegales, como la que sufrió en mayo pasado el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, opositor al Gobierno, exfiscal anticorrupción y exjefe del ente recaudador que históricamente más impuestos y penalizaciones ha cobrado a la élite empresarial guatemalteca».
La información detallada por las autoridades en el «Diario Militar» refleja la atrocidad del Estado frente a la contrainsurgencia durante la guerra interna, y el descubrimiento del documento dio paso al caso judicial del mismo nombre, actualmente en proceso en una corte de alto riesgo guatemalteca.
Fuerte denuncia
La agencia española entrevistó a Estrada, de 38 años, quien perdió a sus padres durante el conflicto armado interno. El activista aseguró que «los últimos tres Gobiernos han estado gente vinculada a la inteligencia militar y eso nos sigue diciendo que ellos mantienen el control y que los mismos patrones los siguen ejecutando. Son expertos en ese tema».
Estrada, quien junto a otros sobrevivientes hoy da voz a cientos de familiares de desaparecidos en aquella época, cuenta que estar sentados frente a los presuntos victimarios de sus familiares «ha sido algo que pensamos que nunca iba a pasar. Nunca creímos poder llegar a este punto. El caso ha sido, desde que salió en 1999, con mucha tensión alrededor. Es un documento que señala a estructuras muy fuertes, muy poderosas y creo que ese impacto también nos ha costado como digerir las cosas», subraya Estrada.
La detención de los exmilitares y expolicías acusados por el caso se llevó a cabo en mayo pasado con 12 capturas, incluidos Jacobo Esdras Salán Sánchez, exsubjefe del grupo de Adiestramiento de Operaciones Especiales, y el exministro de Defensa Marco Antonio González Taracena.
Juzgado de Mayor Riesgo B
El caso se encuentra en el Juzgado de Mayor Riesgo B a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, quien ya ligo a proceso judicial a seis de los implicados y decidirá este viernes si imputa a los otros seis, quienes se encuentran internados en un hospital por supuestos quebrantos de salud.
Paulo Estrada admite que al ver a los acusados en las audiencias «les querés decir de todo, pero no se trata de rebajarnos a ese nivel. Queremos probar una verdad jurídica y vamos con toda la formalidad y la objetividad del caso».